Vicentin: prevén homologación "no convencional" del acuerdo

Atravesada la fuerte tormenta que significó la detención y audiencia imputativa contra el presidente de su directorio, en Vicentin confían en lograr prontamente la adhesión de los bancos extranjeros, llegando así al 30 de junio con las mayorías legales para aprobar su acuerdo preventivo. Sin embargo, la cuesta no terminará allí. Comenzará entonces otro camino, que tendrá como principal protagonista al juez Fabián Lorenzini, a cargo del proceso concursal.

El titular del juzgado civil y comercial 2 de Reconquista definirá si la oferta de pago se encuadra o no en la normativa vigente. Los acreedores más duros ya anticiparon impugnaciones e incluso Defensa de la Competencia advirtió sobre posibles infracciones a la ley.

Dado que las cláusulas del acuerdo ya son conocidas desde hace rato, Lorenzini y su equipo ya comenzaron a delinear una estrategia. Según pudo conocer La Capital, en el juzgado prevalece la idea que, prima fascie, existe una base mínima para homologar el acuerdo. Entienden que ya existe un número significativo de conformidades, por lo que ponderan que si bien no es la solución perfecta, sí es la que mejor se acomoda al bien común.

Ahora bien, que haya una "base mínima" no quiere decir que el magistrado se encamine a firmar una resolución de homologación tradicional, en la que diga sí a todo. Anticipan en Reconquista que el tratamiento del acuerdo no será convencional: "Sí, pero", parecería ser la tónica de la futura decisión.

A Lorenzini no lo convence la indefinición en torno al denominado "nodo norte", que involucra a un grupo de activos industriales ubicados en Avellaneda, sobre los cuales los inversores de Vicentin (ACA, Viterra y Bunge) solo se comprometieron a mantenerlos en marcha durante algún tiempo, sin brindar una solución de fondo.

En las diversas plantas de Avellaneda trabajan unas 150 personas, que atraviesan una realidad distinta a la de sus pares en el Cordón Industrial, cuyas representaciones sindicales responden a distinto signo. "El nodo norte sigue siendo el huerfanito de esta película", cuentan desde el juzgado de Reconquista.

Entre ese grupo de fábricas se encuentra la famosa planta de etanol, cuya facturación constituye la prenda de los créditos del Banco Nación. Como la planta viene funcionando al mínimo de sus posibilidades, la proyección que hacen desde el órgano que conduce Eduardo Hecker es que de continuar así la deuda la cobrarán en unos 500 años.

El Nación está en un brete. Si bien se opone radicalmente al acuerdo y tiene capacidad para boicotearlo (en tanto acreedor privilegiado), en caso de hacerlo se deberá oponer no solo al grupo de casi mil acreedores que aceptaron la oferta, sino también a los trabajadores del Cordón, cuya fuente laboral podría verse amenazado en caso que Vicentin vaya a la quiebra.

Una situación parecida podrían tener los jueces penales que eventualmente definan el pedido para levantar las cautelares que actualmente impiden modificar la participación accionaria de Vicentin en otras firmas, así como también prohiben vender activos de relevancia. Menuda presión tendrán los magistrados, de cuya firma dependerá que las operaciones previstas (entre ellas, la venta del 16,6% de Renova) se terminen concretando.

Si el acuerdo efectivamente se homologa, y luego la agroexportadora logra sortear las diferentes instancias antes descriptas, se dará luz verde a la propuesta que está sobre la mesa desde hace varios meses, cuyo elemento destacado es el pago inicial de u$s 30.000 por cabeza, que permite cerrar completamente su deuda con unos 800 acreedores. Para el resto, el saldo se capitaliza -según indica Vicentin- "mediante la entrega de acciones", una estrategia muy criticada por acreedores grandes, que en realidad terminarían recibiendo una quita del 70%.

Vale recordar que un grupo de acreedores granarios viene fustigando esta oferta porque, por un lado, violaría el principio de igualdad; y por otro, al llevar los saldos de los créditos a un fideicomiso (y no establecer una quita), los acreedores pierden la figura del quebranto fiscal (deben pagar ganancias sobre las quitas).

Con todo, la próxima fecha clave es el 30 de junio, cuando venzan los plazos vigentes para que la concursada logre las mayorías requeridas por la ley para homologar el acuerdo. En la agroexportadora confían que el aval de los bancos extranjeros -necesario para cerrar el proceso- llegará en los próximos 14 días. De todos, el que observan con mayor cautela es el IFC, que al pertenecer al Banco Mundial requiere procesos más burocráticos.

Pese a todas las vicisitudes, en Vicentin se tienen fe. Creen que cuando se cumpla el tercer aniversario del anuncio de “estrés financiero”, los acuerdos no solo estarán plenamente vigentes y en marcha, sino que los acreedores ya habrán recibido los pagos iniciales. ¿Será?