Llega el verano, pero la única ola que baña a cientos de trabajadores de Rosario y la provincia es la de despidos. A pesar del rebote de la actividad económica, luego de la crisis de 2016, el mundo del trabajo regional cambió de año con diversos focos de tensión. Se multiplican las cesantías y los pedidos de procedimientos preventivos de crisis aumentaron un 25 por ciento en doce meses.
Como a fines de 2015, el Estado nacional inclina la cancha y envía señales a los privados. En aquel entonces, el secretario de Empleo de la Nación, Miguel Angel Ponte, sintetizó la doctrina oficial: "La posibilidad de entrada y salida del mundo laboral es una esencia del sistema. Como en el organismo lo es comer y descomer".
Los despidos en Fábrica Militar Fray Luis Beltrán condensan el clima de época. El jueves 21, a sólo tres días de Nochebuena, 35 trabajadores contratados fueron despedidos.
Era el desenlace esperado: desde el viernes 15 la planta estaba literalmente ocupada por el Grupo Albatros, de Prefectura. Es la misma fuerza que intervino en la represión en la comunidad mapuche de la localidad rionegrina de Villa Mascardi, donde murió por un tiro por la espalda el joven Rafael Nahuel. Alberto Labudia, obrero y militante de ATE, dijo al periódico sanlorencino Síntesis que los tomó "por sorpresa que la fábrica fuera invadida por Prefectura" y reconoció: "Es un hecho inédito en los 44 años de servicio, ni siquiera durante el Proceso he visto algo así".
Los despidos en Fray Luis Beltrán se enmarcan en un ajuste aún mayor, que afecta también las plantas cordobesas de Villa María y Río Tercero y la sede central. Los recortes tuvieron el camino bastante allanado por la precarización extendida en el ámbito estatal: de los 434 trabajadores de Fábrica Militar de Beltrán sólo 60 pertenecen a planta permanente; el resto están contratados bajo un régimen especial que normalmente puede extenderse por muchos años.
La poda de personal excede el ámbito de fabricaciones militares: desde ATE Nacional denuncian que entre diciembre y principios de enero se efectivizaron 1.200 despidos en los ministerios de Defensa, Energía, Modernización, Cultura, además del Enacom, Senasa, Jefatura de Gabinete, Presidencia, Inca. Ansés y en el sistema de estatal de medios de comunicación.
Los estatales desmienten la inviabilidad de Fábrica Militar. El secretario general de ATE Rosario, Raúl Daz, denuncia que "si los números no cierran es porque están transfiriendo recursos para pagar deuda y financiar la fuga de capitales".
Hace unas semanas, Labudia denunció un vaciamiento sistemático en la compra de los insumos necesarios para proveer a las fuerzas de seguridad de todas las provincias. Incluso, recordó que una semana atrás firmaron un convenio por 26 millones de pesos con el ministro de Seguridad de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.
Ante esta situación, desde ATE junto a otros sindicatos de la zona norte del cordón industrial, lanzaron un cronograma de protestas. El jueves pasado hubo un paro nacional del gremio.
En el sector privado, la principal alerta se enciende en Firmat. Con el argumento de una caída en las ventas, la fábrica de cosechadoras Vassalli _la principal empleadora de la ciudad_ envió telegramas de despido a 52 trabajadores entre las fiestas. En la UOM evalúan que la crisis no es sectorial sino de gestión.
La conciliación obligatoria dictada sobre el filo congela los despidos y retrotrae la situación al estado previo al envío de los telegramas, pero desde la UOM leen este impasse "con mucha precaución". El abogado del gremio metalúrgico, Pablo Cerra, adelantó que si la empresa incumple su compromiso "va a ser una bomba, habrá una medida gremial durísima".
Antes de Fábrica Militar Fray Luis Beltrán y Vassalli, el conflicto más resonante del segundo semestre se había desatado en la planta de Unilever de Villa Gobernador Gálvez. Para los referentes del sindicato del sector los 65 despidos -comunicados al día siguiente del triunfo electoral de Cambiemos- tampoco respondían a problemas económicos o financieros de la empresa. De hecho, según el ranking que elabora todos los años la Revista Mercado en 2016 Unilever se ubicó en el puesto 43 de las empresas que más venden y facturó por 24.400 millones de pesos.
