Por Claudio González
La base de hormigón o platea lista para instalar la casa.
Otra aparente estafa por incumplimiento en la entrega de casas prefabricadas es parte de una investigación penal que lleva adelante la Fiscalía Regional Rosario. En este caso se trata de damnificados que desembolsaron 15 millones de pesos en efectivo en 2022 y entregaron una propiedad para comprar seis viviendas a levantar en un loteo de Pueblo Esther, pero que nunca fueron entregadas. Denunciaron por “estafa y administración fraudulenta” al responsable de la firma.
Hace dos semanas se formalizó una denuncia penal en la Unidad Fiscal de Investigación y Juicio de la Fiscalía de Rosario que vuelve a poner en la superficie una problemática latente: las supuestas estafas de empresas que prometen la instalación rápida y eficiente de viviendas prefabricadas, piden un porcentaje de adelanto de dinero y luego incumplen los contratos.
Si bien en la mayoría de las situaciones los damnificados son personas que de otro modo no podrían acceder “al techo propio”, lo cual amplifica la angustia en un país que carece de herramientas para dar soluciones habitacionales, en este caso se trata de una familia que vio una oportunidad para desarrollar un pequeño negocio sobre lotes propios.
Es así que, según la denuncia, el 13 de abril de 2022 una mujer y el padre decidieron comprar seis viviendas modulares prefabricadas a Andrés Miguel B,. representante de la empresa con nombre de fantasía “Emprender” (El Techo Moderno SRL), con domicilio en Colón 2150 de la localidad de Casilda.
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Con la idea de instalarlas en terrenos propios ubicados en el loteo “Palo Alto” de Pueblo Esther, las partes firmaron un contrato ante escribano público donde se establecieron condiciones y obligaciones.
Entre el 6 y el 13 de abril de 2022 los compradores efectivizaron el pago total de las casas. Desembolsaron 15.426.000 pesos (unos 67.500 dólares al cambio informal del momento), precio que se compuso de dinero en efectivo (13.500 dólares) y otra parte con la cesión de derechos y acciones de propiedad de un departamento ubicado Alem al 1300, cuyo valor se pactó en 54.000 dólares.
Pero a pesar de que la empresa tenia la obligación de entregar las casas en un plazo de 90 días luego de terminadas las plateas, nunca se concretó. Un cronograma establecía que dos de ellas debían estar listas el 4 de abril de 2023, otras dos el 14 del mismo mes, y las otras dos el 3 y 11 de mayo.
Lo cierto es que ante las múltiples gestiones y reclamos, la empresa entregaba respuestas dilatorias, como proponer visitar la fábrica de Venado Tuerto, o intentar vender ampliaciones de lo ya contratado. Supuestamente se iba a entregar una primera casa el 2 de marzo de 2023, pero la trasladaron al día siguiente, y al coordinar, la empresa volvió a correr la fecha un semana más.
Ya por ese entonces la desconfianza de los clientes iba en aumento. Al advertir que podrían ser víctimas de una posible maniobra de estafa, realizaron intimaciones por carta documento y el reclamó de reintegro del dinero. Finalmente, y ante la negativa a su planteos, decidieron realizar la denuncia penal en el MPA.
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“Nunca cumplieron con la entrega. Solamente montaron la estructura de una sola de las casas, pero sin ningún tipo de terminación”, recalcan Guillermina F. y Hugo F., los damnificados que elevaron la denuncia al MPA con asesoramiento de los abogados Facundo Ruilópez y Lautaro Dentone.
En la extensa presentación se detalla la recopilación en redes sociales de antecedentes negativos de la misma empresa en Rafaela y San Justo (provincia de Santa Fe), donde habrían incumplido los contratos con personas que procuraban solucionar su déficit habitacional.
Hace pocos días el fiscal de Investigación y Juicio, Guillermo Apanowicz, le atribuyó los hechos al titular de Emprender Viviendas Modulares, Miguel A.B, y le comunicó la apertura del legajo penal en su contra por el delito de estafa, que en forma preliminar se apoya en evidencia provisoria aportada en la denuncia, la que deberá ser consolidada en la investigación-
En esa instancia, el fiscal le confirmó que será sometido al proceso ya que “en forma deliberada no tuvo intenciones de cumplir con las obligaciones a su cargo, lo que evidencia su intención inicial de no cumplir, y lograr de esa manera un aprovechamiento dinerario indebido en perjuicio patrimonial de los denunciantes”.
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