El diputado nacional y ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido fue procesado por supuestas irregularidades en el otorgamiento de subsidios a empresas de colectivos y recibió un embargo de 1.000 millones de pesos. La medida fue dispuesta por el juez federal Claudio Bonadio, quien también encartó a los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi y a los otrora titulares de la Comisión Nacional de Regulación de Transportes (CNRT) Alejandro Ramos, Roque Guillermo Lapadula, Pedro Ochoa Romero y Antonio Sícaro.
Sobre Jaime, Schiavi, Ramos (actual diputado nacional por Santa Fe), Lapadula, Ochoa Romero y Sícaro, el magistrado mandó a trabar distintos embargos, de hasta 900 millones de pesos.
En la maniobra, según la resolución, los procesados incurrieron en los delitos de "defraudación contra la administración pública" y "administración fraudulenta". También ocasionaron "perjuicio a las arcas del Estado nacional de aproximadamente 609.326.186,25 pesos".
"Durante el período comprendido entre julio de 2003 y marzo de 2014, abusando de las facultades inherentes a los cargos que ocupaban, los nombrados participaron en una maniobra ilegal, a través de la cual se entregaron sistemáticamente a empresas de transporte público automotor de pasajeros subsidios superiores a los que correspondían", consignó el juez.
Los procesados "pusieron en funcionamiento y sostuvieron en el tiempo un sistema destinado a permitir la maniobra, encubrirla, disimular su ilegalidad e intentar lograr la impunidad de los involucrados", añadió la resolución de Bonadio.
El magistrado estableció que ese sistema "posibilitaba que se calcularan los subsidios en base a kilometrajes superiores a los efectivamente recorridos por los colectivos y, consecuentemente, se terminaran entregando subsidios superiores a los correspondientes".
El juez dictaminó que "la maniobra ilegal pudo sostenerse hasta que se instalaron GPS en los colectivos, en 2014".
En esa causa se investigan los subsidios que los gobiernos de los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández entregaron a las empresas de transporte automotor para ayudarlas a afrontar los costos de combustible, a cambio de que no subieran el precio de los pasajes.
Operatoria
El mecanismo se ponía en marcha con una mera declaración jurada a la Secretaría de Transporte por parte de las empresas, que cuantificaba cuántos kilómetros recorría cada colectivo y el número de pasajeros. Y la CNRT tenía que controlar si esos datos eran veraces o no.
Cuando declaró en indagatoria, el 23 de junio pasado, De Vido negó haber tenido "competencia" en el otorgamiento de los subsidios a las empresas de colectivos y aseguró que eso correspondía a la Secretaría de Transporte y a la CNRT.
De todos modos, el ex funcionario negó que haya habido ilícitos en la entrega de aquellos beneficios monetarios a las compañías de transporte al asegurar que "los responsables" de la secretaría y la CNRT "ya se han presentado (en el juzgado) y demostrado la regularidad de su actuación".
De Vido aseguró, además, que el sistema de "determinación y otorgamiento" de subsidios a colectiveros fue creado "con anterioridad" a su llegada a Planificación e Infraestructura, en 2003, y afirmó que "sigue durante la actual gestión del ministro (de Transporte, Guillermo) Dietrich".