Para Matías Rodríguez, secretario general del sindicato de jaboneros, la empresa busca "producir lo mismo con la misma cantidad de gente".
La lucha por las reincorporaciones les dejó un sabor agridulce. Si bien consideran que como sindicato "hicieron todo lo posible" para que los despedidos regresaran al trabajo, los obreros cesanteados aceptaron el ofrecimiento empresario: habría doble indemnización, pero sólo si la aceptaban antes que terminara la conciliación obligatoria. Por esto, el gremio denuncia que son "despidos encubiertos".
Ahora, sostiene Rodríguez, el sindicato se planteó como tarea "vigilar que no se recargue el trabajo" de los obreros que quedaron en la fábrica y espera que la avanzada de despidos se haya detenido. De todas maneras, reconoce el gremialista, "el contexto favorece a las grandes empresas".
En General Motors se vivió una situación similar. A principios de marzo, la empresa suspendió a 350 empleados. El mismo argumento: una baja en la producción. Transcurridos nueve meses de conflicto, precisa el secretario general de Smata Rosario, Marcelo Barros, "entre 280 y 290 obreros aceptaron los retiros voluntarios, unos 50 volvieron a trabajar y de los 23 que quedaron afuera unos 15 regresarán a su puesto".
Consultado sobre si la empresa les comunicó sobre nuevas suspensiones o despidos a comienzos de año, Barros responde que "hasta ahora no hay problemas, pero en este país nunca se sabe". ╠ Por motivos de escala, la debacle de la metalúrgica rosarina Modelar tiene menor impacto en el entramado productivo de la región pero no por eso resulta menos dramática. A mediados de octubre los 9 empleados de la matricera se encontraron con que la planta de barrio Arroyito estaba cerrada y se habían quedado sin trabajo.
Realizaron dos audiencias en el Ministerio de Trabajo, y en la segunda ya pidieron a la UOM y a la cartera laboral que no intervinieran más. Ante el impacto emocional y el gasto que implicaba sostener el reclamo prefierieron desistir y salir a hacer changas.
En San Lorenzo, la empresa de biocombustible Bravo Energy bajó la persiana en agosto y despidió a sus 35 trabajadores. En ese entonces, relató el secretario general de Sindicato de Petróleo, Gas y Biocombustible Santa Fe Sur, Rubén Pérez, la empresa debía a los obreros los salarios de julio y parte de junio; a la obra social, tres años y medio de aporte, y a la Municipalidad de San Lorenzo 7,5 millones de pesos. También adeudaban 100 mil dólares de gas.
No obstante, como resultado del reclamo del sindicato y tras una audiencia en el ministerio de Trabajo de la provincia, a fines de septiembre Bravo Energy reinició sus actividades. Ahora opera con 18 trabajadores; el resto recibió una indemnización que según describió Pérez es inferior a lo que les correspondía.
A pesar de la reactivación, reconoce el gremialista, la situación es muy endeble. "No están procesando, compran aceite usado y lo venden", señala, y adelanta que la posible venta de la empresa -prevista para febrero- podría postergarse para mayo.
Una de las mayores alarmas del cordón industrial norte está puesta en la petrolera Oil. Con el cambio de viento político y el reclamo de la AFIP de una deuda de 8 mil millones de pesos por el impuesto a los combustibles la posición de poder del grupo Indalo -y su titular, Cristóbal López- se desmoronó como un castillo de cartas.
El poder judicial de la Capital Federal mantenía frenada la venta de Indalo al Grupo Ceibo, liderado por el financista Andrés Rosner, por lo que la situación financiera del holding resultaba cada vez más asfixiante y las 400 fuentes laborales de la refinería de San Lorenzo pendían de un hilo. Pero tras el cambio de año llegó la noticia esperada: la Cámara Comercial porteña autorizó la apertura del concurso de y la situación tendería a normalizarse.
De todas maneras, desde el sindicato siguen la trama judicial con cierta distancia. La posición del gremio, sostiene Pérez, es limitarse a lo que sucede en la fábrica. Allí, asegura el dirigente, la situación está calma: "La empresa pagó los sueldos de diciembre y el aguinaldo, y también los aportes", indica.
