La ciudad
Viernes 04 de Agosto de 2017

"Los directivos de la Cocina Centralizada se llevan viandas a sus casas"

Lo dijo el abogado de seis trabajadores acusados de robar raciones de comida, quien negó la comisión de ese delito. También dijo que la policía las retiraba

El abogado de los seis trabajadores de la cocina Centralizada de Granadero Baigorria acusados de robar raciones de comida destinadas a comedores escolares de Rosario y la zona, Gustavo Feldman, negó que sus representados hubieran cometido ese delito. "Hay testigos que indican que por usos y costumbres había directivos que se llevaban viandas a sus casas y habías otras que eran entregadas a la policía y a los bomberos", aseguró. Además, el letrado presentó un pedido para que sean sometidos a audiencia imputativa ante un juez y no sólo ante el fiscal.

El caso de la Cocina Centralizada —donde se elaboran 13 mil raciones de comida para comedores escolares y que funciona junto al Hogar Escuela en San Martín 2050 de la localidad de Granadero Baigorria— se hizo público a mediados de junio, cuando comenzó a circular en los medios el video de una cámara de seguridad en el que se veía a trabajadores manipulando alimentos y bandejas. Una interpretación de esas imágenes es que son el registro de un hurto de algunas de las viandas. Para la Fiscalía, es una prueba.

La investigación comenzó cuando desde una escuela enviaron un mail a la comisión administradora de la institución diciendo que habían faltado algunas raciones de la comida que sirven a los chicos. Ese día el menú era polenta.

Una pesquisa interna derivó en una comunicación con el Ministerio de Educación, que entendió que el faltante se debía a que cuatro cocineros y dos ayudantes de cocina las habían hurtado. Desde la delegación Rosario del Ministerio se realizó la denuncia en Fiscalía, y luego el presidente de la Cocina Centralizada amplió y ratificó esa denuncia.

La semana pasada los seis sospechosos de hurto fueron citados a una audiencia imputativa.

La otra campana

Feldman es el abogado defensor de los trabajadores y negó que hayan hurtado la comida.

Según dijo, tomó testimonios a otros diez trabajadores de la institución, que le relataron un panorama diferente.

"Hay algunos testigos que dicen que se entregaban 16 viandas para policías, 6 para Bomberos Zapadores, 3 a los miembros de la comisión administradora y 2 para las ecónomas", aseguró el abogado. Además, dijo, el personal asignado al sector del comedor también comía de las viandas. "No está estipulado en ningún lado que esto deba ser así. Ni lo de la policía, ni lo de bomberos, ni lo de los administrativos. Pero en la práctica, por usos y costumbres, ocurría. Y esto no lo mencionó Hugo Reynoso (el presidente de la Cocina), cuando amplió la denuncia".

En los testimonios recogidos por Feldman, una empleada hace mención a una situación que vivió con Reynoso. Según dijo al letrado, una día el funcionario se acercó a felicitarla por una supremas de que le habían encantado a su mujer, lo que daba cuenta de que se había llevado viandas a su casa.

La causa

Según explicó Feldman, la semana pasada el fiscal Germán Mazzoni citó a declarar a cinco de los seis sospechosos, aunque sólo uno de ellos fue notificado. Se trata de Sara V., citada para el 2 de agosto a una audiencia imputativa en Fiscalía.

El Código Procesal Penal establece que cuando se imputa a una persona en libertad, no es necesario realizar una audiencia en Tribunales con un juez. Sin embargo, Feldman pidió a la Justicia que la audiencia se realizara ante un magistrado, puesto que el fiscal carece de la objetividad necesaria ya que es una parte interesada. "El derecho a ser oído por un tribunal independiente e imparcial es un derecho que está en los tratados internacionales de derechos humanos y en la Constitución. Si el imputado lo pide explícitamente, tiene supremacía este derecho", sostuvo.

Sin embargo, la jueza Eve Marcogliese rechazó el pedido de la defensa, que apeló la resolución y ahora espera un respuesta de la Cámara.

Desde Fiscalía indicaron que a los sospechosos se les dio una nueva fecha para la imputación: el 14 de agosto.

"Ellos pretenden que la cuestión se aclare debidamente y que las autoridades del ministerio asuman la cuota de responsabilidad que les cabe", dijo el letrado. "Pedimos que se archive la causa porque no hubo hurto, no hay delito".

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