El Sindicato de Obreros y Empleados Petroquímicos Unidos (Soepu) movilizará el jueves a la Legislatura santafesina para reclamar que la Cámara de Diputados convierta en ley el proyecto que declara de utilidad pública y sujeta a expropiación a la planta de polioles de Dow en Puerto San Martín.
Está previsto que los diputados traten ese día la iniciativa que recibió media sanción de la Cámara de Senadores, tras una votación por unanimidad. Desde el Soepu isntaron a los legisladores, “más allá del color político”, acompañen este proyecto en defensa de los trabajadores y la industria santafesina.
La multinacional Dow anunció hace algunas semanas el cierre de su planta de producción de poliuretanos en Puerto San Martín, en el marco de una reestructuración global. La medida afecta a 120 trabajadores en forma directa pero a unos 3 mil cuando se toma en cuenta toda la cadena de producción que abastece. Es que además significa la pérdida de una rama fabril cuyos productos son insumos esenciales de otras cadenas que operan en Santa Fe.
“En el Senado se demostró que este es un reclamo transversal lo mismo sucedió en 2021 cuando se presentó el mismo proyecto”, señaló el gremio en un comunicado.
El Soepu también salió al cruce de las críticas por el “costo” que tendría el salvataje provincial a esa unidad productiva. “El proyecto de expropiación no significa que sea el Estado provincial quien deba encargarse del funcionamiento de la planta, ni que se convierta en propietario de la misma”, señaló.
En rigor, la iniciativa apunta a meter presión a la multinacional para que considere la posibilidad de vender la fábrica y salvar los puestos de trabajo. Esta alternativa había sido rechazada en un principio porque la empresa pretende abastecer al mercado argentino con esos mismos productos pero desde su planta en Brasil. Sin embargo, según señaló el secretario general del Soepu, Mauricio Brizuela, durante la última reunión realizada en el marco de conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo, parecieron flexibilizr su postura.
Por eso, consideró que la sanción del proyecto el día jueves es “crucial”. Se trata, explicó, de impedir el desmantelamiento de la planta, “permitiendo que pueda ser adquirida por oferentes privados, garantizando así los puestos de trabajo directos e indirectos, el mantenimiento en la producción de los insumos que se producen actualmente, y asegurando el abastecimiento a otras plantas para mantener todo el entramado productivo”.
Es que la ley permitiría realizar una “convocatoria a interesados” en la compra, manteniendo las instalaciones, maquinarias, activos productivos y bienes inmuebles en las condiciones actuales, permitiendo que otra empresa se haga cargo de la producción sin inconvenientes. El sindicato movilizará el jueves, “haciendo visible el malestar” que existe.