El Supa y Terminal Puerto Rosario acordaron finalizar el conflicto en el puerto. Pero no todos quedaron conformes.
Luego de que el gobierno nacional dictara la conciliación obligatoria, los estibadores del puerto de Rosario quisieron entrar ayer al puerto a cumplir con sus tareas y no pudieron. Se encontraron con los molinetes inhabilitados y con la negativa de la concesionaria TPR a dejarlos entrar. Así, las cosas, cuando parecía que el conflicto laboral más crítico de la región comenzada a distenderse, volvió a presentarse un escenario de tensión.
El secretario general del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (Supa), César Aybar, se mostró confundido con la decisión de la empresa, que consideró como un lock out patronal. “Están violando la conciliación obligatoria, la empresa dijo que no iban a operar hasta el martes, cuando hay una nueva reunión en el Ministerio de Trabajo de la Nación en Buenos Aires”, dijo.
El miércoles por la noche, el Ministerio de Trabajo de la Nación dictó una nueva conciliación obligatoria en el conflicto laboral del puerto de Rosario y extendió así la negociación entre la concesionaria Terminal Puerto Rosario y el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (Supa) para llegar a un acuerdo definitivo. En términos técnicos, la medida obliga a reincorporar a los trabajadores de la terminal mientras dure este paraguas y a los trabajadores a retomar las tareas.
La cartera laboral tomó la decisión al cabo de una extensa audiencia en Buenos Aires. Intentaban destrabar el conflicto iniciado hace unos veinte días, cuando la empresa avanzó con despidos y descuentos salariales.
Ayer al mediodía, los estibadores realizaron una asamblea y decidieron ingresar a trabajar. “Los trabajadores habían decidido trabajar para darle el servicio a los clientes porque la empresa siempre dijo que el puerto tenía que estar en funcionamiento, pero se encontraron las puertas cerradas, realmente no entendemos”, dijo Aybar.
Así, cientos de estibadores del puerto que pasaron la Nochebuena sin cobrar y en medio de un conflicto, volverían a pasar en esas condiciones el fin de año.
El sindicato denunció desde el inicio del conflicto que la decisión de la empresa de despedir personal y descontar salarios obedece a la estrategia de plantarle un conflicto al gobernador Omar Perotti para que le extiende la concesión y no le exija el cumplimiento de los compromisos de inversión.
El Supa denunció que la firma acumula “múltiples irregularidades e incumplimientos, desidia y falta de inversión”. De hecho, el ente regulador apercibió en más de una oportunidad a la empresa.
“No puede ser que todos los santafesinos sigamos rehenes de la empresa Vicentin, con todos los delitos que cometió y sigue cometiendo”, dijo Aybar en reiteradas oportunidades.
Por Pablo R. Procopio
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