El proyecto del Ejecutivo provincial de reformar el sistema tributario con incrementos en ingresos brutos y en el inmobiliario rural y urbano bajó a la arena empresaria ayer durante una jornada organizada por la Fundación Libertad. Allí debatieron cara a cara funcionarios, técnicos y representantes de los sectores que sentirán en primera persona los cambios propuestos por la administración socialista.
Si bien sobre algunos puntos hubo consenso casi general, como en el atraso de las valuaciones del inmobiliario rural, las nuevas puertas de entrada de ingresos brutos sobre algunas actividades antes exentas, sobre todo la construcción de viviendas, generaron posturas opuestas.
Sergio Beccari, el secretario de Ingresos Públicos, reconoció que el acento de la reforma está puesto en las revaluaciones de los inmobiliarios, con foco específico sobre el rural. "Tenemos un problema estructural de pérdida de autonomía fiscal que nos deja muy expuestos a los cambios de ciclo", subrayó.
Los sectores comerciales y de la construcción fueron los que más virulentamente atacaron el proyecto oficial. "Las necesidades urgentes de la provincia vienen a modificar toda planificación de largo plazo", dijo Enrique Escurridor, de la agencia de viajes Le Rondini, para quien los aumentos en ingresos brutos provocan en los comerciantes una sensación "de no querer crecer", ya que a más ventas, mayores cargas.
Por el lado de los constructores, el que llevó la voz cantante fue Mario Ulanovsky, ex presidente de la Asociación de Empresarios de la Vivienda, quien dijo que los nuevos tributos pueden afectar muy seriamente al punto de repercutir sobre el nivel de actividad y de empleo. "Los privados construimos más que el Estado sin créditos ni ayuda de ningún tipo, con permanentes cambios de normas, sin escuelas de oficios y a partir de ahora sin el único beneficio que teníamos, que era la exención de ingresos brutos".
Ulanovsky afirmó que si bien usualmente se dice que el sector está exento del tributo, eso no es así ya que paga sellos "dos veces", con el boleto de compraventa y en el momento de escriturar". Si a ese doble tributo le agregamos ingresos brutos, resulta que pagaremos a la provincia alrededor de un 5,4 por ciento, una enormidad". Y si a eso se le suma que existe un efecto cascada donde cada eslabón de la cadena paga, la sumatoria de impuestos y sellados puede alcanzar el 9 por ciento, "una barbaridad".
Beccari aclaró que se gravará la construcción de inmuebles —que hoy no paga nada— en base a la capacidad contributiva de cada firma. En ese sentido, explicó que se busca cierto equilibrio ya que no pagarán la obra pública, ni las empresas santafesinas que facturen menos de 1,5 millón de pesos por año. Según el funcionario, entre las razones que llevaron al Ejecutivo a proponer gravar esa actividad figura el hecho de que el 2,5 por ciento "no afecta a las ventas", que son en todos los casos "por fuertes sumas".
En el caso del inmobiliario rural, la posta fue tomada por el director de Catastro, Horacio Palavecino, quien resaltó que la actual valuación data de 1974 y que se actualizó en el 96 pero con un coeficiente uniforme. "Esto no respeta la realidad, por eso nuestra propuesta pasa por actualizar las valuaciones fiscales en función de los valores de mercado", dijo.
En pie de guerra
Los ruralistas bonaerenses nucleados en Carbap y la SRA convocaron a un cese de comercialización de granos y de ganado por 96 horas en toda la provincia de Buenos Aires, en rechazo al aumento del impuesto inmobiliario rural propuesto por el gobierno de Daniel Scioli. La medida comenzará a regir el próximo jueves.
Por Aníbal Fucaraccio
Por Elbio Evangeliste