El 24 de noviembre pasado se cumplió un año de los históricos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, haciendo lugar al reclamo de la provincia de Santa Fe, declararon inconstitucional la deducción del 15 por ciento de la coparticipación que operaba el gobierno central para financiar la Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) y del 1,9 por ciento con destino a la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip). A pesar del tiempo transcurrido y de la importancia política y económica de estas sentencias no se ha formulado hasta ahora una propuesta concreta por parte del Poder Ejecutivo nacional para cumplir con el histórico fallo.
En tiempos en los que se deben dar señales claras y contundentes hacia un mejor funcionamiento de las instituciones democráticas, sería inadmisible que el gobierno central no acate lo dispuesto por el máximo tribunal de la República Argentina y se nos prive a los santafesinos y santafesinas de recibir los recursos que por derecho nos corresponden.
El gobierno nacional debe asumir sin dilaciones que el federalismo antes que una cuestión meramente discursiva o simbólica se traduce en la concreta transferencia de recursos para que las provincias puedan hacerse cargo de las responsabilidades que les han sido delegadas.
Vale recordar que varias provincias resultaron afectadas cuando el 1º de enero de 2006 el gobierno central prorrogó de forma unilateral el denominado "Acuerdo entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales", que databa del 12 de agosto de 1992 y había sido prorrogado sucesivamente mediante diversos pactos intrafederales de la misma naturaleza. El entonces gobernador Jorge Obeid no ratificó aquel pacto fiscal, lo que posibilitó que en 2009, durante la gestión de Hermes Binner, Santa Fe inicie un litigio para defender sus intereses, planteo que se continuó durante el gobierno de Antonio Bonfatti, a los fines de que dejaran de operarse estos arbitrarios descuentos.
Finalmente, el 24 de noviembre del año pasado, con el voto de los ministros Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda, la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó que era inconstitucional la deducción del 15 por ciento de la masa de impuestos coparticipables que realizaba el Estado nacional sin el acuerdo de las provincias para financiar a la Ansés, así como los fondos retraídos para el sostenimiento de la Afip.
Si bien la detracción cesó a partir de diciembre de 2015, las sumas retenidas indebidamente durante años —más los intereses correspondientes— todavía no han sido restituidas y tampoco existe un plan para determinar el monto total de la deuda, que supera los 24 mil millones de pesos en términos históricos, ni para proceder a su devolución.
Decimos que estos fallos fueron históricos no sólo para Santa Fe sino porque ayudaron a reconfigurar el sistema de coparticipación federal dado que luego la Nación acordó con las provincias que no demandaron una devolución progresiva de la coparticipación. A pesar de que nuestra provincia generó este precedente con su valiente reclamo, aún no ha sido convocada formalmente —como lo estableció la Justicia— para analizar y consensuar con la administración central un plan que permita hacer efectivas las sentencias, toda vez que dado el elevado monto es comprensible que no se produzca una transferencia completa y automática.
Fue voluntad de los ex gobernadores Hermes Binner y Antonio Bonfatti en nombre de todos los santafesinos y santafesinas plantarse para exigir lo nos corresponde, en un juicio que se extendió por seis años y a la postre obtuvo fallos favorables. Hoy, sin embargo, y a pesar de las gestiones realizadas por el actual gobernador Miguel Lifschitz, no conocemos una propuesta concreta del gobierno central para encauzar el cobro de la deuda.
Somos los santafesinos y santafesinas quienes esperamos que a la brevedad, el gobierno nacional convoque a Santa Fe y se puedan establecer plazos y modalidades para comenzar a saldar esta deuda histórica. Somos los santafesinos y santafesinas quienes conocemos las inequidades que todavía persisten en nuestro territorio y a quienes nos corresponde decidir sobre el destino de los fondos de esa deuda. Podrán ser para construir más viviendas, más rutas, más infraestructura social, más acueductos, más hospitales, más escuelas y/o los recursos necesarios para seguir mejorando los servicios del estado provincial. En definitiva, somos los santafesinos y santafesinas los que queremos que se respeten las instituciones republicanas y se cumpla con el tantas veces declamado federalismo.
