“Sabemos que es un estudio incómodo y molesto, porque viene a hacer algo a lo que nuestros sistemas de Justicia no están muy acostumbrados, que es evaluar y ser evaluados por su desempeño y sus resultados concretos en términos sociales”, dijo a La Capital Juan Alfie, director del programa de sistemas acusatorios del Inecip. Una fundación que promueve la democratización de los procesos judiciales en América Latina y el Caribe y que, desde hace 30 años, acompañó numerosas reformas de agencias penales.
El presidente de la organización, Alberto Binder, fue el académico que a partir de 20017 asesoró a Santa Fe en la reforma de su sistema de procedimientos penales. El cambio que vio la luz en 2014, cuando el proceso oral y acusatorio reemplazó a los viejos métodos escritos. El informe, que se dio a conocer la semana pasada, es resultado de una investigación para saber cuánto inciden las fiscalías del país en el control de la criminalidad y qué clase respuesta otorgan a los conflictos penales.
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Números en la mesa
Solicitaron datos sobre la cantidad de causas iniciadas ese año y el número de respuestas: condenas, suspensiones condicionales del proceso, acuerdos reparatorios, absoluciones y sobreseimientos. Las salidas que el sistema puede brindar a la comunidad.
El estudio considera que las tres primeras son las que tienen algún tipo de incidencia sobre la esfera político criminal, es decir, “respuestas que le impongan a la persona acusada la realización de algún tipo de acción como consecuencia de su participación en el conflicto”.
Según el informe, esas medidas “implican un reconocimiento de la responsabilidad y conllevan algún tipo de compensación a los sectores victimarios”. Así, sobre la comparación del número de causas iniciadas y la cantidad de sanciones del mismo período se elaboró un índice de eficacia. Santa Fe obtuvo el 2,76% y quedó ubicada en el puesto 13.
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Con el 0,65% se posicionó al final de la tabla el Ministerio Público Fiscal de la Nación, área a la que le corresponde investigar y sancionar el narcotráfico. El primer puesto fue para Entre Ríos, con un índice de 9,17%, seguida por Neuquén y Chubut. La ciudad de Buenos Aires figura en octavo lugar. Córdoba se ubicó tres peldaños por debajo de Santa Fe, en el puesto 16. Cinco provincias —Catamarca, San Juan, Santa Cruz, Tucumán y Tierra del Fuego— no suministraron la información.
El Inecip elaboró otro cuadro llamado de “eficacia básica general” en el que además incluyó las absoluciones y los sobreseimientos, es decir todas las salidas posibles aunque no conformen la pretensión de la víctima o no cierren los casos. En ese ránking más abarcativo —que se puede consultar en www.inecip.org— Santa Fe quedó en el puesto 17.
El estudio no consideró otras variables como el tiempo de duración de las causas, su contenido o complejidad o el grado de satisfacción de las víctimas. Tampoco contempló la cantidad de recursos humanos, edilicios o presupuestos con que cuenta cada ministerio fiscal para hacerle frente a la demanda de su territorio y su coyuntura delictiva. El cruce con esos datos podría arrojar otros aspectos interesantes para el análisis.
Alta demanda
La situación de la criminalidad en Santa Fe no sorprende ni deja de alarmar: con 258.598 causas penales fue la segunda provincia con mayor cantidad de causas abiertas en 2019. Figura después de Buenos Aires, que abrió 928.450 procesos en el mismo período. En tercer lugar aparece Salta, con 135.597. En el cuarto puesto, las fiscalías federales de todo el país sumaron ese año 109.274 expedientes. Con una población superior a la santafesina, Córdoba inició 60.376 casos.
Sobre la situación santafesina Alfie aclaró que “el estudio preliminar no se inmiscuye en las particularidades de cada jurisdicción”, pero remarcó que la provincia “debe afrontar un nivel de conflictividad de los más altos del país”. Con 4.671 condenas, 40 absoluciones, 620 sobreseimientos, 253 suspensiones del juicio a prueba y 2.221 acuerdos reparatorios en el período analizado, el índice arrojó que sólo “dos de cada cien procesos obtuvieron una salida”.
