Maximiliano Pullaro jugó fuerte. El proyecto sobre seguridad sacudió a las estructuras políticas y judiciales de Santa Fe. También a la alianza de gobierno. Puertas adentro de la Casa Gris lo celebran. “Hay que incomodar”, plantean.
El gobernador sacudió todas las estructuras con su proyecto sobre seguridad. La negociación en Unidos y el rol de Angelini, la figurita que faltaba. El presidente, testigo de una interna que escala
Por Mariano D'Arrigo
LA CAPITAL/Virginia Benedetto
El gobernador Maximiliano Pullaro jugó fuerte con su proyecto de reforma penal y policial en la provincia de Santa Fe.
Maximiliano Pullaro jugó fuerte. El proyecto sobre seguridad sacudió a las estructuras políticas y judiciales de Santa Fe. También a la alianza de gobierno. Puertas adentro de la Casa Gris lo celebran. “Hay que incomodar”, plantean.
La iniciativa pone a Pullaro en un lugar que le gusta: el reformista que viene a combatir un statu quo anquilosado y a construir un nuevo orden.
El texto que profundiza la línea dura en seguridad apunta a reforzar la arquitectura normativa que le permitió al gobierno conseguir resultados en sus primeros dos años y medio de gestión.
Pese a la caída de los homicidios, Pullaro no se relaja. “Actúa como si fuera ministro. Primero se ocupa de seguridad y después avanza sobre los otros temas”, dice uno de sus colaboradores más cercanos.
Para la Casa Gris, entre quienes critican al proyecto se mezclan los que lo hacen por especulación política con los que expresan dudas genuinas.
En la mesa chica del gobernador confían en que las nuevas herramientas para las fuerzas de seguridad no derivarán en violaciones a las garantías individuales. “Esta semana se derribó el búnker número 122 y todo funcionó a la perfección. Nadie denunció que se pasó un límite. Incluso la gente aplaudió”, resaltan.
El proyecto es una válvula de seguridad extra ante un eventual cambio de gobierno, con otra orientación. La reforma constitucional eliminó la mayoría automática en Diputados y se necesitarán acuerdos políticos amplios para desmantelar las leyes que empoderan a los fiscales y a la policía en la lucha contra el delito.
Eso no significa que el gobierno tenga el camino allanado. El socialismo se mantiene en silencio en público y desliza críticas en privado. “Así no va a salir”, dicen desde el partido, que controla la mitad de las bancas de Diputados de Unidos.
El PS se ve como una instancia de control de calidad de las normas que impulsa el oficialismo. Un garante de que las normas se ajusten al marco constitucional. En el radicalismo y en otros socios de la coalición ven que el socialismo se acerca a una especie de oposición interna.
Igual, todos se conocen demasiado. Saben hasta dónde tirar la cuerda. Desde 2023, Unidos atravesó elecciones y una reforma constitucional, en las que procesó diferencias y tensiones fuertes. Pero la alianza no se resquebrajó. Nadie quiere romper el juguete.
Siguiendo los manuales, el gobierno plantea su propuesta de máxima para ceder en la negociación con aliados y opositores y quedarse con lo que verdaderamente le importa.
De todos modos, en las tribus peronistas de Diputados ven al radicalismo y sus socios poco dispuestos a las concesiones. Saben que el clima de época los favorece. La ecuación de amplios sectores de la sociedad es sencilla: si el gobierno tomó medidas duras y los homicidios bajaron, no hay motivos para cambiar. Los resultados pesan más que las objeciones.
A eso se suma el factor credibilidad. Como pasa a nivel nacional con la inflación descontrolada durante el Frente de Todos, la espiral de violencia durante la gestión de Omar Perotti erosiona la autoridad del peronismo para cuestionar el plan del gobierno.
La Casa Gris lo sabe. Por eso Virginia Coudannes apuntó contra el PJ en su conferencia de prensa, en la que la vocera mostró una versión más ácida.
En el laboratorio pullarista dicen que el tono de Coudannes dependerá del tema. Sí habrá una constante en la narrativa: de dónde se viene y hacia dónde se va.
La pelea es con el peronismo. “Ellos van a ser los adversarios. Los libertarios son ruidosos, pero no tienen un proyecto para ser competitivos en Santa Fe”, consideran.
Con la reforma penal, Pullaro refuerza su perfil en un momento difícil para las provincias. La motosierra en áreas sensibles como infraestructura, educación y salud lo lleva a posiciones más confrontativas con el gobierno de Milei. La línea dura en seguridad también manda un mensaje claro a su electorado: está bien lejos del kirchnerismo.
