Se gravan bonos en dólares y en pesos, públicos y privados, inclusive los pagarés, Obligaciones Negociables (ON) y cambio de cheques de las pymes, además de los plazos fijos. La compra venta de inmuebles paga ganancias, se revalúan las propiedades y se persigue a los que dan en alquiler. Sólo las acciones se salvan, por ahora. El gobierno continúa con la avanzada impositiva sobre los inversores y busca dinero por todos lados. En su incansable camino hacia el equilibrio fiscal, termina dañando a sectores de la producción, inversores y a quienes buscan financiamiento. Todo arrancó con el impuesto a la renta financiera, que alcanza al 15 por ciento para inversiones en el área dólar y 5 por ciento para pesos, lo cual impacta en los plazos fijos, bonos, ON, pagarés y todo tipo de colocación financiera que genere una renta. De estos instrumentos sólo los bonos del Estado se libran de pagar bienes personales, el resto también está gravado por este tributo. La consecuencia es que los inversores solicitan una mayor tasa de interés, y por ende se encarece el financiamiento del sector público y privado.
Hoy la tasa de riesgo país se ubica arriba de 600 puntos. Si no tuviéramos este impuesto seguramente rondaría los 500 puntos. Resulta loco, pero es un impuesto en que el gobierno se perjudica a sí mismo, porque les cobra un tributo a los que invierten, pero éstos se lo trasladan demandando una tasa más elevada para financiarlo. Las ON, pagarés y cambios de cheques, pagan el impuesto a la renta financiera, con lo cual las pymes que buscan una alternativa de financiación más económica vía mercados de capitales, y sociedades de garantía recíproca, quedan atrapadas en la telaraña impositiva actual. Las acciones son el único instrumento que no paga impuesto a la renta financiera y bienes personales. Sin embargo, el inversor local no está acostumbrado a tanta volatilidad, las empresas no pagan buenos dividendos en efectivo, y no hay una cultura para aprovechar los mercados de futuros y acotar riesgos. Sus ganancias provenientes de dichos mercados para personas jurídicas están gravadas con el impuesto a las ganancias del 30 por ciento, mientras que para personas físicas aún no está reglamentada, pero suponemos que saldrá más gravoso, al 35 por ciento anual. Es una locura que operaciones de cobertura no estén exentas del impuesto a las ganancias, ya que deberían ser alentadas por el Estado para que los inversores, productores, industrias y comercios, se aseguren un precio para mejorar su rentabilidad o bien acotar la volatilidad de los precios en el mercado. El profundo desconocimiento del Estado alarma con este tipo de comportamiento. Por otro lado, el gobierno debería ser el principal actor de mercado en materia de coberturas, ya que, con el impuesto a las retenciones, es el socio de todos los sectores productivos que exportan en la Argentina, y operando se aseguraría una determinada recaudación y no quedar expuesto a la volatilidad internacional.
La construcción también quedó gravada con el impuesto a las ganancias del 15 por ciento, para la diferencia entre el precio de compra, actualizado por índice de precios mayorista, y el precio de venta, desde 2018 en adelante. Con medidas como éstas se desalienta claramente la compra de propiedades, lo que afecta a uno de los sectores más dinámicos de la economía. Por si fuera poco, el gobierno revaluará todas las propiedades para cobrar más en concepto de impuesto a los bienes personales, y atentar contra la rentabilidad de alquileres. El Estado, para asegurarse que los inversores vivan una verdadera pesadilla económica, está instrumentando una nueva ley de alquileres, con amplios beneficios para el inquilino, y menos protección al dueño de la propiedad. Un sector como la construcción que crecía a tasas interesantes, el Estado con su intromisión impositiva lo está llevando a una desaceleración, y pérdida de atractivo, al colgarle una serie de tributos que desalientan la inversión.
El gobierno aplicó una serie de tributos a la inversión en el mercado de capitales y en la construcción que atentan contra la inversión de los actores económicos, encarecen el financiamiento a empresas y postergan los proyectos productivos en materia edilicia. Se genera un incentivo a invertir en acciones. Los agentes económicos no se sienten seguros invirtiendo en éstas, empresas ligadas a la construcción u otros sectores que cotizan en Bolsa nunca reflejan en su cotización fielmente la evolución del sector, pagan pocos dividendos en efectivo, y no existe en la Argentina una debida protección del inversor minoritario. Así, los inversores se volcaban a comprar propiedades que son el mejor resguardo de valor para la mayoría de la población argentina, en segundo lugar, los bonos que no pagan impuestos a las ganancias y bienes personales, y en tercer lugar el canuto, que son dólares en caja de seguridad. Bajo la actual presión tributaria el gobierno logró que se desacelere la inversión en construcción; que el mercado de las viviendas esté ofertado, el financiamiento de empresas se encarece; el propio Estado se financia más caro y desalienta las operaciones de cobertura en los mercados de futuro; el canuto de dólares en caja de seguridad es el deseo colectivo ya que sólo paga bienes personales. Esta forma de ahorro no genera externalidades positivas a la economía. El gobierno tiene menos calle que Venecia, si se diera cuenta que sacando tributos alienta a la inversión, producción y el empleo estaríamos mucho mejor.
