La jueza Loretta Preska rechazó una demanda iniciada en Nueva York por el no pago de cupones de deuda por PBI en 2013.
La jueza Loretta Preska, del distrito Sur de Nueva York, es la que dictó el falló contra YPF.
La jueza Loretta Preska, del distrito Sur de Nueva York, falló a favor de la Argentina en la causa por el cupón PBI de 2013. La Argentina había apelado el fallo que la obligaba a pagar casi u$s 1.500 millones a cuatro fondos de cobertura por manipulación de datos en 2013.
Los demandantes fundaban su reclamo en la supuesta manipulación de datos del por entonces secretario de Comercio y responsable del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Guillermo Moreno, para evitar los pagos a bonistas por los cupones PBI, emitidos en 2005 por el entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna, para reestructurar la deuda defaulteada en 2002 a través de estos instrumentos atados a la evolución del Producto Bruto Interno (PBI).
La demanda en los tribunales de Nueva York la inició en 2019, Aurelius Capital, uno de los buitres que había ganado el juicio contra el país derivados del default del 2001. A él se le sumaron cuatro fondos más que demandan en total alrededor de 411 millones de dólares por la misma razón.
El año pasado, Argentina había perdido la demanda realizada en su contra ante los tribunales de Londres por los fondos Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group y Virtual Emerald International Limited.
Preska, que reemplaza desde 2017 al recordado juez Thomas Griesa, esta vez le dio una buena noticia al gobierno de Javier Milei, al rechazar la demanda de los fondos buitre. La demanda se basa en que, en el año 2013, la Argentina registró una tasa de crecimiento de 2,96%, y no llegó a superar el 3,2%que activaría el pago. Según los fondos buitre estaba calculada de manera errónea por el Indec.
Se centraron en 2013 porque fue a partir de allí que Argentina, siguiendo las recomendaciones de organismos internacionales de cambiar el año base para el cálculo estadístico cada diez años, modificó este punto de partida, desde 1993 a 2004.
Según el contrato, los primeros años Argentina debía crecer más de 4% para activar el pago. Desde 2013 el crecimiento debía ser de más de 3,2% y, a partir de 2015 y hasta 2035, Argentina debe pagar si el crecimiento del PBI supera el 3%.
El año pasado, la Justicia británica les dio la razón al considerar una interpretación de la cláusula del contrato a favor de los fondos buitre y condenó al país a pagar 1.330 millones de euros por el incumplimiento de los pagos de bonos atados al crecimiento económico pero evitó acusar al Estado argentino por manipular los datos del Indec.
“He llegado a la conclusión de que no es necesario examinar ese caso alternativo (es decir que Argentina haya cambiado el año base para no pagar el cupón), sino de que no sería deseable hacerlo, dada la gravedad de las acusaciones que conlleva y dado que esas acusaciones se dirigen contra un Estado soberano”, sostuvo la Justicia londinense.
En la causada iniciada por Aurelius Capital en los tribunales de Nueva York, la jueza Preska decidió rechazar el reclamo por la interpretación de “la cláusula 48 y 49 del prospecto que se llama “no action clause”.
Esta cláusula impide a los demandantes haber presentado esta demanda. “Entraron por la puerta equivocada”, explicaron.
En este caso, la juez Preska tampoco mencionó al organismo de estadística. Las tres demandas del fallo siempre apuntaron a hablar sobre el Indec pero Preska le dedicó un solo párrafo a este tema, diciendo el juicio era sobre “un tecnicismo”.
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Por Lucas Aranda