Los diputados nacionales de Unión por la Patria Julia Strada, Germán Martínez y Paula Penacca presentaron este viernes una denuncia penal contra el ministro de Economía, Luis Caputo, por irregularidades que distorsionaron el funcionamiento del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
La presentación judicial se originó en la decisión oficial de no aplicar el nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC), que ya estaba listo para implementarse desde enero.
Según precisó Strada en su cuenta de la red social X, la denuncia es por “violación de los deberes de funcionario público (artículo 248 del Código Penal), violación de secretos y deberes de confidencialidad (artículo 157), falsificación de documentos públicos (artículo 293) y por lo previsto en el artículo 17 de la ley 17.622, violación del secreto estadístico”.
La legisladora afirmó que el ministro “incurrió en irregularidades varias” y señaló que, en primer lugar, “ordenó mantener el cálculo del IPC basado en componentes desactualizados”.
En el texto de la denuncia se explica que en octubre de 2025, el Indec había resuelto aplicar una nueva metodología de cálculo a partir de enero de 2026. “La decisión del ministro Caputo, tal como declaró públicamente, busca postergar el nuevo índice hasta tanto culmine la recomposición tarifaria que tendría especial impacto en los precios al consumidor”, sostuvo Strada. Esa conducta “demuestra abuso de autoridad”.
La interferencia de Caputo
Además, advirtió que la presunta manipulación del instrumento estadístico “genera graves consecuencias sociales, económicas y políticas”, al impactar en la fórmula de actualización de jubilaciones, pensiones y asignaciones, así como en las negociaciones paritarias del sector público y privado.
La diputada también señaló que el ministro publicó un mensaje en su cuenta de X en el que reconoció diferencias en la variación del IPC según la metodología aplicada e, incluso, “adelantó el resultado del IPC de enero de 2026 antes de su difusión oficial”.
“De esta forma incurrió en la violación del secreto estadístico previsto en los artículos 13 y 17 de la ley 17.622”, afirmó.
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Strada subrayó que el IPC es uno de los indicadores más relevantes del sistema estadístico nacional, ya que incide de manera directa en las negociaciones salariales, la actualización de haberes previsionales, la determinación de contratos públicos y privados, el diseño de políticas económicas, las decisiones financieras, la política monetaria y la credibilidad macroeconómica del Estado.
“Precisamente por esa centralidad, el ordenamiento jurídico argentino establece un marco normativo destinado a garantizar la independencia técnica del organismo estadístico”, concluyó.