Finalmente, le dictaron prisión preventiva por 90 días al financista Fernando Whpei, acusado de participar en una extorsión a un empresario y por el manejo de fondos millonarios irregulares de una cooperativa, todo en complicidad con el juez federal Marcelo Bailaque.
El juez de Garantías Eduardo Rodrígues Da Cruz avaló el pedido que hizo el titular de la Procelac, Diego Velasco, que solicitó la prisión preventiva de Whpei, quien sobre el final de la audiencia hizo un pedido especial para que, en caso de dictarle prisión, sea domiciliaria.
"Tengo una hija discapacitada y una mujer inmunodeprimida. Si no estuviera en casa, no sabría cómo hacer para ayudarlas. Pido que consideren la domiciliaria. Tengo algunos ingresos, pero vivo por y para mi hija", fundamentó frente a la justicia federal.
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Fernando Whpei en la audiencia imputativa
LA CAPITAL / Virginia Benedetto
Whpei, a prisión
Ese fue uno de los últimos tramos de relevancia de la larga audiencia de siete horas que se vivió en los tribunales federales. Finalmente, se le dictó la preventiva no domiciliaria pero se evaluará el estado de salud y condiciones de su hija.
La prisión preventiva se dictó en base a la existencia de peligro de fuga. El fiscal señaló que el financista tiene embarcación propia y que en los últimos cinco años hizo 69 vuelos en avionetas privadas.
El juez Bailaque fue acusado de armar una causa penal en 2019 para exigirle al agente de bolsa Claudio Iglesias una suma de 250 mil dólares para desarmar un proceso judicial en marcha en su contra por lavado de dinero. Según declaraciones de Iglesias fue el propio Whpei quien se encargó de gestionar el cobro de esa suma.
Los nombres y la implicación en la maniobra también los ventiló el extitular de la Afip, Carlos Vaudagna, en sus declaraciones como testigo colaborador en la causa. Una de las razones de la extorsión, según declaraciones dadas en Tribunales, tenía el objetivo de evitar que Iglesias asumiera la presidencia del grupo asegurador San Cristóbal.
Whpei aparece en otro episodio delicado. Se trata del manejo de los fondos de la Cooperativa de Estibadores de Puerto San Martín, que tras la caída del sindicalista Herme Juárez, alias Vino Caliente, a quien lo habían procesado por lavado de dinero, fue intervenida. En mayo de 2021, trabajadores de la cooperativa denunciaron ante la Cámara Federal de Rosario que la intervención, había transferido 1.000.000 de pesos a la Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales, una financiera que pertenecía al Grupo Unión, que está controlada por los hermanos Fernando y Guillermo Wphei.