El mapa de los impuestos provinciales

La decisión del gobierno provincial de retocar los impuestos disparó el debate sobre el andamiaje impositivo del Estado santafesino, donde los recursos propios son menos de la mitad del total y están cada vez más sostenidos por gravámenes asociados a la actividad económica.

En los últimos años, los ingresos crecieron favorablemente a partir de la devaluación, de la mano de la recuperación económica. Pero la vigencia de los mecanismos de promoción impositiva iniciados en los 90 y el congelamiento de las valuaciones inmobiliarias fueron "planchando" esta expansión, al mismo tiempo que acotó los giros por coparticipación a municipios y comunas. Desde la posdevaluación, sólo se aumentó el reparto por patentes, impuesto al que se le aplicó una suba de 20 por ciento mediante una quinta cuota en 2004.

Sin embargo, el incremento de los fondos provinciales estuvieron lejos del aumento que registró el Producto Bruto Geográfico (PBG) en los últimos diez años. Entre 1997 y 2007, los ingresos a las arcas santafesinas crecieron 177 por ciento en términos nominales, bastante por debajo del 238 por ciento que registró la actividad económica en igual período. En la provincia existe un sistema de exenciones que beneficia a muchos sectores productivos (construcción, producción primaria e industria) que tuvieron, en algunos casos, crecimientos superiores al 400 por ciento en el mismo período. (Ver aparte)

Estos números números no discriminan la dinámica hacia el interior de cada sector, dentro de los cuales se produjeron distintos niveles de concentración como tampoco el peso de la inflación sobre ellos. Pero sí exponen que, al menos a nivel provincial, el beneficio de la recuperación fue captado en mayor medida por el sector privado que por el público.

El gobierno provincial acaba de plantear la necesidad de ajustar sus ingresos y provocó la reacción de diversos sectores económicos. La polémica está lanzada y un repaso de la estructura tributaria de Santa Fe puede ayudar a delimitarla.

El mapa impositivo

Hasta la devaluación, los ingresos provinciales se nutrían en un 50 por ciento por ingresos brutos, 20 por ciento por inmobiliario, 15 por ciento por sellos, 8 por ciento por patente automotor y 6 por ciento de aportes sociales (ley 5.110), en promedio. Pero la participación de esos gravámenes cambió en los últimos años.

En el acumulado del primer semestre de 2008, la participación de ingresos brutos creció hasta el 66,48%, sellos saltó al segundo lugar (13,55%), patentes al tercero (11%) y el inmobiliario fue desplazado al cuarto, representando en los primeros seis meses apenas el 8,09% del total de recursos, menos de la mitad que cinco años atrás.

El retroceso del impuesto inmobiliario no es menor para los municipios y comunas, ya que el 50% de lo recaudado debe ir a parar a sus arcas, así como el 90% de patentes. En cambio, del 13,42% que representa la coparticipación de ingresos brutos estos distritos reciben fondos en base a un coeficiente que discrimina a los de primera y segunda categoría, mientras que no reciben nada por sellos.

Como paso previo a un proyecto de modificación tributaria —que incluye modificación de alícuotas y valuaciones— la gestión de Binner decidió crear la comisión de coordinación fiscal para tratar consensuar una iniciativa con municipios y comunas de manera que llegue pulida a la Legislatura provincial y evitar así un debate estéril que eche por tierra cualquier iniciativa.

El inmobiliario

En la última reunión de esa comisión, la Subsecretaría de Ingresos Públicos presentó el diagnóstico sobre la situación del impuesto inmobiliario. En la provincia de Santa Fe existen 1.391.600 partidas, el 10% (152.569) son rurales y el 90% (1.239.031) urbanas. En emisión de boletas, esto significó para las dos primeras cuotas de 2008 un total de 241 millones de pesos, de las cuales el 79% corresponden a contribuyentes urbanos y 21% a rurales.

Pero lo efectivamente recaudado fue 168 millones de pesos, aportando el inmobiliario rural 22% (38 millones de pesos) y 78% los propietarios urbanos. Aunque la valuación fiscal está desactualizada, el impuesto rural exhibe un mayor nivel de cumplimiento, que en la primera mitad de este año fue del 78,8%, contra el 67,68% del urbano.

