La Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado de la Nación abrió el debate para una ley que resuelva el problema de los créditos UVA hipotecarios que se otorgaron durante el gobierno de Macri y que más de 100 mil argentinos padecen como una soga al cuello: son cuotas indexadas por índice de costo de vida, y en la mayoría de los casos afectan de manera creciente el ingreso de los deudores. La media sanción que votó Diputados hace ya casi dos meses es considerada insuficiente por los deudores UVA que van por más. El próximo miércoles 6 de septiembre se abrirá una ronda de consultas con los tomadores de créditos y con representantes de las entidades financieras.
Son unos 105 mil argentinos que ataron su vivienda única familiar a una modalidad de crédito hipotecario que promovió en su momento el gobierno macrista: en pesos, a largo plazo, pero con un criterio de indexación de capital e intereses ligados a índice de costo de vida. En medio del crónico raquitismo de la oferta de créditos hipotecarios a largo plazo para comprar una primera vivienda para las clases medias (mucho más aún para los sectores populares) que padece la Argentina desde varias décadas (con la excepción de algún corto período luego del pago al FMI en 2006, o por programas específicos como el Procrear), miles de argentinos se la “jugaron” igual, y pusieron la firma a un crédito que los metió en la soñada casa propia, y, a la vez, los metió en un crédito impagable. La Argentina inflacionaria no empatiza con una cuota indexada por costo de vida, y durante décadas.
Con algunos parches parciales – evitar desalojos, extensión de plazos, y límite del monto de la cuota en la afectación de los ingresos- los tomadores de créditos sobrellevan la situación a duras penas y esperan una solución jurídica para los bancos y/o el estado pongan la plata para una cuota indexada que hoy muy pocos sueldos pueden afrontar. Muchos inclusos van a litigar a la justicia, y ya proliferan distintos fallos en varias provincias.
Hoy miércoles, la comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado abrió el debate sobre la media sanción a una ley que llegó de Diputados, luego de su tratamiento y aprobación, el último 6 de julio. Pero agrupaciones de “damnificados” volvieron a presentarse ahora ante los senadores, y pidieron se modifique y profundice el dictamen que llegó de Diputados.
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La media sanción prevé que la cuota no supere el 30 por ciento del ingreso familiar, que el nuevo índice de indexación sea por actualización de salarios y no de costo de vida, que se extiendan los plazos hasta un 25 por ciento más del tiempo original, de manera de posibilitar que la cuota “calce” en la relación con los ingresos, y entre otros aspectos, que si el tomador del crédito pierde su ingreso, un fideicomiso constituido especialmente para tal fin afronte hasta tres meses caídos de cuota (cuando el tomador del crédito, por caso, pierda su empleo y quede sin ingresos).
El 90 por ciento de los créditos otorgados en los años del macrismo salieron de los bancos públicos. Incluso otros nueve mil créditos de la modalidad Procrear -también en tiempos de Macri-, originariamente emitidos con la modalidad indexada UVA, durante el actual gobierno fueron reconvertidos, desindexados.
Para los sectores de ingresos medios, el problema de fondo para comprar una vivienda- en especial en los grandes centros urbanos- es el creciente desbalance entre el precio de la propiedad en dólares (creciente) y los ingresos salariales (decrecientes, medidos en la misma moneda). Con los ingresos obtenidos con los sueldos actuales no alcanza una vida entera para llegar a un departamentito modesto. O la vivienda la financia parcialmente el Estado, o los bancos, o no hay manera de acceder a una solución habitacional para sueldos medios.
Los senadores tienen la palabra mientras los deudores UVA están urgidos. Mas allá de los 105 argentinos que padecen las cuotas impagables de los créditos UVA, pero que habitan las casas que deben, muchos otros millones padecen en el mercado del alquiler, indexado, y sin el horizonte de una casa propia.
