El presidente Javier Milei hablará este miércoles en cadena nacional para explicar los alcances del decreto de necesidad y urgencia de desregulación de la economía, que contendría 600 artículos.
El presidente de la Nación, Javier Milei, confirmó que hablará este miércoles por cadena nacional.
El presidente Javier Milei hablará este miércoles en cadena nacional para explicar los alcances del decreto de necesidad y urgencia de desregulación de la economía, que contendría 600 artículos.
El sábado pasado, el ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, confirmó la implementación de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con el objetivo de “desregular la economía”: “La semana que viene va a ser una semana de novedades normativas”.
Se estima que la nueva norma seguirá el camino que viene llevando adelante el gobierno de transferencia de ingresos desde los sectores trabajadores a los de propietarios. En ese sentido, podría incluir novedades en el ámbito de los alquileres y la normativa laboral, entre otros.
Las medidas adoptadas hasta ahora, según el Centro de Economía Política Argentina (Cepa) analizó el contenido de las medidas concretadas, sólo marginalmente afectan a la casta política. El 0,0014% del PBI, equivalente a un ahorro anual de $ 3.200 millones correspondiente a la reducción de 8 ministerios, 50 secretarias y 42 subsecretarias”, señala.
De los 5,4 puntos de PBI de recorte fiscal anunciado, 2,35 puntos (43,5% del total) serían costeados por los trabajadores activos, por distintas vías. Entre ellas, la reversión de la eliminación del impuesto a las ganancias a la cuarta categoría, el recorte a las transferencias a las provincias que afectaría partidas del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), la suba de tarifas y de transporte, el congelamiento de los planes Potenciar Trabajo, la destrucción de puestos de trabajo de la obra pública, y la afectación a trabajadores/as estatales por recortes en gastos de funcionamiento.
Luego, las y los trabajadores pasivos asumirían el peso de 0,5% del recorte, a partir de la suspensión de la formula jubilatoria, si eventualmente se aprobara en el Congreso, o a través del recorte o congelamiento de los bonos que licuarían este rubro del gasto previsional, que como hemos adelantado, es el 60% del gasto. El ajuste a los pasivos significará el 9,3% del total, señalan desde Cepa.
Las pymes, en tercer lugar, se verían afectadas por la suba del impuesto País a la importación de bienes (de 7,5% a 17,5%), lo cual les incrementa el costo de la importación de insumos a un dólar de $ 940. “En suma, el 67% del ajuste lo pagarían los trabajadores y trabajadoras activos, pasivos y pymes”, advierten desde Cepa.
El centro de estudios señaló que la combinación de las políticas anunciadas requieren un análisis para determinar quiénes son los ganadores y perdedores de las mismas. A continuación, se describen los principales puntos que ilustran una distribución regresiva del ingreso. Aquellos que perciben ingresos en dólares son, en toda suba del tipo de cambio, los principales beneficiarios. El ejemplo más claro refiere a los exportadores de soja, que mejoran 30% su rentabilidad. También, aquellas firmas con stockeo de insumos en dólares.
Según el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (Ipypp), que conduce Claudio Lozano, el escenario recesivo “es el verdadero ancla antiinflacionario que planea el gobierno más relevante, incluso, que la meta del equilibrio fiscal que en todo caso estará subordinada a los compromisos de pago de deuda”.
El estudio elaboró los principales rasgos del plan: “Devaluación y nuevo esquema cambiario (mayores ganancias para el bloque exportador y sesgo desindustrializador), confusiones de Caputo en torno a la inflación, el déficit fiscal y la deuda pública, inflación y tarifas (el deterioro de los ingresos, salarios y jubilaciones como ancla de la hiperinflación), ajuste fiscal (licuación de las partidas del gasto público para la población y más presupuesto para los acreedores) y un Banco Central dependiente y funcional a la política regresiva (licuación de depósitos en pesos y estatización de la deuda en dólares de los importadores)”, señaló.
El informe advirtió, además, que en el marco de la complejidad de la economía Argentina, “a pesar de un significativo hundimiento de los ingresos de la población, la capacidad de los principales oligopolios de remarcar precios por encima de la tasa de devaluación terminará por retrasar el tipo de cambio y exigir una nueva devaluación en marzo 2024, cuando se tenga que liquidar el grueso de la cosecha”.
“Esto no debería causar asombro si las tasas mensuales de inflación a partir de ahora se pronostican entre el 25% y 40% mientras el ritmo de devaluación quedó en un 2% por mes”, señala el estudio.
Para entender que esto puede fallar, la Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC) difundió su medición de las cuentas públicas en once meses del año. El gasto total (primario y deuda) cayó 4,1% y el déficit financiero 7,6% interanual. El rojo primario bajó 13,7%. Y sin embargo, la inflación escaló.
Por Martín Stoianovich
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