Vicentin: quiénes serán los nuevos imputados en sede penal

La previa a las fiestas traerá resonantes novedades en la investigación penal en torno al caso Vicentin. Es que para el próximo 21 de diciembre está pautada una nueva audiencia imputativa, en la que no solo serán protagonistas los responsables de la agroexportadora sino también los síndicos del concurso y uno de los socios de la consultora KPMG.

Si bien la Fiscalía guarda los detalles de la imputación, La Capital pudo confirmar que Diego Telesco, Carlos Amut y Ernesto García (titulares de la Sindicatura); y Eduardo Harnan (socio de KPMG) estarán en el banquillo de los acusados, junto a los directivos de Vicentin -quienes ya se encuentran imputados por estafa, defraudación y balances falsos-.

Los responsables de la agroexportadora serán imputados ahora por el delito de asociación ilícita en el marco del default anunciado en 2019, una figura que había sido denunciada a mediados de año por un contador oriundo de Reconquista, quien había pedido explorar esa línea investigativa.

Los integrantes de la presunta asociación ilícita no se limitan a los directivos de Vicentin sino que el círculo "se expande", según describieron fuentes judiciales. Se menciona a una abogada de la firma -que habría quedado pegada en las operaciones a través de una serie de escuchas-, así como también otros actores vinculados a la compañía.

Para los principales responsables de la agroexportadora -entre los que sobresalen Daniel Buyatti, Alberto Macua, Roberto Gazze y Máximo Padoan, entre otros-, el desfile por los pasillos del Centro de Justicia Penal no será una novedad. Por ello, lo distintivo de la jornada será la presencia de los integrantes de la sindicatura, sobre quienes pesa la sospecha de cierta connivencia con la empresa.

Vale recordar que a la hora de redactar su informe general, los síndicos utilizaron las mismas razones que Vicentin para explicar el derrumbe. En esa importante instancia, hicieron suyas prácticamente todas las explicaciones que brindó la compañía: nada de irresponsabilidad empresarial ni estafa, sino que adjudicaron la crisis a problemas ajenos a la firma y hasta dedicaron un palo para los acreedores comerciales más duros y el Banco Nación.

En un documento de 153 páginas presentado en marzo de 2021, Amut, Telesco y García ni mencionaron los resultados de la auditoría forense, en el que investigadores independientes concluyeron que la empresa no registraba en sus pasivos operaciones abiertas con precio a fijar, al menos en sus balances 2017 y 2018.

Los balances 2017 y 2018 habían sido certificados por la consultora KPMG, razón por la cual los fiscales entienden que la firma tuvo una participación decisiva en la estafa. En octubre pasado, tras encabezar una serie de allanamiento, el fiscal Miguel Moreno había dicho que "la participación de KPMG en la estafa la tenemos probada". La semana próxima se conocerán más detalles.

En cuanto al rol de los síndicos, no está claro cuál es el delito que se les imputará, pero fuentes judiciales confirmaron que "tiene íntima relación con la imputación que se realizará a KPMG". En el entorno de los tres profesionales hay mucha preocupación por lo que pueda suceder el miércoles próximo en sede penal, aunque saben de antemano que no habrá pedido de prisión preventiva, lo que les asegura que pasarán las fiestas en libertad.

En cuanto a Harnan, algunas fuentes señalan que será imputado por asociación ilícita, pero este medio no pudo confirmar fehacientemente la versión. Sí se sabe que sobre él se pedirán las cautelares típicas de este tipo de procesos, como la imposibilidad de salir del país y el pago de un seguro de caución.

El expediente concursal

En paralelo a la investigación penal, siguen las repercusiones por el fallo de la Corte que, al tiempo que rechazó el pedido de avocamiento, puso fuertes reparos al acuerdo ofrecido por Vicentin.

Si bien buena parte de los actores involucrados en el expediente aseguran que el fallo hirió de muerte la oferta de pago, en el juzgado de Fabián Lorenzini ofrecen otra visión. Allí dejan trascender que "no está todo dicho" y que "aún queda margen de análisis".

Vale recordar que fue el propio presidente del máximo tribunal, Daniel Erbetta, quien pidió extremar la prudencia para ponderar "la propuesta de acuerdo formulada, en tanto condiciona su viabilidad a decisiones judiciales propias de la justicia penal y ajenas a la competencia del juez del concurso, cuestiones éstas que pudieron no haber sido advertidas por los acreedores que han prestado su conformidad".

A pesar de los duros términos en los que se despachó Erbetta, en el entorno de Lorenzini entienden que el fallo no plantea nada concreto sobre la legalidad o no de la propuesta. Por ello, explican que antes de tomar cualquier decisión se realizará una nueva audiencia informativa, en la que se escuchará nuevamente a las partes.

Desde Reconquista explican que "nadie debe sentirse victorioso" sobre el proceso. Si bien la opción del cram down es hoy una alternativa más viable que hace un año, lo cierto es que hay un grupo mayoritario de acreedores que la aceptó, por lo que su opinión "no puede ser pasada por alto".

Difícil a esta altura predecir el resultado del proceso, pero lo que es seguro que las definiciones más importantes quedarán recién para el 2023. Antes, la semana próxima, tendrá lugar la audiencia imputativa que tendrá como principal novedad la presencia de los síndicos en el banquillo de los acusados.