El fiscal general de la provincia, Jorge Baclini, fue muy crítico este jueves en relación a la ausencia de coordinación a su criterio entre el Poder Ejecutivo y los encargados de la persecución penal en Santa Fe, en el contexto de una violencia de alta lesividad conectada con economías delictivas, que solo en Rosario implica en lo que va del año 183 homicidios.
"No es que no hay plan. No hay siquiera programas de trabajo. No hay interés político en el trabajo que hacemos desde el Ministerio Público de la Acusación, en lo que hacemos los fiscales", dijo el jefe político de la persecución penal en la provincia. Fue en una actividad organizada por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA - JSCA), un organismo internacional del sistema interamericano creado en 1999 por la Organización de Estados Americanos (OEA) que tienen como objetivos estudiar los sistemas de justicia de la región. El evento se desarrollará hasta mañana en la Facultad de Derecho de la UNR y tiene el impulso de la Embajada de Estados Unidos en Argentina.
"No hay programa de trabajo en lo que abarca la coordinación entre justicia y política en el ámbito de la seguridad", dijo Baclini. "Necesitamos un plan a diez años. Hace ocho años que en Santa Fe tenemos una reforma en el sistema judicial penal. Y estamos perdidos en qué hacemos con la flagrancia y con la coyuntura del día a día por falta de interés político en lo que nosotros hacemos. No se toman definiciones específicas para cortar los delitos desde las cárceles. Las economías delictivas operan desde las cárceles, mueven mucho dinero para reciclar el delito violento e intentan penetrar el mercado lícito en forma de lavado de activos", subrayó.
En el panel en el que se presentaba la actividad estaban además el representante de la Embajada de Estados Unidos en Argentina, Jeremie Swinnen, la defensora provincial Jaquelina Balangione, el decanto de la Facultad Hernán Botta, la directora Ejecutiva del Ceja, Nataly Ponce, y el ministro de la Corte Suprema de Santa Fe, Daniel Erbetta.
Erbetta a su turno completó el panorama crítico señalado por Baclini enfocando a la policía de Santa Fe, la Justicia Federal en Rosario y franjas de la política. "La violencia letal asociada a disputas territoriales y a otros motivos no cede y ello no puede dejar de relacionarse con un proceso, iniciado también hace años, de desgobierno de la agencia policial: autonomización de la policía y atomización de sus mandos. La atomización puede verse también en la criminalidad donde los tipos de organizaciones que disputan el poder violento en la ciudad no responden necesariamente a esquemas piramidales o jerarquías estables), lo cual deriva en un proceso de desregulación del delito y la violencia".
Según el ministro de la Corte, hay degradación policial con integrantes de distintas brigadas policiales condenados o sometidos a proceso por su complicidad con organizaciones criminales pero también institucional, "que han comprometido a integrantes del MPA y han proyectado sombras sobre integrantes de la Justicia Federal y también de sectores políticos. Eso explica que en nuestra ciudad siga vigente un orden violento y clandestino con efectos nefastos. Mientras esta situación perdure será difícil, para cualquier espacio político, impactar de lleno en la criminalidad", analizó.
"Hemos perdido una gran oportunidad de discutir la reforma policial; necesitamos reinstalar ya esa cuestión. El Estado no puede ceder, por debilidad o delegación, el monopolio de la fuerza. Hay problemas en la agencia policial, hay problemas en la agencia penitenciaria y una reforma ausente a nivel del Ministerio público y de la Justicia Federal cuya capacidad de rendimiento ha sido y es bajísima con procedimientos de investigación inadecuados cuando no con omisiones investigativas. Entre tanto la reforma de la justicia ordinaria, verdadero salto de calidad, ha dado muchos resultados positivos, pero no ha logrado reducir la violencia ni evitar que quiénes han quedado fuera de la calle sigan manejando los mercados ilegales y la violencia letal desde la penitenciaria", sostuvo.
También criticó Erbetta la deficiencia para obtener matrices de producción de información e inteligencia criminal para investigar la criminalidad compleja que debe extenderse según dijo al sistema carcelario "que se ha convertido, como ha dicho el Intendente de nuestra ciudad, en una suerte de coworking del delito. Pero la información debe producirse y después debe disponerse. Hoy tenemos alguna información del MPA provincial a través del organismo de investigaciones y de la Secretaría de política criminal de ese organismo, pero hay que potenciarla y es reducida la inteligencia criminal de la agencia policial, la UIF, la Procelac y ni que hablar de la Procuradoría nacional y la Justicia Federal. Pero lo grave es que la información que se produce no es luego utilizada por la agencia policial para darse estrategias de intervención", sostuvo.
Luego de la introducción un fiscal federal del Estado de Pensilvania, Jason Grennell, disertó sobre estrategias de persecución sobre el narcotráfico. Este viernes la conferencia seguirá con la perspectiva sobre la litigación en casos complejos, a cargo del fiscal especializado en materia de combate a la corrupción de Oaxaca, en México, Jorge Emilio Iruegas, que será moderado por el secretario de Justicia de Santa Fe, Gabriel Somaglia.
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El fiscal federal del Estado de Pensilvania, Jason Grennell, en la Facultad de Derecho de la UNR.