El modelo de desarrollo neoextractivista adoptado por los gobiernos de centroizquierda sudamericanos —que se expresa en Argentina sobre todo a través del monocultivo de la soja y de los megaemprendimientos mineros— empieza a chocar, de manera cada vez más visible, contra límites ambientales y sociales.
Durante los últimos diez años los conflictos ambientales en “los territorios”, o sea por fuera de los grandes centros urbanos (en Esquel, Famatina o Gualeguaychú, por ejemplo en el país) se han convertido en las nuevas luchas por los recursos.
En la región pampeana, esa tensión creciente entre un proyecto de desarrollo atado a la explotación de los recursos naturales y el deterioro de la calidad de vida de las poblaciones locales adoptó al menos dos formas: la primera es la denuncia y resistencia a los “efectos colaterales” del monopolio sojero en el uso del territorio, motorizada sobre todo por las denuncias cada vez más frecuentes respecto a los efectos nocivos sobre la salud de las fumigaciones con agrotóxicos.
La segunda, muy atada a la ciudad de Rosario, tiene que ver con la utilización de los humedales (las islas del Paraná) para ganadería o agricultura industrial, un fenómeno al que llevó el corrimiento hasta extremos nunca antes alcanzados de la frontera agropecuaria pampeana a raíz del boom sojero.
Esta realidad adopta formas parecidas en casi todos los países sudamericanos, desde siempre muy dependientes de su extraordinaria naturaleza como trampolín para crecer y acceder al mercado internacional.
La reprimarización de las economías es un rasgo que comparten la mayoría de las naciones de la región: la soja en el Cono Sur (Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil); la minería en la línea andina (Chile, Bolivia, Perú), y el petróleo en países como Venezuela y Ecuador son ejemplos de esto.
A este modelo de desarrollo el investigador Eduardo Gudynas, de Clacso Montevideo, lo llama “Estados compensadores”, entendiendo por esto a los gobiernos que por un lado se alinean con prácticas capitalistas clásicas del modelo extractivista a las que “suavizan” o mejoran con políticas redistributivas de la renta ausentes durante las décadas anteriores.
Las ambiguedades del modelo también empiezan a ser cada vez más puestas en evidencia desde las universidades públicas, cuyas facultades de medicina y ciencias agrarias (al menos en el caso de la UNR) alertan de los efectos sobre la salud de las prácticas agrícolas que rigen en la región.
Eso se debatió durante las últimas jornadas de salud socioambiental organizadas por la cátedra que lleva ese nombre de la facultad de medicina rosarina.
Neoextractivismo. La última década de la economía mundial estuvo marcada por la crisis de los países centrales y el auge de los emergentes, que con China a la cabeza son los grandes demandantes de las materias primas que produce Sudamérica.
Esa situación generó, según Gudynas, reformulaciones en las estrategias de desarrollo que a su vez cambiaron la conformación de los Estados.
“Es impactante advertir que se apuesta al crecimiento económico mediado por exportaciones e inversiones y se observa que la nueva izquierda gobernante ha aceptado ser reformadora dentro del capitalismo”, afirma el investigador.
El extractivismo se caracteriza por la explotación de grandes volúmenes de recursos naturales, que se exportan como commodities y dependen de economías de enclave que pueden estar localizadas, como los campos petroleros o las minas, o bien ser espacialmente extendidas, como el monocultivo de soja.
En este neoextractivismo, los Estados juegan un papel mucho más activo que en el extractivismo clásico, sea por una participación directa (empresas estatales) o por medios indirectos (asistencias financieras, subsidios, apoyos en infraestructura). “Se mantiene así una inserción internacional subordinada a la globalización, en la que los países siguen siendo tomadores de precios, no coordinan entre sí la comercialización de sus productos y defienden la liberalización del comercio global”, dice Gudynas.
Este estilo tiene fuertes efectos territoriales: se mantiene o acentúa la fragmentación que implica la existencia de sitios de explotación directamente vinculados a la globalización, mientras extensas zonas permanecen desatendidas. Aparecen también fuertes impactos ambientales y sociales: “Los problemas por contaminación, pérdida de biodiversidad y otros efectos ambientales persisten, y en algunos casos se agravan”.
Todo esto hace que las resistencias sociales, y en varios casos las protestas ciudadanas contra el extractivismo, estén presentes, con distinta intensidad, en todos los países con gobiernos progresistas: “Las protestas ciudadanas están proliferando y el extractivismo está chocando contra un límite democrático”, afirma el académico.
“Hoy los conflictos ambientales son conflictos por los recursos”, sintetizó Fernando Tomasina, el decano de la facultad de medicina de la Universidad de la República de Uruguay.
La novedad respecto a los extractivismos clásicos es que en este “neoextractivismo progresista” el Estado capta mayores proporciones del excedente generado para direccionarlo a la lucha contra la pobreza.
“El Estado progresista busca lograr delicados equilibrios entre sus concesiones al capital y la necesidad de regularlo, entre alentar el extractivismo y amortiguar sus impactos sociales”, afirma Gudynas.
Se conforma así un “Estado compensador” que busca cierto equilibrio social a través de las compensaciones económicas. “Son equilibrios dinámicos, también inestables e incluso riesgosos, ya que buena parte de los ingresos dependen de flujos de exportación de materias primas cuyo precio o demanda esos gobiernos no controlan. En algunos casos el equilibrio se rompe, y el Estado debe recomponer las relaciones bajo nuevas condiciones o incluso debe apelar a una relegitimación”.
Por Tomás Barrandeguy
Por Facundo Borrego