Morosidad y crédito informal renacen al compás de la crisis

La oficina local de Defensa del Consumidor recibió 1.248 denuncias este año, el 23% pidiendo a los bancos refinanciación de deudas.
14 de octubre 2018 · 00:00hs

Mientras la deuda pública total de la Argentina trepará a fin de este año a un alarmante 87 por ciento del PBI —según el cuestionado proyecto de presupuesto 2019—crece al mismo tiempo una deuda igual de explosiva: la de los sectores bajos y medios-bajos con bancos, financieras o prestamistas barriales. La pulverización del poder adquisitivo por la devaluación, la inflación y las tasas voladoras disparan la morosidad y el uso de préstamos informales.

Como sucede habitualmente en tiempos de crisis, los gobiernos locales funcionan como un sistema de alerta temprana de la tormenta. En efecto, en la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor el reclamo a entidades financieras encabeza el ranking y representa cuatro de cada diez consultas.

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El director general del organismo, Daniel Hiayes, advierte que "cada vez más gente tiene problemas para refinanciar o pagar sus deudas con los bancos; es un problema que viene creciendo mes a mes".

Hasta el 9 de octubre el área financiera de Defensa del Consumidor había recibido 1.248 denuncias, de las cuales 287 (el 23%) son solicitudes de planes de pago.

El dato contrasta en la comparativa interanual: hasta el 2016 se asentaban en promedio sólo 10 pedidos al año, y se trataba de la categoría con menor incidencia en el rubro.

Hiayes resalta que a diferencia de años anteriores -cuando directamente ni contestaban sus pedidos-bancos y financieras leen el cambio de contexto económico y les ofrecen "planes de pago a tasa menor o a plazo mayor, según la posibilidad del cliente".

En tanto, las quejas de los consumidores exceden la financiación de las deudas. Además, los usuarios reclaman que las entidades crediticias exigen el pago de deudas prescriptas, o que les cobran seguros o servicios que nunca contrataron y fueron debitados. "A pesar de que el sistema financiero es el que más viene ganando con esta política, sigue habiendo fallas del sistema, que afectan a la gente", cuestiona Hiayes.

Salarios asfixiados

La explicación de estas tensiones es simple: con la caída de la actividad económica y salarios que corren desde atrás y le miran la espalda a la inflación las personas endeudadas no llegan a pagar sus obligaciones.

Un informe elaborado por el equipo de la diputada nacional Lucila De Ponti y el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (Ceso) refleja que en septiembre una familia de los sectores populares de Rosario necesitó 27.089 pesos para satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, vestimenta, transporte, salud y educación.

Esta cifra, calcula el estudio, representa un 21 por ciento más que en junio de este año, cuando requería 22.383 pesos. De forma interanual, la suba es del 46 por ciento: en septiembre de 2017 necesitaba 18.687 pesos.

La grieta entre ingresos y la canasta se agranda: el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) actual cubre apenas el 39,5 por ciento del costo de vida promedio de una familia. Tampoco acceden plenamente los obreros de la construcción (que perciben un sueldo promedio de 20.587 pesos), los empleados de comercio (19.003 pesos) y menos aún las empleadas de casas particulares (11.054 pesos).

La Asignación Universal por Hijo (1684 pesos), advierte el informe, apenas alcanza para las necesidades alimentarias de los niños y niñas menores de 2 años.

Sube la morosidad

La asfixia al bolsillo empieza a empujar levemente hacia arriba la morosidad. Si bien la irregularidad se mantiene en niveles históricamente bajos (3,5 por ciento del total en el caso de los créditos a las familias) la tendencia en el último año es ascendente.

De acuerdo al último Informe sobre bancos del Banco Central entre julio de 2017 y el mismo mes de este año la morosidad en los créditos personales subió de 3,2 a 4,2 por ciento; en tarjetas de crédito de 2,4 a 3,2 por ciento; en prendarios de 1,6 a 1,9 por ciento. Sólo bajó en hipotecarios (0,3 a 0,2 por ciento) pero en el marco de un frenazo generalizado de toma de préstamos por la aceleración de la inflación (ver aparte).

Con todo, los bancos ganaron sólo en julio 14.624 millones de pesos, 3,2 por ciento menos que en julio pero un 67 por ciento más con respecto a un año.