La nueva tanda de reformas en seguridad también lo pone en un terreno donde puede dar respuestas de fondo. La conversación social está centrada en cuestiones como la precarización del empleo y la anemia de los ingresos, pero en esa agenda las provincias sólo pueden ofrecer paliativos. Las palancas económicas las maneja el Estado nacional.
La incorporación de Federico Angelini al gabinete provincial aporta a la gestión Pullaro en varios sentidos. Es un actor con ambición —un atributo que en el círculo más próximo al gobernador valoran— y pondrá al servicio de la provincia la expertise que acumuló en el ministerio de Seguridad de la Nación.
También cierra un círculo político. “Maxi completa el álbum de figuritas de dirigentes con los que se enfrentó y después de una charla se terminan de integrar al gobierno”, dice un pullarista paladar negro.
Angelini tendrá a su cargo investigaciones complejas, coordinación de equipos y una vocería sobre seguridad en Rosario. Esa tarea empalma con la candidatura a intendente de Rosario que impulsa el espacio del dirigente del PRO, que en el divorcio entre Macri y Bullrich se quedó con la jefa del bloque libertario en el Senado pero nunca renegó de su padre político.
Una opción de centroderecha y filolibertaria como Angelini le daría volumen a la interna de Unidos en Rosario. Tanto para las primarias como para las generales. En el oficialismo tienen estudiado que la gran mayoría de los electores vota al mismo espacio político en ambas instancias, aunque su candidato pierda en las Paso.
El acercamiento de Angelini al mundo Unidos fue un proceso largo. Según relatan desde el entorno del gobernador las conversaciones entre ambos empezaron hace más de un año, pero hace un mes se empezó a hablar en términos concretos que se sume al gabinete.
La migración del referente del PRO coincide con la aceleración de la crisis interna en el gobierno de Milei, que comenzó con el Adornigate y escaló con la guerra a cielo abierto entre Santiago Caputo y su tropa digital y el clan Menem.
Debajo del duelo tuitero subyace una pelea por espacios de poder. El asesor controla áreas sensibles del gobierno, como la Side, el ministerio de Salud, la Secretaría Legal y Técnica y la Procuración del Tesoro.
El sobrino de Carlos Menem es un alfil de Karina. A ella responden el resto del gabinete y la mayoría de los legisladores. La hermanísima quiere quedarse con todo y terminar de expulsar a Caputo, pero un tuit de una cuenta anónima atribuida a Menem o a alguien de su entorno más próximo le dio al consultor la oportunidad de contraatacar. No para ganar más lugares, sino para conservarlos.
“Caputo está peleando por su supervivencia. El tema es que está actuando como el doctor Frankenstein, está matando a su criatura”, dice un aliado, que ve también en la disputa entre el asesor y el presidente de la Cámara la pulseada entre laboratorios norteamericanos y la industria farmacéutica local por las patentes, un compromiso que todavía Milei no le pudo cumplir a Donald Trump.
Como en Juego de Tronos, la serie de la que es fanático Caputo, La Libertad Avanza está atravesada por un combate entre familias. En lugar de acercar a las partes o inclinarse por una de ellas, Milei espera que la interna se ordene de manera espontánea. Como si hubiera una mano invisible de la política, análoga a la del mercado. “Milei no está conduciendo el proceso”, se lamenta un dirigente que quiere que al presidente le vaya bien.
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El problema es que la lógica tribal comenzó a imponerse sobre la verticalidad. También abundan las manifestaciones de autopresevación. Rápida de reflejos, Bullrich presentó su declaración jurada dos meses antes de lo previsto. Otra movida para diferenciarse de Adorni. Y un gesto hacia su electorado, que alimenta las filas de desencantados con Milei.
Según un estudio de Equipo Mide, entre quienes votaron a Bullrich en las presidenciales 2023 38% cree que el gobierno va en la dirección equivocada, 45% tiene imagen negativa de Milei, 37% dejó de apoyarlo y 41% dice que no lo votaría para la reelección. Bullrich quiere cuidar su capital político.
Pese a todo, el gobierno se anotó varios triunfos en el Congreso. Con la ayuda del PRO, la UCR y bloques provinciales bloqueó la ofensiva opositora contra Adorni, dio media sanción a la ley de Hojarasca y los recortes a los subsidios al gas y consiguió dictamen a la ley de inviolabilidad de propiedad privada.
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El dato del repunte interanual de la economía del 5,5% interanual en marzo y del 3,5% respecto a febrero le da algo de aire a la narrativa de que lo peor ya pasó y se vienen los mejores 18 meses en décadas, como vendió Toto Caputo.
El desafío es que esa mejora estadística se traslade al bolsillo. El riesgo es que permee en la sociedad una idea ya instalada en el círculo rojo: que el gobierno ya dio todo lo que tenía para dar.
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