Un territorio que sólo en el departamento Rosario contiene una de las tasas de homicidios más altas del país, afronta el auge de la criminalidad organizada y a la vez gestiona cárceles saturadas por una escalada inédita en la tasa de detención (la cantidad de presos se duplicó en diez años), sin dudas reclama “un análisis más pormenorizado, para el que se necesitan otros números”, dice Alfie.
Los resultados más preocupantes en cuanto al desempeño comprometen a las fiscalías federales. Un ámbito que según el abogado “está en proceso de reforma pero si se quiere trunco, con un sistema acusatorio acusatorio que solamente se aplicó en el distrito federal de Salta y que ningún gobierno, de 2014 hasta hoy, ha impulsado que se implemente en el resto del país”.
Resultados
El estudio concluyó que no sólo fue baja la calidad y publicidad de la información disponible en todas las provincias sino que los ministerios públicos fiscales de la Argentina “no están siendo eficaces en el cumplimiento de sus funciones más básicas”, lo que genera un riesgo de “aumento de los niveles de violencia social”.
“Esta investigación busca corregir problemas concretos. No tiene una intención destructiva sino constructiva. Muy pocos ministerios públicos fiscales están trabajando con evaluaciones de desempeño constantes, como debe hacer cualquier organización pública como éstas, que manejan recursos sensibles. Desde las cárceles a la política de persecución penal, deben resolver conflictos muy graves”, consideró Alfie, quien integró el equipo de redacción del informe junto a Victoria Llorente, Hugo Mangione, Gonzalo Petit Bosnic y Santiago Pérez Mitta.
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La elaboración del ranking, en ese sentido, se concibió como una apuesta a sensibilizar a la ciudadanía y a la vez una invitación a las instituciones acusatorias a establecer objetivos y analizar si se cumplen. “Todo un desafío para las instituciones judiciales, que no están acostumbradas a evaluarse”, dijo Alfie.
El profesional planteó que evaluar resultados y poner los números a disposición es necesario en una sociedad democrática y “especialmente en Santa Fe, una provincia con una criminalidad creciente que tiene herramientas interesantes como la renovación constante de autoridades”.
“El estudio buscó generar una comparación a nivel país. La tasa busca estandarizar y los resultados son muy alarmantes del primero al último, más allá del ranking. La eficacia básica es muy baja. Un distrito que responde en uno de cada diez casos fue lo mejor que pudimos observar a nivel nacional”, observó Alfie, para quien los riesgos de no analizar el rendimiento son “el aumento de la violencia y la justicia por mano propia”, así como el aumento del crimen organizado.
El caso santafesino
“Esta información básica para que cualquier organización pueda funcionar en el día a día, muchos ministerios no la publican y otros ni siquiera la producen”, planteó el abogado, quien considera insensato que eso suceda “a treinta años de la invención del Excel”.
“Santa Fe es de las que más datos publica con sus informes de gestión anuales, pero hay números que no están disponibles. Es interesante que se puedan trazar objetivos concretos por cada tipo de actividad delictual, como por ejemplo reducir la tasa de homicidios en un determinado porcentaje”.
“El MPA santafesino es uno de los más modernos y avanzados de la Argentina y publica más información que otros, pero este mismo análisis no se lograría si se basara sólo en los números que publica —añade—. No necesitamos medir por medir, sino medir impacto social positivo. Porque una cosa es el cambio normativo, otra el organizacional y otras son las prácticas”.
El abogado del Inecip indicó que la fundación se siente “comprometida” con el proceso de reforma procesal penal santafesino, lo sigue de cerca y es parte de su agenda de trabajo. “Por eso es importante estar evaluándolo constantemente para mejorarlo. El MPA no puede perseguir todos los delitos por igual. Son decisiones que tienen que tomarse de cara a la ciudadanía, con los números sobre la mesa”.
