Gabriel Mizzau cerró un acuerdo con la Procunar antes de la audiencia de control de la acusación. Es el tercer imputado colaborador en el caso
Bailaque seguirá con prisión preventiva domiciliaria
Marcelo Bailaque se encuentra bajo un régimen de prisión domiciliaria.
Un nuevo acusado en la causa que tiene como protagonista a Marcelo Bailaque decidió aceptar su responsabilidad penal en la recta final hacia el juicio. Fuentes oficiales confirmaron este miércoles que el contador del exjuez federal de Rosario aportó una declaración como arrepentido a cambio de una condena atenuada.
El jefe de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias, dio a conocer el cambio dentro de la causa durante la audiencia de control de la acusación contra el magistrado que renunció a su cargo el año pasado por múltiples denuncias de corrupción. Gabriel Mizzau sumará su testimonio como imputado colaborador a partir de un acuerdo sellado poco antes de la presentación de las partes.
Según indicó el fiscal ante la Cámara Federal de Apelaciones de la ciudad, el contador "reconoció los hechos y la calificación jurídica" de los delitos que le atribuyeron en el marco del vínculo con su cliente. Esta relación era la misma que mantenía con Esteban Lindor Alvarado, uno de los narcotraficantes más importantes de la región.
La conexión entre Bailaque y el nuevo imputado colaborador del caso tiene una faceta personal de larga data. Ambos se conocieron en la escuela secundaria. A pesar de estos antecedentes, Mizzau ofreció su testimonio este martes como evidencia para esquivar el juicio y acceder a una pena menor.
Iglesias detalló que el asesor contable aportó "información de carácter patrimonial" del extitular del Juzgado Federal 4 de Rosario. La declaración se convertirá en una pieza clave para avanzar en investigaciones vinculadas con la denuncia de irregularidades alrededor de la intervención de la Cooperativa de Trabajadores Portuarios de Puerto General San Martín.
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En este último caso, el magistrado que estaba a cargo de la causa fue imputado por incumplimiento de deberes de funcionario y prevaricato. Dentro de otros expedientes conexos lo acusaron por extorsión, falsificación de documentos, abuso de autoridad, lavado de activos y allanamientos ilegales.
En lo que respecta a las cooperativas de Puerto San Martín y San Lorenzo, Bailaque quedó en la mira judicial por la transferencia de mil millones de pesos a la financiera de Fernando Whpei. El empresario también decidió declarar como arrepentido al respecto.
Mizzau resolvió sumar su declaración como evidencia dentro de la causa tras haber sido imputado como cómplice dentro de la red de protección de los negocios ilegales de Alvarado en los Tribunales. El tercer colaborador de la lista fue Carlos Vaudagna, por entonces titular local de la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip).
En febrero pasado, los fiscales Juan Argibay Molina, Sergio Rodríguez y Federico Reynares Solari pidieron una condena a 10 años de prisión para el exjuez federal por los distintos hechos de corrupción. La acusación se extendió a su esposa Graciela Martínez Maulión y al escribano Santiago Busaniche.
Entre otras maniobras ilegales, los investigadores denunciaron que el magistrado montó una causa penal falsa para exigirles 200.000 dólares a dos empresarios bursátiles. Al margen de esta extorsión, descubrieron evidencia de que cobró un alquiler fantasma durante 6 años desde una mutual ligada a Whpei.
En lo que respecta a la abogada Martínez Maulión, el Ministerio Público Fiscal (MPF) pidió una pena de 4 años y 6 meses de prisión por lavado de dinero mediante la compra de un lote en Funes. En tanto, Busaniche puede llegar a recibir una condena a 6 años de cárcel como consecuencia de las extorsiones.
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