Jonatahn Morel, el jefe de Revolución Federal, cobró varios millones de pesos de la familia Caputo.
La Justicia dispuso ayer las detenciones de cuatro integrantes del espacio Revolución Federal, entre ellos la de su líder, Jonathan Ezequiel Morel, en el marco de la causa en la que se investigan las amenazas y los mensajes violentos difundidos en redes sociales por esa agrupación.
Según indicaron fuentes judiciales, de los cuatro pedidos de detención, tres pudieron concretarse a la mañana y una cuarta persona se entregó a la tarde.
Morel fue apresado en la ciudad de Paraná, en tanto, en la provincia de Buenos Aires, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detuvo a otros dos integrantes del espacio: Gastón Guerra y Leonardo Sosa.
En las últimas horas Morel, publicó en su estado de Whatsapp una foto con un micro en Retiro diciendo “chau”, según reportó una persona que lo tiene entre sus contactos.
La cuarta orden de detención pesaba sobre Sabrina Basile, también miembro del grupo e hija de Alfio Coco Basile, ex director técnico de Boca, Racing y la Selección nacional, quien se entregó a la tarde y quedó bajo arresto. Basile se presentó pasadas las 16 y la trasladaron a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, donde quedó detenida.
La detenciones fueron ordenadas por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, en el marco de un expediente que aún se encuentra bajo secreto de sumario y cuya investigación está delegada en el fiscal Gerardo Pollicita.
A los acusados se les atribuyen los delitos de incitación a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones y apología del crimen, según detallaron fuentes judiciales.
Las detenciones no fueron los únicos procedimientos. Hubo allanamientos que incluyeron la sede de la firma Caputo Hermanos, en la avenida Santa Fe al 1300, en la Capital Federal.
Esa empresa, que pertenece a los hermanos del ex ministro macrista Luis Caputo, aparecía haciéndoles transferencias de dinero a través de fideicomiso a Morel y sus allegados. La compañía se presentó anteayer en la causa para explicar que eran trabajos de carpintería.
En esa causa también actúa como querellante la vicepresidenta Cristina Kirchner, representada por los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, dado que fue víctima directa de muchas de las amenazas y de los mensajes violentos blandidos por Revolución Federal.
La causa tramita por separada de aquella en la que se investiga el intento de magnicidio contra Cristina, que tuvo lugar el 1º de septiembre pasado y por el cual están detenidas cuatro personas: Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte, Agustina Díaz y Nicolás Carrizo.
Ese expediente tramita en el juzgado federal a cargo de María Eugenia Capuchetti, con intervención del fiscal Carlos Rívolo.
En su momento, Martínez de Giorgi había resuelto que la causa radicada en su juzgado pasara al de su colega Capuchetti. Pero la jueza lo rechazó porque consideraba que, de momento, no habían elementos concretos que permitieran establecer una conexidad entre los dos expedientes.
A la hora de dirimir la divergencia entre los dos jueces, el presidente de la Cámara Federal porteña, Mariano Llorens, le dio la razón a Capuchetti y determinó que los casos siguieran su trámite por separado.
En la causa en la que se investiga el accionar de Revolución Federal está la información que en su momento aportó la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) a la Justicia federal y que incluye audios intercambiados durante una transmisión en vivo realizada el 26 de agosto de 2022 por el grupo a través de la plataforma Twitter Space, que fue convocada bajo el título “¿Hay que pudrirla?”.
En uno de los audios desgrabados que forman parte de aquella presentación se menciona la posibilidad de que alguien se infiltre entre los simpatizantes de la vicepresidenta para hacerla “pasar a la historia”, en referencia a la intención de cometer un magnicidio, algo que efectivamente se intentaría menos de una semana más tarde.
“Hoy, por ejemplo, veía cómo Cristina saludaba a La Cámpora y a la militancia y decía: lástima que a mí ya me conocen la cara porque si no sabés cómo me infiltro ahí una semana y espero que baje...”, sostuvo uno de los miembros de Revolución Federal.
En ese expediente se detectaron una serie de pagos millonarios a Morel, referente de Revolución Federal, y a dos socias suyas por parte de dos fideicomisos vinculados a la firma Caputo Hermanos, según trascendió la semana pasada de fuentes de la investigación.
Los pagos de la firma vinculada a familiares del ex ministro de Finanzas del ex presidente Mauricio Macri alcanzarían los 7 millones de pesos y habrían sido realizados a Morel y a dos mujeres por actividades de carpintería, detallaron las fuentes.
Ubeira había reclamado que se investigue el financiamiento de Revolución Federal y consideró que los aportes a esa entidad realizados por la familia del ex ministro Caputo “no son una casualidad”.
“Habría que tener algún grado de romanticismo para creer que la presencia de la familia Caputo es casualidad en los aportes que reciben estas personas. Habían arrancado con una transferencia de un 1.700.000 pesos y, después, hay otra de 7.000.000 millones. Si hay alguna explicación, que la den”, señaló Ubeira.
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