Celina Mutti Lovera
Las diferentes agrupaciones que velan por los derechos de los inquilinos en Rosario y la provincia pintaron un panorama sombrío en caso de que el Ejecutivo nacional avance en la derogación de la ley de alquileres sancionada en 2020. El dato surgió a partir de trascendidos en medios de Capital Federal, de alcance nacional, producto de un almuerzo que mantuvieron el ministro de Economía, Sergio Massa y el presidente, Alberto Fernández, luego de su gira por Estados Unidos.
Mientras se aguarda por la confirmación en el Boletín Oficial, hay declaraciones más que elocuentes que confirman esa versión. En noviembre pasado, Massa, por entonces presidente de la Cámara de Diputados, había anunciado la necesidad de lanzar una nueva normativa con modificaciones sustanciales a la vigente, mientras que el jefe de Estado había hecho alusión a la coyuntura en la apertura de sesiones del año pasado, cuando aseguró que era necesario avanzar con cambios.
“Si la ley se suspende, no habrá marco regulatorio. Es decir, se podrán firmar contratos por uno mes o dos meses, con aumentos mensuales, cobrando de depósito lo que quieran”, sostuvo en declaraciones a La Capital el referente de la Asocación Inquilinos Agrupados Rosario y responsable de la delegación santafesina de la Federación de Inquilinos Nacional (FIN), Sebastián Artola, para insistir en que “suspender la ley no es la solución a la realidad que padecen los inquilinos, por el contrario, provocaría un vacío legal que agravará la ya difícil situación que se atraviesa”.
A su turno, Emmanuel Canelli, de la Asociación Inquilinos de Rosario (AIR), sostuvo: "Consideramos que la derogación de la ley representaría una incertidumbre total hacia quienes alquilamos y creemos que esta situación actual de generar un anuncio sin confirmación terminaría en una inestabilidad total para lo que es la política de un gobierno".
En ese sentido, planteó: “Vemos a la ley de alquileres como un punto de largada y no de llegada (en alusión al camino que le quedaría por recorrer), más allá de que reconocemos que hay cuestiones por corregir. Por eso necesitamos saber por qué terminan tomando esta decisión y los motivos por los cuales consideran que representará una mejora en el mercado del inmueble”.
Respecto a los rumores que giran en torno a la caducidad de la normativa sancionada en junio de 2020, el militante y politólogo rosarino opinó: “No por casualidad, empezó a circular ayer, después de la gira del presidente y Massa por EE. UU y un nuevo apriete del FMI para recortar subsidios a las tarifas, a lo que ellos llaman ‘gastos sociales’ y el pedido de achicar el acceso a la moratoria previsional aprobada hace pocas semanas en el Congreso”.
“Sería una ausencia del Estado ante una situación muy compleja como la que vienen atravesando los inquilinos”, comentó Canelli respecto a los fuertes rumores que señalan el fin de la ley sancionada en 2020. Y añadió: “Por el momento son trascendidos, pero dejar atado a la inflación la vivienda de una familia nos resulta por demás de complejo”.
Para Artola, el problema para los inquilinos es claro y contundente a la hora de desembolsar esa cantidad de dinero en medio de un contexto de inflación altísima e ingresos magros, sumado a la especulación inmobiliaria en un mercado cada vez más globalizado.
"El mercado se concentra cada vez más, está dolarizado y piensa la vivienda como negocio, sin ningún tipo de control y regulación por parte del Estado, haciendo inaccesible la vivienda en nuestro país”, apuntó.
“En vez de discutir cómo regular el precio de los alquileres, qué hacer con la cantidad creciente de vivienda vacías o cómo avanzar hacia una política integral de vivienda que proteja a los inquilinos, como se está haciendo en las principales ciudades del mundo, se pretende dejar todo en manos del mercado, para que hagan lo que quieran y que los inquilinos se las arreglen como puedan o terminen en la calle”, planteó.
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De suspenderse la ley, sostuvo que el gobierno nacional estaría más cerca de la propuesta de un sector de la oposición. “Es terminar haciendo lo que propuso Juntos por el Cambio el año pasado en el Congreso; es decir, contratos cortos, aumentos trimestrales y precios definidos de manera unilateral por el mercado por arriba de la inflación”, enfatizó.
“Sería una irresponsabilidad total que se tome esta decisión, con consecuencias críticas para todos los inquilinos”, concluyó. A propósito, Canelli agregó: “Esperemos que la salida sea tal como pospuso el oficialismo en su proyecto, que consiste en beneficios fiscales para que el propietario ponga la vivienda en alquiler porque, de lo contrario, si prospera el proyecto de Juntos por el Cambio, de aumentos trimestrales atados a la inflación, vamos a estar en un serio problema”.
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