El gobierno nacional ratificó lque obligará a los consumidores de gas a pagar un plus tarifario para compensar en forma retroactiva a las compañías energéticas por el efecto de la devaluación. Lo hizo pese a la denuncia penal que un fiscal de Commodoro Py realizó contra el secretario de Energía, Javier Iguacel, las presentaciones de entidades de defensa de los consumidores, y el impulso de la oposición a una sesión parlamentaria para rechazarla medida.
Luego de aumentar las tarifas un 35 por ciento, que en realidad saltan por encima del 50 por ciento para el caso de las categorías más bajas, el gobierno dispuso que los usuarios paguen un extra para compensar la diferencia generada por el brutal salto del tipo de cambio en el valor del suministro pactado entre productores y distribuidores del mercado del gas. El precio de la materia prima fue pactado a una cotización del dólar apenas por encima de 20 pesos. Como las firmas que llevan el gas hasta el domicilio cobran en pesos, aluden problemas para pagar a los proveedores. Se estima una diferencia de 10 mil millones de pesos.
Cuotas de 90 pesos
Apoyado en su interpretación de la ley marco de 1992, el secretario de Energía decidió que los usuarios se hagan cargo de esa diferencia. Dispuso para eso un plan de 24 cuotas, actualizado por la tasa activa del Banco Nación. Según dijo el funcionario en conferencia de prensa, la suma extra implicaría un pago de entre 90 y 100 pesos por mes adicional a partir de enero.
El funcionario estimó que con las tarifas de gas actualizadas el 70 por ciento de los hogares abonará, en promedio, unos 700 pesos por mes y señaló que los contratos estipulan que la compensación se debe pagar en 6 cuotas, pero como era una suma abultada decidieron hacerlo en 24.
En la misma conferencia, Iguacel, aseguró que "con todo gusto" se presentará ante la Justicia para explicar las razones por las que los usuarios deberán pagar los efectos de la devaluación.
El fiscal federal Guillermo Marijuan denunció por presunto "abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público" al secretario de Energía, Javier Iguacel.
En la denuncia, que recayó ante la juez María Servini de Cubría, el fiscal pidió una medida cautelar para suspender ese "pago extra.
"La resolución contempla un mecanismo de recupero de las diferencias diarias acumuladas correspondientes al período 1º de abril al 30 de septiembre, autorizando a las empresas distribuidoras del servicio de gas al cobro de cuotas durante el lapso de dos años a partir del 1º de enero de 2019", dijo el fiscal.
Si bien la autorización oficial apunta a que sean las distribuidoras las responsables de realizar el cobro de las 24 cuotas, las beneficiarias finales de ese dinero serán las empresas productoras de gas.
Para el fiscal, la resolución 20/2018 dictada por Iguacel la semana pasada provoca "un perjuicio al patrimonio de los consumidores".
El secretario de Energía justificó la decisión de aplicar una cuota extra a todos los usuarios en la "marcada variación del tipo de cambio" que se produjo entre abril y septiembre. Señaló que en el pasado "esa compensación se pagaba en seis cuotas, porque está en la ley y en los contratos", pero indicó que en esos casos "pasaba desapercibida porque las diferencias eran muy pequeñas".
"Los contratos y la ley dicen que los distribuidores no deben ganar ni perder, sólo son intermediarios y como no saben lo que se va a consumir, no pueden anticipar las compras", consideró.
Explicó que por la declaración de emergencia económica no se cumplía con la ley, y cuando ésta se derogó hubo que adecuar las tarifa. Aseguró que la compensación la dispone la ley del gas fr 1992, que "durante mucho tiempo se violó, porque se podía incumplir a partir de la ley de emergencia económica, pero con su derogación está tarifa plana se aplica de acuerdo a la ley".
Rechazo multisectorial
Juan Alcaraz, abogado de la Multisectorial contra los Tarifazos de Rosario, "la interpretación legal que hace el gobierno es muy maniquea, como todas las que utilizaron para avanzar contra los monumentales aumentos de tarifas que aplicaron desde que llegaron".
El letrado apostó a una "salida judicial y política" de la encerrona en la que quedaron los usuarios por los incrementos al límite de los servicios públicos. "Hoy la gente debe elegir entre comer o pagar las facturas", dijo.
Desde su punto de vista, el pago extra o es "arbitrario y de imposible pago" lo que pone a los ciudadanos "al borde de la desobediencia civil".
La oposición política anticipó que se unirá esta semana en el Congreso para impulsar una sesión especial con el objetivo de rechazar la "compensación". El Frente para la Victoria, el Frente Renovador y el bloque Justicialista definirán entre ayer y mañana una estrategia, aunque legisladores confirmaron la iniciativa.
sin piedad. El secretario de Energía, Javier Iguacel, ratificó que los usuarios deberán pagar por la devaluación.