Donde no hay tranquilidad es en la comuna de Díaz, en el departamento San Jerónimo. Allí la láctea La Mucca -integrante del grupo francés Lactalis- avanzó con la reducción de su plantilla de personal y anunció el despido de 25 de sus 91 empleados.
El Estado y la crisis
La proliferación de conflictos repercutió en el aparato estatal de la provincia y activó distintas respuestas. Por caso, hasta noviembre del año pasado se solicitaron ante el Ministerio de Trabajo de Santa Fe 197 procedimientos preventivos de crisis, de los cuales en 159 se alcanzaron acuerdos entre las partes. Esto implica un crecimiento de un 25 por ciento con respecto al mismo período de 2016, cuando se solicitaron 157.
También aumentó este año la cantidad de trabajadores afectados: 15.300 en 2017 y 12.700 en 2016.
El ministro de Trabajo de la provincia, Julio Genesini, destacó que "se ha ido logrando una mecánica de trabajo con sindicatos y empleadores" y que "en general se logran soluciones que permiten evitar los despidos". A diferencia de 2016, subrayó el ministro, el año pasado se registraron menos suspensioneso.
El titular de la cartera laboral evalúa que la escalada de procedimientose crisis se vincula con circunstancias sectoriales y de empresas. Pero también refleja tendencias macro: "Estamos en un escenario económico que no está definitivamente acomodado, con altas tasas, importaciones y suba de tarifas", indicó.
De acuerdo a los datos del Ministerio, metalurgia, frigoríficos, calzado, construcción y muebles concentran la mayor cantidad de procedimientos. "Donde más se nota el fenómeno es en la industria de producción de bienes durables", describe Genesini, y explica: "Son los que más sufren la caída de la demanda".
Esa concentración también es geográfica: el sur provincial -representa el 81 por ciento de los procedimientos preventivos de crisis. Están afectados 12.600 trabajadores, contra los 10.050 del año pasado.
En tanto, Genesini reivindica el trabajo conjunto con el Ministerio de Producción provincial y se diferencia del abordaje del Estado central. "En el gobierno nacional hubo situaciones dispares; recién ahora se reactivó la concesión de Repro, a octubre menos de un centenar de trabajadores eran beneficiarios de este programa", grafica el ministro.
La Legislatura provincial se hizo eco de esta conflictiviad. De acuerdo al Observatorio Legislativo del Frente Social y Popular entre marzo y octubre la actividad legislativa en torno a conflictos laborales creció un 55 por ciento en un año: en 2016 se presentaron 52 proyectos vinculados a esta problemática y 81 en 2017.
De esos 28 fueron elaborados por Carlos del Frade, diputado provincial del FSP. En sus dos años de mandato el periodista presentó 507 proyectos y más de 150 pedidos de informes, la mayoría relacionados con la cuestión laboral.
Para del Frade se repite la matriz de los años 90, basada en el endeudamiento externo y la decisión de "empresas medianas y grandes de echar mano a los despidos para mantener y aumentar la tasa de ganancia".
En este marco, el legislador valora "la decisión de determinados sectores del gobierno de la provincia para contener el trabajo", aunque alerta sobre ciertos giros en la política de la administración del Frente Progresista hacia el mundo laboral. Para del Frade la designación de Alicia Ciciliani al frente del ministerio que encabezó el actual diputado nacional Luis Contigiani es motivo de alarma: "Me preocupa mucho que Producción -plantea del Frade- asuma el discurso macrista y diga que hay que adherir a la ley de ART".
El mercado laboral
Más allá de los conflictos particulares, si se aleja el zoom se observa un mercado de trabajo que muestra signos de de tensión.
Según la serie desestacionalizada de asalariados registrados del sector privado que elabora el Ministerio de Trabajo de la Nación en base a los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (Sipa) en la provincia de Santa Fe recién en mayo de 2017 se pudieron recuperar los puestos de trabajo perdidos desde el giro en la política económica y así superar el pico alcanzado en agosto de 2015. Este año la curva es ascendente y a septiembre (último dato disponible) 508.077 personas tenían trabajo en blanco en la provincia.
