Esta semana ingresó en Fiscalía una nueva denuncia penal contra los responsables de Vicentin, ya imputados por el delito de estafa y balances falsos. En esta ocasión, un contador oriundo de Reconquista -que mantiene un pleito con la agroexportadora desde hace 30 años- pidió investigarlos por la posible comisión del delito de asociación ilícita en el marco de su default. En su demanda arrastra también a KPMG (auditor externo de la empresa) y sus "inversores estratégicos" Viterra, ACA y Bunge, así como también salpica al juez Fabián Lorenzini y la sindicatura concursal.
En su solicitud, el profesional no aporta elementos necesariamente nuevos para quienes conocen la trama profunda del caso Vicentin, pero, al describir minuciosamente roles específicos, engloba las maniobras en un nuevo tipo penal, hasta aquí inexplorado. "Los hechos expuestos revelan el acuerdo existente entre los distintos miembros de la organización criminal, que como se dijo precedentemente, utilizaron a esta sociedad y a todo su entramado para estafar, desviar activos y consolidar lo conseguido, con una clara distribución de roles, que perduró en el tiempo y que se mantiene incluso hasta la actualidad", indica el texto, presentado con el patrocinio del abogado rosarino Froilan Ravenna.
Lo que pretende la demanda es indicar a los fiscales cómo fue que se perpetró la presunta estafa de la agroexportadora, a través de "maniobras maquilladas" por personas de carne y hueso. "Todos hablan de Vicentin, pero Vicentin es una ficción jurídica un recurso técnico, en definitiva una creación humana", agrega, para luego centrar su atención en el accionar de determinadas personas, como Sergio Nardelli, Alberto Macua, Rogerto Gazze y Daniel Buyatti (conductores de Vicentin); Sergio Gancberg (Viterra); Mario Rubino, Julian Echazarreta y Julio Iocca (ACA); o Eduardo Harnan (KPMG).
La denuncia destaca el caso de la venta del 16,67% de las acciones de Vicentin en Renova, consumada un día antes de la declaración de default y formalizada en un acta de directorio "sin motivo aparente ni realizando un plan de destino de fondos". De la misma forma relata otras ventas y transferencias realizadas en la previa a la cesación de pagos, todos "actos previos que este gran grupo de delincuentes han pergeñado en pos de proceder a desviar gran parte del patrimonio de Vicentin en claro perjuicio de los acreedores".
"El delito concretado fue consistente y permanente en la realización en connivencia general entre los directores y representantes de Vicentin SAIC y el resto de las sociedades intervinientes en todos los actos de disposición, desvío, vaciamiento, recepción de fondos, dación de créditos y toma de deudas sugestivamente garantizadas y amañadas que se continúan hasta la fecha con negociaciones espurias en pos de apropiarse de lo que quedaría de Vicentin a través de un supuesto grupo de “empresas interesadas”", remata el texto.
Para el profesional todas estas maniobras contaron con la participación necesaria de otros actores, como el abogado Siro Astolfi, "encargado de estructurar la fórmula de consolidación de lo realizado y liquidación del remanente", así como también del juez Lorenzini y la sindicatura concursal (representada por Ernesto García, Diego Telesco y Carlos Amut), quienes "han demostrado, cuanto menos, que han actuado de manera sumamente permisiva".
En este marco, la denuncia pide una serie de medidas cautelares "para evitar que se consolide el provecho de los delitos ya cometidos y hacer cesar la comisión de los delitos en curso y/o de sus efectos". Entre ellas, que se retrotraiga la situación al momento previo a la venta de acciones de Vicentin en Renova "hasta tanto se dicte sentencia definitiva en esta sede penal". Como medida de prohibición de contratar, se pide se prohíba disponer cualquier bien o acciones de Vicentin, o del grupo Vicentin.
La responsabilidad de KPMG
Una parte relevante de la demanda versa sobre cuál considera el particular fue el rol específico de la auditora externa de Vicentin, KPMG. Para el denunciante, su papel fue esencial, puesto que "la adulteración de los balances y la falta de advertencia oportuna de un faltante patrimonial de 900 millones de dólares no debería pasar desapercibido".
Como se citó al inicio del artículo, ya existen en otras causas vinculadas información similar vinculada al rol de KPMG -que no vio o no quiso ver las incongruencias demostradas por la auditoría forense-, pero lo que presenta como novedad la demanda es incorporar a la empresa dentro de una posible asociación ilícita, que tiene una gravedad particular.
"Los auditores de KPMG deberían responder al sospecharse que su actuación dio lugar a una contribución o reforzamiento accesorio de las conductas delictivas de los imputados", concluye.
Quién es el denunciante
Quizás la mayor novedad de la demanda presentada esta semana en Fiscalía es quien la formula. Se trata del contador Raúl Corgnali, oriundo de Reconquista, en el territorio mismo de Vicentin. Según expresa en el texto, mantiene un juicio con la agroexportadora desde 1989, por un monto que alcanza los 32 millones de dólares.
Corgnali dice haber celebrado un contrato con Vicentin para realizar estudios y gestiones para constituir una sociedad anónima e instalar una fábrica de pallets y/o expellers de molienda de semillas oleaginosas en la provincia de San Luis, para beneficiarse con el régimen de promoción industrial imperante. A pesar del entendimiento, al tiempo el profesional se entera que los directivos de la agroexportadora habían constituido a sus espaldas otra sociedad, "copiada literalmente de la que le encargaron constituir".
"Lo utilizaron y lo descartaron como si fuera un perro", plantea la demanda, que sugiere que "los Vicentin" se aprovecharon del trabajo de Corgnali y no le pagaron sus honorarios, por un monto que ascendía a 12,8 millones de dólares. Por el tiempo transcurrido, hoy la expectativa de cobro de la demanda alcanza los 32 millones de dólares.
"Luego de tanta lucha, de tantos abogados, de tanta pelea y de tantos jueces y de tantas instancias procesales, logrando que el expediente mantenga su trámite y su reclamo pueda llegar a buen puerto, el Sr. Corgnali debe presenciar impávido ahora como esta banda de delincuentes se insolventa, desvía todo su patrimonio y comienza a desplegar, incluso desde mucho tiempo antes de su pergeñada declaración en default, una serie de actos premeditados en pos de saquear las expectativas de lograr percibir lo debido", remata la denuncia.
