El proyecto de presupuesto enviado por el gobierno nacional tendrá como regla fiscal garantizar el pago de la deuda pública, un tema que inquieta a los organismos internacionales de crédito y acreedores privados del Estado argentino. Sobre esa base, buscará un superávit primario que garantice la cobertura de esos servicios. La obra pública y, los subsidios a las tarifas estarán en la primera línea de recorte de la motosierra. Las provincias también están la mira. Con excepción del impuesto País, que vence en diciembre próximo, no habrá nuevas bajas tributarias. Sí se sentirá la reducción de ingresos por Bienes Personales, a partir del régimen especial de anticipo y reducción de alícuota que se aprobó en el paquete fiscal que acompañó a la ley Bases.
El gobierno espera tener un superávit primario de 1,5% del PBI en 2025, en un contexto de crecimiento anual del 5%, un dólar oficial de u$s 1.207 en diciembre de 2025, en base a una tasa de devaluación fija que irá reduciéndose para terminar en torno al 0,6% de suba mensual nominal.
La inflación esperada es de 18% “punta a punta”, para lo cual debería reducirse a 0,8% mensual en dic-2025. Implica una inflación promedio de 40% el año próximo.
Para respetar la “regla fiscal”, el proyecto determina la proyección de ingresos y a partir de allí, calcula las partidas de gasto que tienen ajustes automáticos, como por ejemplo jubilaciones, y se determina el margen fiscal para el gasto discrecional remanente, que se asigna a distintas partidas en función de una serie de prioridades. El programa Alimentar, y la educación universitaria, pese al veto anunciado esta semana, están en el listado. Los gastos de capital seguirán pisados.
Los gastos totales de la administración fueron estimamos en $ 115.924.195 millones, con un aumento de 32,9% interanual. En el consolidado del Sector Público Nacional llegarán a $ 125.744.647 millones (16,5% del PIB). El gasto primario representa el 15,2% del PBI, 0,2 puntos porcentuales menos que en 2024.
Los números del presupuesto estiman n déficit financiero por $ 2.326.807 millones en la administración nacional, equivalente a 0,4% del PBI. En el caso del sector público habría un superávit primario de $ 8,7 billones (1,5% del PIB) y un equilibrio financiero.
Los recursos totales de la Administración Pública Nacional en 2025 se estiman en los $ 113.597.387 millones (14,9% del PIB y 34,8% más que en 2024). Los mayores incrementos se darían en monotributo (que se triplicaría de un año al otro), combustibles (155% de aumento) y derechos de exportación, caso en el que el curiosamente el gobierno espera una duplicación de ingresos. La estimación de recaudación por Bienes Personales baja 22,7%. Los recursos totales estimados para todo el Sector Público Nacional serían $ 125.936.982 millones, 16,5% del PIB (0,2 puntos porcentuales menos que en 2024).
Claudio Lozano, presidente de Unidad Popular, señaló que los límites sobre la recaudación en el presupuesto conviven con una necesidad creciente de gastos por deuda tanto por el traslado al Tesoro de la deuda del Banco Central, como por el aumento de los compromisos en divisas. “La deuda bruta del Tesoro aumentó u$s 81.398 millones en estos meses”, dijo.
La amenaza más potente contra las provincias la hizo el presidente Javier Milei el domingo por la noche, cuando advirtió a los gobernadores que deben realizar un ajuste adicional de u$s 60 mil millones. Algunos analistas estiman que es el total del gasto de los Estados subnacionales. En Santa Fe es más de doce veces el presupuesto 2024 aprobado el año pasado y casi ocho veces de lo que se estima que se terminará ejecutando (el acumulado a julio ya muestra gastos por $ 4,34 billones).
El gobernador Maximiliano Pullaro proyectó que, en base al discurso de Milei, a Santa Fe le corresponderían alrededor de u$s 5.500 millones y el presupuesto de u$s 8.000 millones. En tanto, el ministro de Economía, Pablo Olivares, dijo que Nación no puede exigir porque no aporta más allá de lo que corresponde por ley de coparticipación. “Milei dijo que redujo el 4% del PBI y ahora le pide a las provincias que bajen un 11%, un esfuerzo cuatro veces mayor porque Nación representa un 56% del gasto público consolidado y las provincias 36%”, dijo.
La realidad es que los gobernadores están aplicando su propia motosierra de más del 20% real interanual, dijo Alejandro Pegoraro, director de Politikon Chaco. El economista analizó, además, las proyecciones del presupuesto y concluyó que habría un aumento del 39% en las transferencias automáticas a provincias, totalizando un envío de recursos por el equivalente al 8% del PBI. Incluso aumentarían casi 70% los envíos no automáticos, a $ 3,6 billones Y hay un crédito presupuestario por $ 254.421 millones de Ansés para transferencias a cajas previsionales provinciales.
Para el director de Politkon Chaco, Milei estima que en 2025 las provincias en conjunto cerrarían con un superávit primario del 0,3% de PBI. Y no quiere que lo apliquen al gasto.