En el Gran Rosario el panorama es más preocupante. Si bien la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que elabora el Indec refleja que la desocupación en el tercer trimestre de este año cayó con respecto al año anterior (8,4 por ciento versus 9,6) esa mejora es en verdad un espejismo. La tasa de actividad bajó en el mismo período de 47,4 por ciento a 46,5 y la de empleo de 43,0 por ciento a 42,6.
En tanto, aumentaron las tasas de ocupación demandante (12,9 por ciento en 2016; 13,1 por ciento en 2017) y de subocupación demandante (6,3 por ciento contra 6,9).
En resumen, el mercado de trabajo se achicó, porque un grupo de personas pasó de la desocupación a la inactividad -el llamado efecto desaliento- y menos personas tienen empleo en relación a la población total. Pero también se deterioró: más personas buscan trabajar más, y la precarización laboral aumentó de 33,7% a 34%.
Aparte de los casos que emergen dramáticamente en la escena pública también subyacen otros, que permanecen en estado latente.
Por caso, la lechería atravesó una situación crítica por las inundaciones y la caída del consumo. Según datos que manejan en el sector, entre abril de 2016 y agosto de este año desaparecieron entre 400 y 500 tambos y la producción provincial de leche bajó de 9 millones de litros diarios a 5 millones y medio. Marcelo Aimaro, pesidente de la Mesa Provincial de Lechería de Santa Fe, señala que “siguen cerrando tambos” aunque no con la intensidad y velocidad de meses atrás.
De todas maneras, advierte que la mayoría de los tamberos “está en una situación de asfixia financiera”, sobre todo los que se dedican exclusivamente a la actividad. Aún en ese contexto de relativa estabilidad, el impacto de la crisis de la lechería se siente en las localidades atadas a la dinámica del sector. “Los trabajadores de los tambos que cerraron se van a las ciudades a engrosar los cordones urbanos y hay dinero que no está circulando en los pueblos”, relata Aimaro.
Una situación similar se vive en Acebal: el 60% de la actividad económica de esta localidad de 5 mil habitantes gira alrededor del calzado. Tras atravesar un primer semestre muy complejo, el jefe comunal, Daniel Siliano, describe una segunda mitad del año en la que la demanda siguió planchada y las distintas fábricas concentraron su producción en ciertos artículos especiales.
Con todo, se mantuvieron los puestos de trabajo. Aquí, subraya Siliano, la asistencia estatal resulta decisiva, tanto de la provincia como de Nación. La contrapartida es el compromiso de no despedir obreros.
Igual, la escena es preocupante: muchos talleres todavía están parados y los operarios perdieron las horas extra. “Se siente en la actividad comercial del pueblo y en la recaudación”, expresa Siliano. “Lo último que paga la gente es el impuesto comunal, primero paga los servicios esenciales”, detalla.
En Mefro Wheels también intentan superar de una vez la crisis y despegar. Según detalla el operario Miguel Valentino, hoy 25 trabajadores están poniendo a punto las máquinas de la fábrica de llantas de Ovidio Lagos al 4400 para volver a producir. El proceso va lento, asegura, “porque las terminales no cumplen” y a la nueva gestión de Mefro le cuesta todavía limpiar el estigma del incumplimiento asociado a la marca.
Ahora se trata de pasar el verano: apuestan a que en febrero ingresen entre 60 y 70 obreros. Como delegado, Valentino no quiso ingresar en la primera tanda; sí lo hará en la segunda. El obrero, de 62 años de edad y trabajador de Mefro desde hace 19, reconoce que “la situación económica es cada vez más agobiante”. Hasta diciembre cobraron un fondo de desempleo del Estado Nacional que oscila entre los 9 mil y los 14 mil pesos, pero ahora descenderá a 3 mil.
La calle está dura: según datos de la Unión Obrera Metalúrgica, desde comienzos de 2016 se perdieron 1.200 puestos de trabajo del sector metalúrgico, sólo en la región de Rosario.
“Si no se perdieron más fue por la política contracíclica que encaramos con Contigiani, Genesini y el sindicato”, asegura Cerra. Advierte, al mismo tiempo, que “esas herramientas no están alcanzando” y se configura un “panorama complejo para 2018”.
Por Miguel Pisano
Por Gonzalo Santamaría