Una de las grandes fortunas del país, al borde la quiebra

Esta semana, un fallo de cámara rechazó la apertura del concurso preventivo de Luis Herrera, un financista muy conocido en la plaza local, que a finales de 2021 defaulteó una deuda que en el mercado calculan superior a los u$s 30 millones. La resolución judicial lo expone a diversos pedidos de quiebra, al tiempo que complica su panorama en el fuero penal, donde se siguen acumulando denuncias.

La situación de Herrera era impensada un año atrás, cuando sus contadores presentaron su declaración jurada ante Afip, como paso previo al pago del aporte solidario a las grandes fortunas -algo que nunca se consumó-. De la lectura de ese trámite se desprende que el patrimonio del financista ascendía a poco más de $1.030 millones, lo que según la información difundida oportunamente por el ente recaudador lo ubicaría entre las 2.000 familias más ricas del país.

Los detalles de la presentación pueden leerse de un expediente judicial radicado en el Juzgado Federal 2 de Rosario, al que La Capital tuvo acceso, en el que el organismo conducido por Mercedes Marcó del Pont le reclama la deuda generada por el impago del tributo ($27.043.135,77). No se trata de la única demanda iniciada por Afip. Por el contrario, en Entre Ríos al 700 hay otras diez, que suman otros $20 millones.

Tanto los juicios ejecutivos de Afip como demandas similares iniciadas por particulares podrían haber encontrado un límite si la Justicia abría el concurso preventivo. Por el contrario, este jueves la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial resolvió rechazarlo, ratificando un fallo de primera instancia de diciembre.

Para los doctores Juan Pablo Cifré, Ariel Ariza e Iván Kvasina -quienes se manifestaron de manera unánime en una resolución de 17 páginas-, la información aportada por los abogados del financista resultó "escasa" para justificar la apertura de una convocatoria de acreedores, instancia que le hubiera permitido proteger su patrimonio.

Este medio preguntó a diferentes especialistas sobre qué consecuencias tiene el fallo conocido esta semana. Todos coincidieron en que ahora quedó completamente allanado el camino para los pedidos de quiebra, que de no mediar inconvenientes debieran avanzar rápidamente, lo que implica el futuro remate del patrimonio de Herrera.

Aquí vale hacer una salvedad. Los poco más de $1.000 millones declarados por el financista ante Afip corresponden a la valuación fiscal de sus bienes, que difiere radicalmente de su cotización en el mercado, fundamentalmente en lo que refiere a inmuebles. La propia Marcó del Pont señaló en marzo -defendiendo un proceso de revalúo- que "las valuaciones fiscales de los inmuebles urbanos representan a nivel país el 5 por ciento del valor real".

Según información provista desde el Poder Judicial, a la fecha hay solo un pedido de quiebra contra Herrera, radicado a finales de mayo en el Juzgado Civil y Comercial de la 10ma Nominación, a cargo de Mauro Bonato. Los abogados patrocinantes de dicha demanda comentaron que pertenece a un acreedor que posee una serie de cheques impagos.

Además de las consecuencias en el ámbito civil, las fuentes consultadas para este artículo aseveraron que el rechazo del concurso también tendrá efectos en el fuero penal. ¿Por qué? Básicamente, porque el fallo de cámara clausura el acceso a la que se presenta como la principal vía para reparar a las víctimas (el concurso), requisito fundamental para lograr un acuerdo en la vía penal. Nadie lo admitirá con un micrófono prendido, pero en la Unidad de Delitos Económicos de Fiscalía descuentan que la imputación ocurrirá más temprano que tarde.

En el Ministerio Público de la Acusación, tal como reflejó oportunamente La Capital, ya se acumulan varias denuncias, muchas de ellas de pequeños y medianos ahorristas, que confiaron en el conocimiento de Herrera para invertir su dinero, a cambio de jugosos dividendos. Durante más de 30 años, el financista cumplió a rajatabla con sus compromisos, pero a mediados de 2021 algo comenzó a fallar.

Al operar mayormente de manera informal, no hay certezas respecto al monto de la deuda. En blanco, según las diferentes informaciones que se fueron conociendo en los últimos meses, asciende a poco más de u$s 10 millones. Por fuera de ese monto, las estimaciones del mercado cifran el pasivo total en unos u$s 30 millones.

No hay explicaciones sobre qué fue lo que pasó un año atrás. Hay quienes afirman que simplemente algún negocio salió mal. Otros aseguran que la pandemia derrumbó una suerte de esquema Ponzi, que ni siquiera la crisis de 2001 había llegado a demoler. La respuesta la tiene el propio Herrera, que hasta aquí no emitió palabra. Este cronista contactó a fuentes de su entorno, que agradecieron el llamado, pero denegaron el pedido de declaraciones.