La Casa Gris resolvió ayer poner punto final a la concesión de la autopista Rosario-Santa Fe. Lo que aún no está resuelto es si el epílogo "anticipado" de la relación contractual entre la provincia y la firma Arssa será "una solución amigable", como aspira la Gobernación, o lisa y llanamente rescisión unilateral, como le reclamó anoche por enésima vez la oposición parlamentaria al ministro de Infraestructura José Garibay en su paso por la comisión de Obras Públicas de la Cámara baja y en cuyo transcurso el funcionario oficializó la decisión que se terminó de madurar la mañana de ayer.
Tal vez por la anunciada decisión de la empresa de reclamar por "el retraso de tarifas y obras impagas", Garibay evitó ayer en todo momento emplear el término rescisión, lo que podría implicar una decisión unilateral del estado susceptible de resarcimiento por parte de la empresa: "La decisión que hemos tomado es dar por concluido anticipadamente el contrato (de concesión a Arssa que vencía dentro de cinco años), en el cual una de las cláusulas fundamentales era la repavimentación de toda la autopista, lo que no fue posible por causas que alega la concesionaria y sobre las cuales estudiaremos la razonabilidad o no que tienen con un apoyo externo (auditoría mediante) de la facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Rosario, y de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral, para estudiar la salida legal y técnica del contrato", explicó el funcionario.
A cargo transitoriamente. "De ahora en adelante EM_DASHprecisóEM_DASH, la provincia se hará cargo transitoriamente del control de la autopista, se continuará con el sistema de peaje, y con presupuesto propio de la provincia vamos a tener una vía que los usuarios merecen", sostuvo Garibay que además dijo que "en 30 a 60 días definiremos con los equipos técnicos de Fiscalía de Estado si hubo responsabilidades y si caben sanciones para la concesionaria".
"Veremos también si hay que compensar lo que la provincia le debe a la empresa concesionaria por el costo de la tarifa que en algunos momentos estuvo por debajo de los costos estipulado que serían unos 30 millones de pesos", estimó Garibay que reconoció además que el costo de los trabajos de repavimentación rondará entre 1.000 y 1.500 millones de pesos.
Según consignó el ministro "no hay plazos" para el llamado a licitación de una nueva concesión, aunque sí anticipó la decisión de que Vialidad provincial comience a trabajar en la repavimentación de las dos calzadas de la autopista que el concesionario incumplió. Desde Arssa justifican tal incumplimiento en vicios de la construcción de la calzada previos a la concesión iniciada en 2011, luego de que finalizara el vínculo con Aufe, la anterior concesionaria. También en desfasajes en la ecuación económico financiera.
La provincia proyecta que la nueva concesión "opere en el mantenimiento preventivo, regular y operacional de la autopista como los consorcios camineros que tenemos en la provincia", concluyó Garibay.
Rescisión o acuerdo. "Ojalá que el gobierno de la provincia reflexione y piense seriamente que el paso es la rescisión, no un acuerdo amigable porque hay un incumplimiento manifiesto por parte de la empresa que lleva adelante la explotación de la autopista que tenía que repavimentar toda la traza de la autopista y todos saben que esto no es así y no tenía ninguna intención de hacerlo", resumió su impresión el diputado justicialista Luis Rubeo a quien lejos de convencer las explicaciones del ministro Garibay todo le pareció "la crónica de un final anunciado".
En la picante reunión de la comisión de Obra Públicas el titular de Infraestructura también recibió serios reproches del legislador del PPS Héctor Cavallero que interrumpió las explicaciones que daba Garibay para advertir: "Es una barbaridad que la provincia se haga cargo de la repavimentación de la autopista para entregarlas a una nueva concesión" (ver recuadro).
Otros legisladores. Del cónclave en la Casa de las Comisiones de Diputados participaron además los legisladores oficialista Fabián Palo Oliver, Rubén Giustiniani y Clara García.
La legisladora oficialista en el encuentro defendió la decisión gubernamental tomada y argumentó que "la provincia afrontará en la autopista un peaje sin ningún tipo de subsidio de la Nación".
