Cristina Fernández de Kirchenr deberá enfrentar un juicio oral y público por la causa dólar futuro

El juez federal Claudio Bonadio envió ayer a juicio oral y público a la ex presidenta Cristina Kirchner, en el marco de la causa denominada dólar futuro, que —según la acusación— horadó el patrimonio del Banco Central (BCRA) en 55.000 millones de pesos. La resolución alcanza también al ex ministro de Economía Axel Kicillof y al entonces titular de la entidad crediticia Alejandro Vanoli, junto a otros doce imputados.

Tras ser enviada a juicio, Cristina destacó —vía redes sociales— que la Auditoría General de la Nación (AGN) "avaló el balance de las cuentas públicas de 2015". Aunque el funcionario del organismo Alejandro Nieva aseguró que "es falso" que se haya aprobado el último año de gestión del anterior gobierno y enfatizó que hubo "importantes desvíos" en las partidas presupuestarias.

Bonadio consideró cerrada la instrucción de la causa y remitió el expediente a la Cámara Federal de Casación Penal para que sortee el tribunal que llevará adelante el debate, en fecha que aún resta determinar.

Todos están acusados por "la comisión del delito de administración infiel en perjuicio de la administración pública" y, en el caso de la ex presidenta, se trata de su primer juicio oral.

Al formular la acusación, el fiscal Eduardo Taiano sostuvo que "entre septiembre y noviembre de 2015 el BCRA negoció en el Mercado a Término de Rosario (Rofex) y en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) contratos de dólar futuro a valores inferiores del precio de mercado, transgrediendo lo establecido en su carta orgánica".

En la instrucción, los acusados señalaron que la operatoria obedecía a una "decisión de política económica" y que, por lo tanto, no era judiciable.

No obstante, la conducta adoptada por los procesados fue disímil: mientras la mayoría objetó los procesamientos y la elevación de la causa a juicio oral, otros, como Kicillof y Flavia Marrodán (ex directora del BCRA), solicitaron la elevación a juicio.

Al respecto, Kicillof entendió que "será en esa instancia en que se demostrará la veracidad de lo sostenido por la defensa en la instrucción", mientras que Marrodán sostuvo que en esa etapa "se harán valer los derechos resguardados constitucionalmente".

El magistrado, por su parte, se encargó de recordar en su resolución que "la defensa técnica de la procesada (en referencia a la ex presidenta), de manera improcedente y extemporánea, solicitó la elevación a juicio mediante una presentación que le fue devuelta al letrado".

"Como consecuencia de esa operatoria, a diciembre de 2015, el BCRA llegó a tener contratos abiertos en el Rofex y el MAE por casi 17 mil millones de dólares, con fecha máxima de vencimiento al 30 de junio de 2016", agregó el dictamen de Taiano.

El fiscal cuantificó que, "para hacer frente a esas obligaciones, el patrimonio del BCRA sufrió pérdidas por un monto de 77.325.739.338,60 de pesos, motivado en los pagos que realizó en los mercados de Rofex y MAE por los contratos liquidados al 29 de febrero de 2016".

"Como resultado neto de las operaciones a futuro, se verificó una pérdida, entre septiembre de 2015 y el 30 de junio de 2016, de 54.921.788.702,40 de pesos", añadió Taiano.

Bonadio dispuso "rechazar los pedidos de sobreseimiento" de algunos de los imputados, así como "las oposiciones a la elevación a juicio" de otros y, en ese contexto, decretó "la clausura de la instrucción" de las actuaciones.

El listado de quienes deberán comparecer en el juicio por la causa dólar futuro se completa con Miguel Angel Pesce, ex vicepresidente del Banco Central (BCRA), y Pedro Biscay, actual director de esa entidad.

Lo propio ocurre con Bárbara Domato Conti, Alejandro Formento, Juan Miguel Cuattromo, Mariano Beltrani, Germán Feldman y Sebastián Aguilera, ex directores del banco.

La nómina se completa con Cristian Girard y David Jacoby, ex presidente y ex vice de la Comisión Nacional de Valores (CNV), y Guillermo Pavan, otrora funcionario de ese organismo.

A su tuno, y en respuesta a lo sostenido por la ex jefa del Estado, Nieva explicó que la auditoría "no hace una evaluación de cómo administraron los fondos" los distintos gobiernos "sino lo ajustado al presupuesto del Congreso".

"Ahí notamos importantes desvíos porque no respetaron las partidas aprobadas por el Congreso, y hay observaciones relevantes sobre distintos aspectos de los recursos que se transfirieron a las provincias", precisó.