Entre el crecimiento y la desigualdad

La economía argentina atraviesa una paradoja: los datos positivos de crecimiento conviven con regresividad distributiva. La sentencia del Centro de Economía Politica Argentina (Cepa) atraviesa trágicamente la gestión de este gobierno, que supo capear la herencia y la pandemia, impulsar una recuperación firme de la actividad y bajar el desempleo, pero no logró revertir la paliza que vienen recibiendo los salarios desde la anterior gestión.

El Cepa analizó esta grieta a partir del informe sobre la distribución funcional del ingreso elaborado por el Indec para el segundo trimestre de 2022. Expone ahí una caída de 6,9 puntos de la participación de los asalariados en el ingreso entre el primer semestre 2016 e igual periodo de 2022, cuando bajó de un promedio de 51,3% hasta el 44,4%.

El 70% de ese retroceso fue entre los primeros semestres de 2016 y 2019 (4,8 puntos). El resto (2,1 puntos), entre 2019 y 2022.

En sentido contrario, la participación empresarial en los ingresos creció 5,3 puntos, desde un promedio de 39,7% en el primer semestre de 2016 a 45% en el primer semestre de 2022. Al revés del caso anterior, el mayor incremento (3,5 puntos) se registra entre 2019 y 2022. El resto (1,8) fue entre 2016 y 2019.

El informe del Cepa destaca tres momentos distributivos desde el inicio del gobierno de Mauricio Macri al primer semestre de 2022. En el primero, durante la gestión de Cambiemos, los asalariados “perdieron sensiblemente participación en el ingreso”. Luego vino la etapa de pandemia, en la que “mejoró provisoriamente la situación porque las políticas de protección de asalariados permitieron que estos se vieran menos afectados que el capital, en un marco de retroceso de la economía”. Ya en la pospandemia, el excedente de capital bruto se expandió en su incidencia sobre los ingresos “en el marco de una fuerte reactivación”.

Los economistas del Mirador de la Actividad, el Trabajo y la Economía (Mate) sumaron otra mirada. Trabajaron sobre la Encuesta Nacional de Grandes Empresas que realiza el Indec y elaboraron un estudio sobre el impacto de las transferencias estatales en la rentabilidad de esas unidades económicas.

Se ve en el informe cómo se mueve la participación del excedente bruto de explotación en relación al valor bruto de producción, de acuerdo a los ciclos de política económica. Hay un pico del 27,2% en el menemismo, un caída en la crisis del 2001, un 19% en el período kirchnerista y una suba al 22,8% durante el macrismo. En cambio, la participación de la masa salarial baja en la convertibilidad,del 20,5%del 93 al 9,5% del 2001, repunta en la posconvertibilidaad (16,8%) y vuelve a caer durante el macrismo (13,6%) y el 2020 (14,2%).

Pero los economistas de Mate ponen el foco en la participación que el “gasto tributario” (subsidio, promociones, exenciones y reintegros del Estado) tiene en la ganancia final de las empresas. El promedio es de 17,6% desde la década del 90 pero con picos del 27,4% en el 93 y del 43,7% en 2016. En 2020 llegó a 32,6%, en gran medida por las ayudas dispuestas por la pandemia.

A estos subsidios, Mate le sumo el cálculo del ahorro obtenido año a año por la reducción de contribuciones patronales decidida en 1993, que llevó la participación de estos aportes del 32,4% de los salarios brutos aquel año al 21,9% en el período subsiguiente.

En base a esos cálculos, Mate considera que “entre lo que la Enge considera subsidios y la reducción de contribuciones patronales en 1993, podría decirse que una alta proporción de la utilidad final de las 500 grandes empresas fue aportada por el Estado”. Señala que los picos más altos fueron en 2001 (52,2%), en 2016 (5,9%) y en 2017 (56,5%).En 2020 llegó a 49,2% “centralmente explicado por los programas de asistencia en pandemia”.

Las discusiones sobre cómo cerrar esta brecha sacuden al oficialismo desde la salida de la crisis sanitaria. Las alternativas son muchas. La mayoría apunta a reforzar la política de ingresos.

En un trabajo realizado por Ana Rameri, coordinadora del Instituto de Pensamiento y Políticas públicas (Ipypp) y colaboradora en el Instituto de Estudios y Formación (IEF) de la CTAA, se analiza la implementación de un ingreso básico universal.

El Ingreso Básico Universal (IBU) que propone busca resignificar lo que se entiende por política social, superando su actual función “asistencial” para pasar a un paradigma “universalista y preventivo”. El principio es que “el derecho a la percepción de un ingreso es lo que garantiza el derecho a la existencia”.

El criterio es que, en un momento de crisis de “la forma salarial del empleo”, lo que se le opone no es “el fin del trabajo” sino “una cartografía fuertemente variada y heterogénea de prácticas y actividades humanas que sostienen a la vida y al sistema económico”. Es el caso del trabajo autónomo y de autogestión, de las tareas de cuidado y de la misma producción social de información y conocimiento acumulado en infraestructuras digitales, que “el oligopolio de la industria de datos sabe traducirlas en valores mercantiles y renta tecnológica sin contrapartida retributiva”.

“El IBU no es un subsidio, es la contrapartida retributiva de carácter social a trabajos múltiples y actividades humanas socialmente útiles que ya se realizan pero que no son debidamente reconocidas”, enfatiza el trabajo.

La propuesta desde la CTA-A y el Ipypp es incorporarlo en un dispositivo de transferencia de ingresos que, junto con una “asignación por hijo verdaderamente universal” y un haber mínimo garantizado, configure una red de ingresos para toda la población. Se combinaría con un programa de empleo garantizado, a través del pago de un salario social de empleo y formación.

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En una primera etapa, se propone para las 11,7 millones de personas que no tengan garantizado un ingreso formalmente comprobable por el Estado. La transferencia sería equivalente al valor de una canasta alimentaria para el adulto equivalente. Estima el costo fiscal neto en 1% del PBI.

Empleo: recuperación en las provincias

El empleo asalariado privado formal en las provincias aumentó en 82.200 puestos entre la pre-pandemia (julio 2019) y julio de 2022. Así lo subrayó un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).

El Iaraf explicó que, por la pandemia, entre julio de 2019 y julio de 2020 el empleo privado formal de las provincias cayó un 5,1%, es decir unos 310.600 puestos de trabajo. Luego se dio una recuperación tanto en 2021 como en 2022.

Entre julio de 2019 y julio de 2022, la totalidad del empleo aumentó un 1,4%, equivalente a 82.200 puestos de trabajo. El mayor crecimiento tuvo lugar en Catamarca (21,3%), seguida por Tierra del Fuego (16,7%). Duatro provincias aún no recuperaron el nivel prepandemia . Son Corrientes, Mendoza, Caba y Tucumán.