Sin embargo, el incumplimiento no afecta sólo a las financieras sino también a las prestadoras de servicios públicos. Desde la Red Nacional de Multisectoriales y asociaciones de consumidores expresaron a principios de mes su preocupación ante un inminente aumento la tarifa del gas y alertaron por alta morosidad en los pagos del servicio.

Andrea Manzi, coordinadora de la Red Nacional de Multisectoriales, planteó que "las tarifas se están haciendo impagables" y estimó que con la suba del dólar una tarifa del gas se elevaría en promedio a un monto superior a los 3 mil pesos.

Más concursos y quiebras

En tanto, las luces amarillas también titilan en los tribunales provinciales de la ciudad de Rosario. Si la cantidad de concursos y quiebras son un síntoma del estado de salud de la economía, el dato de agosto es inquietante: se sortearon 32 expedientes en el mes, de los cuales 23 corresponden a personas físicas.

El abogado Federico Tjor, integrante del Estudio Goldberg y Asociados, asegura que se trata de un número llamativo: "no hay referencia así en bastante tiempo, tenemos que ir casi 3 ó 4 años para atrás para encontrar un número equivalente".

En general, detalla Tjor, en este tipo de procesos la deuda con comercios de electrodomésticos o con tarjetas de crédito es secundaria. "La deuda principal -explica el letrado- es con entidades como mutuales de empleados, financieras, que tienen código de descuento y asfixian el salario, porque asumieron un crédito con una tasa excesiva".

Habitualmente, detalla Tjor, se trata de "empleados públicos o aquellos que no tienen un gran activo; buscan limitar el embargo dentro de la quiebra a un 20 por ciento y liberar los embargos ya sea por código de descuento o cualquier tipo de obligación que hayan asumido".

Crece el crédito informal

Con la erosión del poder adquisitivo, los individuos de los peldaños inferiores de la pirámide social recalculan y redefinen estrategias de consumo y del uso del crédito. El sociólogo Ariel Wilkis destaca que "con el deterioro de la situación económica crece el uso de mecanismos informales, como el fiado en los comercios de cercanía, préstamos intra familiares, con prestamistas barriales e incluso con sus patrones en el caso de las personas que tienen alguna relación informal, como las empleadas domésticas".

En su opinión, este proceso implica "un retroceso de los instrumentos más formales, como tarjetas de créditos bancarias o no bancarias, que habían crecido muchísimo durante el kirchnerismo".

Con su política de neoliberalismo con gasto social, el macrismo utilizó el engranaje de seguridad social que construyó el kirchnerismo para inyectar recursos financieros en el territorio, sobre todo en el proceso electoral del año pasado.

Se trata de una política agresiva de créditos para beneficiarios de programas sociales que el economista y periodista Alejandro Bercovich caracterizó como "el chori financiero".

El Centro de Economía Política Argentina (Cepa) relevó que a diciembre de 2017 la Ansés había entregado 94.016 millones de pesos en créditos Argenta a casi 3 millones de personas.

El mayor porcentaje de titulares endeudados se observa entre los beneficiarios de la AUH (60 por ciento), personas que perciben pensiones no contributivas (42 por ciento) y las personas que cobran la pensión universal para el adulto mayor (41 por ciento).

Si bien el costo financiero total de los préstamos de la Ansés es sensiblemente menor a los de las entidades que otorgan dinero a sola firma (44% contra 217 por ciento en el caso de créditos a jubilados) y permite el acceso al crédito a los sectores más vulnerables, la masificación de este instrumento también presenta puntos oscursos.

El economista Rubén Lo Vuolo, asesor de Elisa Carrió cuando la actual dirigente de Cambiemos se ubicaba en el centro izquierda del espectro político, declaró en una nota de Bercovich para la revista Crisis que el gobierno "está creando un negocio financiero y un esquema redistributivo dentro de la clase trabajadora, porque los fondos acumulados por aportes y contribuciones de los empleados formales se invierten para extraer rentabilidad financiera de grupos laborales más precarizados".

Y agregó: "Este avance de las finanzas estaba concentrado hasta ahora en los segmentos de trabajadores con mejores ingresos, mediante las pensiones y servicios de salud. También con las ART. Pero ahora la cosa viene por el lado de los pobres. Con el eufemismo de la 'inclusión financiera', convierten a los beneficios sociales en garantías colaterales de los préstamos".

