Piden el desafuero y detención de De Vido por desvíos de fondos

El fiscal federal Carlos Stornelli pidió ayer el desafuero del diputado nacional y ex ministro de Planificación Julio De Vido con el objetivo de lograr su detención, en el marco de una causa en la que se investiga el presunto desvío de fondos de un proyecto ferroviario para la mina de Río Turbio, en Santa Cruz.

El pedido fue presentado ante el juez federal Luis Rodríguez y también incluye al ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del ex Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Roberto Baratta.

De Vido, quien asumió su banca por el Frente para la Victoria en diciembre de 2015, posee fueros por su condición de legislador, por lo que para ser detenido primero el magistrado debería pedirle al Congreso que le quite esos privilegios, con mayoría calificada de dos tercios del cuerpo.

Antes del inicio de una reunión de la comisión de Energía, que preside, De Vido asoció el pedido de desafuero en su contra con "la política de campaña del PRO para estas elecciones" y se desligó de las acusaciones.

"Es parte de la política de campaña del PRO para estas elecciones. Ven una derrota fenomenal electoral en octubre y en agosto y están trabajando sobre la persecución a nosotros. Le hacen el libreto y lamentablemente la Justicia y algunos sectores lo toman sesgadamente", sostuvo De Vido en sus primera reacción pública tras conocerse el pedido fiscal.

Además, apuntó contra la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió. "Es la que se encarga de difamarnos, calumniarnos y de acusarnos de delitos que no cometimos", señaló.

La causa investiga el presunto desvío de sumas millonarias para un proyecto ferroviario en la zona de la mina de carbón de Río Turbio, ubicada en el departamento santacruceño de Güer Aike.

Iniciativa

La iniciativa, que había tenido su presentación formal en octubre de 2015 por parte de la entonces presidenta Cristina Kirchner, apuntaba a crear un "tren turístico".

Según el informe, "El estado del Estado", que publicó el gobierno del presidente Mauricio Macri, "mientras el yacimiento languidecía, se decidió construir un «tren turístico» totalmente ajeno al objeto de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT), para el que se presupuestaron más de 700 millones de pesos, de los que en diciembre de 2015 ya se habían pagado más de 300 millones".

"Sin embargo, en diciembre de 2015 el tren no funcionaba, no tenía permisos del titular de la tierra por donde pasaban las vías, las estaciones estaban en desuso y deterioradas y no se había obtenido el permiso de la Dirección Nacional de Vialidad para cruzar la ruta Nº3. La traza se encontraba interrumpida justo en ese punto: era un tren que iba de ningún lado y a ninguna parte", acusó la gestión macrista.

En esta causa también habían sido imputadas en agosto de 2016 la ex mandataria y la actual gobernadora de la provincia de Santa Cruz, Alicia Kirchner.

El diputado del PRO Pablo Tonelli, quien preside la comisión de Asuntos Constitucionales, donde se tramitan los pedidos de desafuero, aseguró que "no sorprende" la iniciativa de Stornelli y señaló que si el juez avala el planteo le dará "un tratamiento lo más rápido posible".

"Apenas nos llegue ese pedido lo vamos a tramitar. No es un tema como para andar demorando. Hay que darle un tratamiento lo más rápido posible para tranquilidad de todos, inclusive del propio diputado De Vido", sostuvo el legislador nacional del PRO en declaraciones a radio Continental.

Tonelli ya había intentado en más de una oportunidad aprobar un dictamen de mayoría para facilitar el accionar de la Justicia cuando disponga allanamientos a propiedades de legisladores nacionales, e intercepción de sus comunicaciones, sin necesidad de la autorización del juez de la causa.

Sin embargo, la iniciativa fracasó en mayo pasado por falta de quórum, por desavenencias no sólo con los criterios planteados por el Frente Renovador sino además con los propios legisladores radicales.

En caso de que el juez Rodríguez solicite el desafuero y el pedido tenga trámite positivo en Asuntos Constitucionales (que desde que llega el pedido tiene 60 días de plazo para emitir dictamen), la pérdida de inmunidades parlamentarias de De Vido tendría que ser ratificada con dos tercios de los presentes en el recinto.

Las cuentas podrían favorecer al oficialismo, ya que en principio todos los bloques, a excepción del Frente para la Victoria, tendrían voluntad de acompañar el desafuero del ex ministro.

Para bloquear el pedido, y en el supuesto de que el plenario de la sesión tenga a los 257 diputados sentados en sus bancas, el kirchnerismo precisaría de un mínimo de 86 votos, una cifra lejana a la suma de los votos de su propia bancada de 70 miembros.

Además, varios integrantes del elenco del FpV-PJ que no responden a Cristina Kirchner podrían soltarle la mano al ex ministro, ya sea votando en sentido opuesto a su bancada o ausentándose.

ex ministro. De Vido interpretó que el pedido del fiscal es producto de la campaña electoral del PRO.