Santa Fe reclama que la Nación cumpla con los fondos para la Caja de Jubilaciones

La Administración Nacional de Seguridad Social acumula dos meses de retraso en la transferencia de fondos para financiar parte del déficit de la Caja de Jubilaciones de Santa Fe. Así lo confirmó el ministro de Economía de la provincia, Pablo Olivares, quien aseguró que el Estado santafesino “seguirá reclamando con la expectativa de que la situación pueda regularizarse en el corto plazo”.

El convenio para restablecer una porción del flujo del fondos que debe girar por ley el gobierno nacional con destino al organismo previsional fue firmado en abril pasado. El compromiso fue transferir $120 mil millones en un año, en cuotas mensuales de $10 mil millones, a modo de anticipo a cuenta del resultado final del ejercicio 2026.

Por acuerdos históricos, luego confirmados por ley, el Estado nacional debe financiar parte del déficit de las Cajas previsionales no transferidas en los años 90. La de Santa Fe es una de ellas. El incumplimiento de esos pactos motivó un reclamo judicial que se tramita en la Corte Suprema. El conflicto se agravó en 2024 con la decisión de la administración Javier Milei de suspender por decreto el flujo mensual de fondos.

Dos años después, por un acuerdo firmado entre el gobernador Maximiliano Pullaro y la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello, se restituyó ese flujo, al tiempo que se abrió una negociación para conciliar y saldar el stock de deuda acumulado por los ejercicios de 2020 a 2025.

A poco de firmarse ese compromiso, comenzaron los atrasos. “Aproximadamente se adeudan ya dos meses, esperamos que esto se pueda regularizar en breve pero eso no quita que no lo reclamemos o hagamos valer y respetar los acuerdos firmados”, señaló Olivares el viernes, en la previa al acto por el aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario al que asistió el presidente Javier Milei.

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Santa Fe y Nación

Con este incumplimiento, la relación financiera entre la provincia de Santa Fe y el gobierno nacional sumó una nueva complicación, en un contexto caracterizado por una generalizada escasez de recursos.

“Ni Santa Fe ni nadie nada en abundancia, de hecho, esa palabra no existe en ningún lado en el país”, señaló el ministro, quien subrayó que, en ese marco, la estrategia de la provincia es “fijar prioridades para obtener tres objetivos en simultáneo”. Y enumeró: “Invertir en la infraestructura que necesita el aparato productivo, prestar los servicios en la cantidad y la calidad que los 3.700.000 santafesinos requieren y merecen, y cuidar el poder adquisitivo de los trabajadores públicos”.

En ese sentido, señaló que “la calidad de crédito de Santa Fe permitió hacer un puente ante los recursos escuálidos que vienen de una macroeconomía que todavía no levanta”.

Esta crisis se ve reflejada en los ingresos por coparticipación federal que, en el acumulado del año “muestran una caída real de entre el 3 % y el 5 %”, más allá de “algún mes puntual en que la recaudación nominal logró empatar interanualmente con la inflación”.

Frente a esta merma, el gobierno santafesino se sumó a los que tomaron adelantos de coparticipación ofrecidos por la administración nacional. “Se utilizó una parte, justamente estamos evaluando la posibilidad de volverlo a regularizar en lo que va de este año o de poder utilizar ese crédito que tiene el Estado nacional con Santa Fe para cobrar algunas acreencias que tiene la provincia”, explicó.

Dentro de un panorama en el que “los recursos caen en términos reales mientras las demandas que tenemos que satisfacer aumentan”, desde Economía esperan que “a fines de este año o principios del que viene la recaudación comience a crecer; no porque se apliquen más impuestos sino porque la propia actividad económica empiece a reactivarse”

El titular de la cartera económica descartó la posibilidad de que, como ocurrió el año pasado a esta altura, las provincias se pongan de acuerdo para presionar por un cambio en el reparto de recursos federales.

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“Siempre es una discusión y un tema que se aborda entre las provincias; sin embargo, resolver el dilema del régimen de coparticipación es sumamente complicado por la necesidad de unanimidad que establece la propia ley; veo muy escasas posibilidades de que esto se resuelva de aquí al final de los mandatos actuales, tanto nacionales como provinciales”, opinó.

Entendió, en ese sentido, que para discutir estos temas se necesitan “tiempos económicamente normales, ya que no se puede debatir en momentos de emergencia, y, tiempos políticos un poco menos agitados”.

El debate por la coparticipación federal

En relación al impacto de la tensión fiscal en los municipios santafesinos, Olivares señaló que la provincia implementa “una política proactiva y preventiva con los que muestran debilidades en sus cuentas”, a través de “asesoramiento y apoyo técnico” para que “optimicen la gestión de sus recursos locales, reduzcan la mora fiscal y hagan rendir mejor sus propias cuentas antes de requerir un auxilio financiero directo del Tesoro provincial”.

“De todos modos, en aquellas situaciones muy puntuales donde la asistencia financiera resulta estrictamente indispensable, la provincia continúa otorgando auxilios económicos para sostener la gobernabilidad en el territorio”, señaló el ministro.