Lo peor está por venir

En esta coyuntura crítica, desde la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor aconsejan a las personas sobrendeudadas "tratar de negociar un plan de pago y dejar de usar la tarjeta de crédito por un tiempo, porque sino sigue creciendo".

"Tenemos casos de gente que renegocia su saldo mensual -alerta Hiayes- y llegan acá con el problema de que deben 150 mil pesos. A veces no se puede porque la gente paga en cuotas en el supermercado, pero hay que tener en cuenta que la tasa no está regulada y hay bancos con tasas de 200, 250 por ciento".

Wilkis analiza otra faceta del endeudamiento de los sectores populares, vinculada a la subjetividad. De acuerdo al sociólogo, en las clases bajas se ha ido imponiendo una "ética de la responsabilidad" para afrontar los compromisos financieros. En épocas de asfixia presupuestaria, indica Wilkis, las familias adoptarán seguramente una "ética de la responsabilidad más pragmática". Esto implica "arbitrar qué deuda pagar y cuál no; probablemente a favor del negocio del barrio frente a la cadena comercial o el negocio donde compran zapatillas". "Esto que en un contexto no tan dramático existe, ahora aparece como urgente", sostiene.

Y el contexto se deteriorará aún más. Según el propio proyecto oficial de presupuesto en 2019 -que tiene como casi único objetivo llegar al déficit primario cero prometido al Fondo- se ajustará el gasto público, el PBI caerá 0,5 por ciento, y el consumo se reducirá 1,9 por ciento del producto.

El interrogante es cómo impactará este agravamiento de la situación económica en territorios que prenden fácil y rápido a las chispas.

Wilkis subraya que ahora, a diferencia del 2001, "está la AUH de por medio, el gobierno tiene circuitos de circulación de dinero que le permite si tiene la voluntad política de hacer llegar recursos monetarios a los barrios".

"Eso en el 2001 no existía, con el corralito se secó la economía informal ya que no había dinero para changas", explica.

En 2018 el segmento más apretado es la clase media-baja, que no cuenta con amortiguadores para enfrentar el golpe.

"Si son empleados estatales o del sector privado con posibilidad de despido, mucho peor; el impacto en ese sector es heterogéneo", observa Wilkis.

Hipotecarios: primavera corta

Si la principal innovación del gobierno en materia de crédito fue el lanzamiento de los préstamos UVA para que familias de clase media accedan a la vivienda propia, se trató en palabras del sociólogo Ariel Wilkis de una "primavera corta".

Efectivamente, después del récord de 13 mil millones de pesos en créditos entregados en abril en junio cayó a 5 mil millones, valor donde se mantiene relativamente estable desde entonces.

En ese tiempo pasaron cosas: la inflación se aceleró, los pesos que entregan los bancos por la equivalencia en UVAs representan por la devaluación cada vez menos dólares -moneda de referencia en el sector inmobiliario- y se elevó el piso de ingresos requerido para calificar.

Ese endurecimiento de las condiciones crediticias pegó de lleno en el mercado. Según las estadísticas del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires las escrituras de compraventa de inmuebles cayeron un 24,5 por ciento interanual. En Rosario, estiman desde el sector inmobiliario, el escenario también es declinante: un 15 por ciento.

Para Ariel D'Orazio, coordinador del Consejo Asesor para la Defensa de la Vivienda Única, Inquilinos y Pymes, que funciona dentro de la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor, "el crédito hipotecario se ha descalzado, es inviable".

"Con la cuota que puede pagar el trabajador y los valores del inmueble es imposible tener un producto financiero que pueda hacer frente a un departamento de 2 dormitorios -argumenta-, tenemos que hablar de 100 mil dólares, son 4 millones de pesos".

De acuerdo a sus cálculos, la brecha entre el ingreso promedio de una persona que trabaja y una unidad de 2 dormitorios "es la más grande de la historia, entre 150 y 200 salarios".

En este escenario, D'Orazio destaca una situación particularmente compleja que atraviesa el mercado: personas que señaron un inmueble antes de la corrida cambiaria y no tenían -o no tienen- todavía otorgado el crédito. Las alternativas son tres: salir a tomar otro crédito, compartir la diferencia con el vendedor o perder la seña, que en algunos casos puede llegar hasta los 100 mil pesos.

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