"Antidemocrática, discriminatoria y de torpeza inaudita en su diseño", así calificaron a la ley 27.348 de Riesgos del Trabajo, los portavoces de la Asociación de Abogados Laboristas de Rosario (AALR). Y mostraron su preocupación porque el Ejecutivo provincial decidió su adhesión, con un proyecto enviado a sesiones extraordinarias de la Legislatura. Un mes atrás, cuando llegó para inaugurar un tramo de la Circunvalación, el presidente Mauricio Macri, pidió a los legisladores vernáculos, que Santa Fe se sume a las 15 provincias que ya la adoptaron.
¿Qué pasó entre un episodio y otro? La duda quedó abierta en la conferencia de prensa brindada por los abogados Jorge Elizondo, Sebastián Serrano Alou y Diego Boglioli, presidente, vice y secretario respectivamente, de AALR. Pero no fue el único escozor en la agenda. También cuestionaron con dureza, el reciente concurso en trámite para seleccionar dos integrantes de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de Rosario y que mañana, a las 9, tendrá su etapa de entrevistas, en Tribunales.
"Manifestamos nuestra profunda preocupación ante la normativa vigente en nuestra provincia, que rige el procedimiento de selección de jueces y juezas y sus resoluciones reglamentarias", expresaron. Y anunciaron que mañana pedirán ante el Ministerio de Justicia, la suspensión del concurso para los camaristas laborales. También aspiran a tomar conocimiento del procedimiento llevado a cabo en su realización.
Discriminación de clase
A su turno, los letrados desmenuzaron la estructura del fuero laboral, sus alcances e implicancia y la norma con la que Nación aspira a modificar el tratamiento de la litigiosidad laboral, a la que considera causa de los ahogos empresariales y que Santa Fe, resistió hasta ahora. "Nos preocupan ciertas acciones del gobierno provincial que parece sumarse a este ataque contra lo que consideramos la justicia del trabajo", enfatizaron.
El proyecto de adhesión enviado a extraordinarias incluye un par de condicionantes, como catalizadores de la voluntad de los legisladores, pero que para la Asociación, son de nula concreción en la práctica. A modo de ejemplo, la creación de Comisiones Médicas, instancia convertidas en primera e ineludible por la nueva ley de
ART; en Santa Fe existe una sola comisión médica y está radicada en Rosario, adonde deberían llegar los trabajadores de las restantes localidades, sin importar la distancia. Además, recordaron que las integran médicos contratados por las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART).
"Estas condiciones son de cumplimiento imposible porque la ley 24.557, determina que las Comisiones Médicas dependan de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo de la Nación, y en cuanto a su número, de la voluntad del órgano nacional", explicaron sobre el condicionante, presentado como salvoconducto para su paso en la Legislatura provincial.
"Nosotros estamos aquí porque el pueblo no se entera lo que resuelven las instituciones de la democracia formal resuelven", argumentaron al ventilar el tramado fino de los últimos enroques sobre el tema. Cuál es la urgencia por adherir a la ley y a quiénes urge la cuestión, fueron algunos de los interrogantes que abrieron las exposiciones. "¿El Gobierno Nacional, los empresarios, quiénes, los trabajadores no?", plantearon.
Para los letrados, no se debe adherir a la ley en cuestión porque es lesiva para los derechos de los trabajadores por cuanto les impide acceder a la justicia laboral. Además, "pretende que las provincias, adhiriendo, cedan facultades indelegables, lo que implica violar el sistema republicano y federal, establecido por nuestra Constitución Nacional, lo que en sí mismo constituye motivo suficiente para que la Legislatura de Santa Fe, no adhiera al Título I, de las Comisiones Médicas.
Al respecto, destacaron que "el proyecto de adhesión, convalida que las Comisiones Médicas Jurisdiccionales sean equiparadas a órganos administrativos, aún cuando la jurisprudencia de la Justicia Laboral y la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación las haya declarado inconstitucionales". Y aseguraron que en realidad son juntas médicas por lo tanto no pueden equiparse a tribunales administrativos apelando a ese nombre, aseguraron.
"La provincia no puede adherir a un procedimiento que obliga a los trabajadores a someterse a un trámite que suspende por seis meses, su derecho a la jurisdicción, una limitación que no se impone a ningún otro sector social, constituyendo una evidente discriminación de clase", argumentaron.
