El proyecto original eliminaba el tope vigente del 15% y no ponía ninguna restricción, pero el oficialismo ahora propone elevarlo al 25%. Patricia Bullrich negoció el cambio con los bloques aliados para evitar otro fracaso en el Senado
Foto: Archivo / La Capital.
La encargada de negociar la nueva versión de la ley de tierras es la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich.
El gobierno de Javier Milei se vio obligado a resignar parcialmente uno de los puntos centrales de su reforma de la Ley de Tierras para intentar conseguir los votos necesarios en el Senado. Después de promover la eliminación de todos los límites para la compra de campos por parte de extranjeros, el oficialismo ahora analiza mantener un tope, aunque más alto que el actual: pasaría del 15% al 25% de las tierras rurales de cada provincia.
La modificación forma parte de un nuevo borrador del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que comenzó a circular entre los senadores de La Libertad Avanza y los bloques aliados. La iniciativa será uno de los ejes de la sesión prevista para este jueves 6 de agosto, cuando la Cámara alta reanude el cuarto intermedio dispuesto en julio ante la imposibilidad del oficialismo de reunir los apoyos necesarios.
El texto que se negocia establece “la prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de personas humanas o jurídicas, de nacionalidad extranjera, por encima del veinticinco por ciento en el territorio de cada provincia”. De aprobarse esa redacción, se ampliaría en diez puntos porcentuales el límite vigente, pero quedarían descartadas las pretensiones originales del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien impulsaba una apertura sin restricciones.
La Ley 26.737, sancionada en 2011, establece que las personas físicas y jurídicas extranjeras no pueden poseer más del 15% de las tierras rurales en los ámbitos nacional, provincial y departamental o municipal. También determina que los propietarios de una misma nacionalidad no pueden concentrar más del 30% de ese cupo y fija límites para las adquisiciones individuales en la zona núcleo agropecuaria.
La propuesta enviada originalmente al Congreso derogaba los artículos que fijan el techo del 15% y el máximo de mil hectáreas para un mismo propietario extranjero en la zona núcleo. El argumento del gobierno era que esas restricciones desalentaban inversiones en actividades agropecuarias, forestales, portuarias y vinculadas con las economías regionales.
Sturzenegger también fundamentó la apertura en el artículo 20 de la Constitución Nacional, que reconoce a los extranjeros el derecho a poseer, comprar y vender bienes raíces en las mismas condiciones civiles que los ciudadanos argentinos.
Sin embargo, el rechazo generado por la iniciativa y la resistencia de varios senadores aliados obligaron al oficialismo a retroceder. La alternativa de elevar el límite al 25% supone abandonar la eliminación completa de las restricciones y admitir que continuará existiendo un trato específico para la propiedad extranjera de tierras rurales.
La encargada de negociar la nueva versión fue la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich. La senadora habría comunicado a la Casa Rosada que, sin una concesión de ese alcance, la aprobación del proyecto estaba prácticamente descartada.
Hasta este fin de semana, las cuentas del oficialismo mostraban entre 34 y 35 adhesiones, por debajo de los votos que necesitaba para garantizar la media sanción. Con el nuevo texto, Bullrich busca sumar a legisladores radicales y representantes de bloques provinciales que habían advertido que no acompañarían una eliminación absoluta de los controles.
La discusión ya atravesó al menos 17 versiones y cinco intentos fallidos de tratamiento en el recinto. En la sesión del 16 de julio, La Libertad Avanza tampoco consiguió reunir los votos y Bullrich pidió un cuarto intermedio hasta este jueves.
Antes de esa sesión, la jefa del bloque oficialista había acordado con sectores aliados permitir que las provincias establecieran sus propios límites mediante leyes locales. Los equipos de Sturzenegger rechazaron inicialmente esa alternativa, pero la falta de respaldos terminó imponiendo la postura de Bullrich.
Esa concesión, sin embargo, tampoco alcanzó para asegurar la aprobación. Las críticas de organizaciones sociales, entidades ambientalistas, sectores políticos y gobernadores aumentaron la presión sobre los senadores. Para el día de la sesión también está prevista una movilización frente al Congreso contra la flexibilización de la Ley de Tierras.
Dentro del propio oficialismo reconocen que la reforma abrió un frente de conflicto que condiciona otras negociaciones parlamentarias. Algunos senadores libertarios cuestionan que los proyectos desregulatorios enviados por Sturzenegger obliguen a utilizar acuerdos y concesiones que el Gobierno necesita para avanzar luego con otras iniciativas, entre ellas la reforma política.
Otro factor que alteró el tablero fue la disputa política en Misiones. Hasta hace pocos días, el oficialismo daba por descontados los votos de los senadores Sonia Rojas Decut y Carlos Arce. Pero la ruptura entre el gobernador Hugo Passalacqua y el dirigente Carlos Rovira modificó ese escenario.
Fuentes parlamentarias estiman que Rojas Decut rechazaría el proyecto, en línea con Passalacqua. Arce, en cambio, podría constituir un monobloque y acompañar la propuesta como señal de alineamiento con Rovira, aunque su posición todavía no estaba confirmada.
La pérdida de un apoyo misionero se sumó a las dudas de otros legisladores provinciales. “Los gobernadores van a definir la ley: no quieren pagar ese costo”, resumió una fuente parlamentaria involucrada en las conversaciones.
Bullrich tiene previsto explicar públicamente este martes el alcance del nuevo texto. La conferencia será compartida con las senadoras libertarias Nadia Márquez y Agustín Coto, después de una reunión virtual del bloque destinada a ordenar el discurso con el que defenderán la reforma.
El oficialismo llegará así al recinto con una posición muy distinta de la que sostuvo al comienzo del debate. La iniciativa que pretendía habilitar la compra de tierras rurales sin límites conservaría finalmente una restricción nacional y ampliaría el porcentaje permitido del 15% al 25%.
La concesión expone la dificultad del Gobierno para reunir respaldos y busca impedir que la reforma vuelva a naufragar. La advertencia circula incluso entre los senadores: pese a los cambios, todavía no está claro si Bullrich alcanzará los votos necesarios para aprobarla.
En la votación tampoco intervendría Victoria Villarruel ante un eventual empate. La vicepresidenta ya manifestó su rechazo al proyecto y acusó al Gobierno de querer “rifar” el país, pero este jueves quedaría a cargo del Poder Ejecutivo por el viaje de Milei a Ecuador y Colombia. La sesión sería presidida por el titular provisional del Senado, el libertario Bartolomé Abdala.
Por Gonzalo Santamaría
