La CGT apunta contra dos camaristas por supuestos conflictos de interés y cuestiona la intervención del Estado
La CGT presentó un amparo ante la Justicia para intentar frenar la reforma laboral.
La Confederación General del Trabajo (CGT) recusó este lunes a los dos jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que revocaron la medida cautelar contra la reforma laboral y solicitó la “nulidad absoluta” del fallo que restableció la vigencia de la ley.
La central obrera presentó una recusación “con causa” contra los magistrados Víctor Arturo Pesino y María Dora González, integrantes de la sala que dejó sin efecto la cautelar que había suspendido 82 artículos de la reforma. Según el planteo, ambos jueces incurrieron en “prejuzgamiento” al adelantar opinión sobre cuestiones de fondo aún no resueltas.
En el escrito, la CGT también recusó específicamente a Pesino por presunto “favorecimiento de la demandada” —el Estado nacional— y por la existencia de un pedido ante el Consejo de la Magistratura para que continúe en el cargo más allá de los 75 años, iniciativa publicada en el Boletín Oficial. Para la central sindical, la posibilidad de extender su permanencia en la función judicial constituye “un beneficio a todas luces mayúsculo” que configura “una conducta contraria a la ética” y una causal objetiva de apartamiento.
El documento cuestiona además la conducta del Estado, a la que califica como “descalificable”, por promover la continuidad de un magistrado que “acaba de fallar a favor de la posición oficial”. En términos críticos, advierte que esta situación afecta la confianza pública y erosiona la división de poderes y la credibilidad del Estado de Derecho.
La presentación lleva la firma del abogado laboralista Pablo Topet, referente del equipo legal de la CGT, y reserva la facultad de acudir ante la Corte Suprema.
La CGT sostiene que el fallo fue dictado por jueces “comprendidos en causales legales de recusación”, con “ausencia de competencia” y sobre la base de “evidentes y manifiestos errores”.
En su resolución, Pesino y González consideraron que la reforma laboral no afecta a “sectores socialmente vulnerables” ni compromete “la vida digna conforme la Convención Americana de Derechos Humanos”. Estas afirmaciones motivaron el planteo de la central, que interpretó que los magistrados adelantaron criterio sobre la cuestión de fondo al sostener, en los hechos, que los trabajadores en relación de dependencia no constituyen un sector vulnerable.
La organización sindical expresó su “desazón” frente a que jueces con trayectoria en materia laboral concluyan, en esta instancia preliminar, que no se encuentra comprometida la vida digna ni que los derechos laborales tengan carácter alimentario.
La semana pasada la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo revocó el fallo que suspendía 82 artículos de la reforma laboral y de esta forma volvió a tener vigencia la ley 27.802 impulsada por el gobierno. Quedó sin efecto la medida cautelar dictada por el juez nacional Raúl Ojeda, mientras continúa el análisis de fondo sobre su constitucionalidad.
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