El 78% de las partidas del inmobiliario urbano exhiben que las propiedades están valuadas en menos de 18.900 pesos. Este conjunto representan el 31% del total de ingresos por este tributo. Para estas valuaciones, el propietario paga como máximo 45 pesos anuales. Sólo un 5% de las propiedades están tasadas por encima de los 55.000 pesos (u$s 18 mil) para el fisco provincial. Ese segmento aporta el 44% de los fondos. La última modificación de este tributo data de 1996 cuando se aplicaron nuevos coeficientes pero sin actualizar el valor de la propiedad. Por caso, el último revalúo real es de 1974.

Valuaciones

El 37% de las partidas del inmobiliario rural remite a valuaciones de 10 mil pesos. El 81% se concentra en la franja de valuación hasta 50 mil pesos, involucrado el 27% de la recaudación por este concepto. Sus propietarios pagan hasta 198 pesos anuales por partida. El último gran cambio fue introducido mediante una ley en 1992, donde el departamento General López logró que sobre ese revalúo se le quitara un 10%. A partir de allí lo único que se modificó fue el porcentaje a gravar, que pasó del 60 al 80%, pero también sin revalúo.

En 2002 la provincia encaró un minucioso trabajo de análisis y revaluaciones sobre los inmuebles que después fue cajoneado por una decisión política de la anterior administración.

Las valuaciones fiscales promedio dentro de la provincia varían sustancialmente entre un departamento y otro, pero todas distan mucho de los precios de mercado o de lo que pagó el propio Estado santafesino para expropiar terrenos a la hora de encarar proyectos. (Ver infografía)

A modo de ejemplo, el valor máximo fiscal por hectárea en Venado Tuerto es de 1.744 pesos, mientras que el Estado santafesino avaló una expropiación en esa localidad por 21.802 pesos la hectárea, una cifra aún inferior a los 36 mil pesos o más que actualmente está cotizada la hectárea en esa zona. Con situaciones similares, las gestiones anteriores se encontraron en las localidades de Las Rosas, Cañada de Gómez, Rufino, entre otras.

La cuota del inmobiliario, tanto rural como urbano, se calcula aplicando a la valuación fiscal un monto fijo segmentado más una alícuota por el excedente entre cada categoría.

Tanto el gobierno como los intendentes y presidentes comunales coinciden en que las valuaciones para definir el impuesto inmobiliario se encuentran muy atrasadas, pero subrayan la imposibilidad política de una actualización inmediata a los valores de hoy, aún incluso si se aplican esquemas diferenciados por zona.

Por lo pronto, una modificación de la tasación fiscal podría llevar a muchos propietarios a tener que pagar bienes personales, lo que se presenta con un efecto secundario no deseado, dado que esa transferencia de recursos iría para la Nación. Sin embargo, la brecha entre la valuación actual y el porcentaje que pueda llegar a definirse, difícilmente logre que ese escenario se presente.

El problema de la actualización del inmobiliario es que, por más drástico que sea el ajuste, su participación en la torta de impuestos quedó tan atrasada que el efecto en la recaudación seguramente será relativo.

Sellos

Si bien no trascendió que este en estudio una modificación sobre el impuesto a los sellos, los ingresos por este concepto se verían incrementados indirectamente si se eleva el inmobiliario, ya que todas los montos de las operaciones de compra-venta o casos como gastos sucesorios son gravados con el impuesto a los sellos.

De todas formas, algunos operadores del mercado relativizaron el posible impacto al señalar que actualmente en este tipo de operaciones se viene escriturando generalmente por valores superiores a los estipulados por la valuación fiscal. También tendría como efecto fondos adicionales para las cajas profesionales.

Otra de las posibilidades bajo análisis es retocar patentes. En este caso, la recaudación por este gravamen creció al ritmo de la venta de autos y por la suba del 20% otorgada en la gestión de Jorge Obeid como quinta cuota.

En tanto, los recursos por aportes sociales (ley 5.110) están condenados a su extinción producto de su desgravación.

En las próximas semanas se estaría elevando el proyecto a la Legislatura. Allí se verá el sesgo que la gestión Binner le dará a su primer reforma fiscal y la confección del presupuesto provincial.