En un pais en el que la anomia es común denominador entre administrados y administradores, incluyendo aquellos que administran justicia, en una sociedad en la cual no hay estamento mas corporativo y mas cercano a lo feudal que el Poder Judicial, no sorprende que resulte atractiva una antigualla histórica, cultural y social como el juicio por jurados. Sepultado en el olvido por 150 años, ahora parece ser la respuesta de los administradores públicos para legitimarse con los administrados ante la desconfianza generalizada de estos por sus jueces.
La irracionalidad de este sistema de enjuiciamiento deviene por la forma y por la sustancia. Un sistema en el cual el jurado o los jurados resuelven lo que quieren y "como" quieren sin necesidad de dar fundamento de la decisión, sin necesidad de que siquiera exista algún fundamento. Un sistema irracional y por ende intrínsecamente injusto que permite condenar a alguien a prisión perpetua sin explicarle porqué. Que impide una adecuada defensa y viola el derecho humano a la segunda instancia que desde 1994 tiene rango constitucional en la República Argentina, porque el condenado no sabe que está apelando y por qué está apelando. Este derecho inalienable está en el Pacto de San José de Costa Rica y en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos que integran el "bloque constitucional", incluso por encima de las pautas del derecho constitucional doméstico en las que se habla de juicio por jurados.
Este sistema de enjuiciamiento si se pretende aplicar en el ámbito provincial invocando —como lo hace el proyecto del Poder Ejecutivo provincial— la normativa constitucional nacional se da de bruces con el artículo 1 de la misma que consagra un sistema de gobierno republicano, representativo y federal. Pues no respeta el federalismo: la Constitución de la provincia de Santa Fe prevé un sistema de enjuiciamiento penal "oral y público" (no habla de juicio por jurados) pero además dice que el Poder Judicial lo ejerce la Corte y demás tribunales inferiores; y además impone en su artículo 95 que toda decisión de autoridad pública debe ser fundada bajo pena de nulidad.
Tampoco es un sistema republicano; lo republicano refiere a lo público, a lo transparente, a lo que tiene fundamento para que pueda ser debatido y criticado, nunca a lo obscuro, lo oculto, lo infundado.
Y mucho menos es representativo; a los jurados no los elige nadie —se los inviste como tal por un sorteo— , solo el azar, y por ende no representan a nadie, ni resuelven en nombre de nadie. Basta leer o ver como actualmente se manipula la elección, selección y unción de un jurado para advertir que la cantinela de que "juzga la propia sociedad" es una mentira.
El proyecto enviado a la legislatura adolece de las falencias propias de este sistema y además de algunas propias agregadas cuyo detalle excede a este breve comentario.-
En resumen: un sistema de enjuiciamiento penal falaz, solapado, arbitrario; usado históricamente por las máximas expresiones de la cultura colonialista por un lado y la concepción imperial y vigiladora global por el otro. Un sistema para perpetuar el racismo y la discriminación , y en su momento para seguir con la vigencia de la pena de muerte cuando toda Europa la había derogado.
No hace falta que quien proponga el juicio por jurados no sea un demagogo para criticar severa y seriamente lo que sin dudas será una involución jurídica y un esquema de administración de injusticias, hijas de la ignorancia, la improvisación y hasta de la malidicencia o el delito.
Gustavo Feldman / Abogado
