La morosidad de las familias argentinas volvió a escalar y alcanzó niveles que no se observaban desde las grandes crisis económicas de las últimas décadas. En julio de 2026, el 13% de los créditos otorgados por entidades financieras se encontraba en situación irregular, mientras que entre los proveedores no financieros —donde se incluyen las billeteras virtuales— el indicador trepó al 33,9%, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (Cepa) elaborado sobre datos del Banco Central (BCRA) y la Central de Deudores (Cendeu).
El salto cobra dimensión cuando se lo compara con otros períodos. En el sistema financiero, el 13% actual más que duplica el 5,5% registrado en junio de 2009, en plena crisis internacional, y supera ampliamente el 5,1% de julio de 2021, durante la pandemia. De acuerdo con el Cepa, para encontrar valores superiores hay que remontarse a la crisis de 2001.
El deterioro fue todavía más pronunciado entre los proveedores no financieros. La irregularidad alcanzó allí el 33,9% en julio, por encima incluso del 27,1% registrado en mayo de 2020, en plena pandemia. En noviembre de 2024 ese mismo indicador se ubicaba en apenas 7,3%.
La aceleración también resulta evidente en los bancos. En noviembre de 2024, la morosidad de las familias con entidades financieras era de 2,5% y en julio de este año llegó al 13%. Es decir, se multiplicó por más de cinco en menos de dos años.
El mapa provincial elaborado por el Cepa muestra que Santa Fe registra un ratio de irregularidad del crédito a las familias del 10%, considerando conjuntamente bancos y billeteras virtuales. El nivel se encuentra por debajo de varias provincias del norte y oeste del país, donde la mora supera holgadamente el 15%.
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El informe relaciona las dificultades para afrontar las deudas con el nivel de ingresos de cada jurisdicción. En términos generales, las provincias con salarios más bajos respecto del promedio nacional muestran mayores niveles de morosidad. La Rioja encabeza el indicador, con un 23,1% de créditos irregulares y salarios 31,5% inferiores a la media nacional. Le siguen Santiago del Estero, con una morosidad del 18,1%, y Misiones, con 16,9%.
En el caso santafesino, el gráfico del informe muestra además que el ingreso medio se ubica apenas 0,4% por debajo del promedio nacional, una diferencia mucho menor que la observada en las provincias con los índices de mora más elevados.
Para el Cepa, detrás del crecimiento de la morosidad existe fundamentalmente un problema de ingresos. El centro de estudios señala que el salario real de los trabajadores registrados, tanto públicos como privados, cayó al comienzo de la gestión de Javier Milei, tuvo una recuperación parcial hasta noviembre de 2024 y desde entonces volvió a retroceder. Según sus cálculos, acumula una pérdida del 14,3%, proceso que coincide con el fuerte aumento de los incumplimientos de los hogares.
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La misma dinámica aparece cuando se observan los ingresos de trabajadores y jubilados. El informe calcula que la masa conjunta de salarios registrados y haberes previsionales acumuló una pérdida de 8,3 puntos porcentuales durante el período analizado. Según la interpretación del Cepa, parte de esa caída fue compensada inicialmente mediante un mayor acceso al crédito de los hogares, que permitió postergar el impacto del ajuste sobre el consumo.
A esto se sumó el incremento de los gastos considerados esenciales. El estudio compara la evolución de los salarios con las tarifas desde enero de 2024 y señala que los servicios registraron aumentos muy superiores a los ingresos. De acuerdo con los cálculos presentados por el centro de estudios, el gas acumuló un incremento del 2.071%, el transporte del 1.442%, el agua del 544% y la electricidad del 393%. Para el Cepa, esa brecha redujo el ingreso disponible de los hogares e impulsó el recurso al endeudamiento para sostener el consumo.
El fenómeno se concentra, además, en las personas en plena edad laboral. En julio había 4.185.913 personas de entre 25 y 54 años con deudas irregulares, que representaban el 70,7% del total de morosos del país. El Cepa señala que este universo comprende fundamentalmente a jefes y jefas de hogar que deben afrontar los gastos familiares.
Dentro de ese universo, el segmento de 35 a 44 años concentra los montos más elevados. Las deudas en situación irregular de ese grupo sumaban $4,639 billones en julio, equivalentes al 30,6% del total: $3,204 billones correspondían a entidades bancarias y $1,435 billones a billeteras virtuales.
