Poco más de un mes después de haber quedado imputado en sede penal, el financista Luis Herrera sigue recibiendo malas noticias en la Justicia. Esta semana, un juez civil y comercial emitió la primera sentencia de remate en su contra, en el caso de un ahorrista que le reclamaba el pago de u$s 370.000, en virtud de un contrato de mutuo firmado en los albores de su crisis.
El fallo lleva la rúbrica de Mauro Bonato, magistrado en suplencia del Juzgado de Primera Instancia de la Decimosexta Nominación. En el texto, al que accedió La Capital, se hace un racconto de los hechos que determinaron "seguir adelante la ejecución (...) hasta tanto la actora se haga íntegro cobro de la suma reclamada con más de un interés que se fija en un 8% anual, por todo concepto".
La causa, promovida por A.P. con el patrocinio legal del estudio Peyrano & Ravena, se inició tras la falta de pago de un contrato de mutuo firmado el 26 de enero de 2021, por el cual Herrera recibió u$s 370.000, monto que se obligó a cancelar con más los intereses pactados mediante un pago único, en efectivo, el 20 de julio de ese año. Para esa fecha, el ex presidente del Rofex ya había exteriorizado su cesación de pagos, por lo que no honró su compromiso.
En los considerandos del fallo, Bonato señala que el título que se reclama "trae aparejada ejecución" y que "la parte ejecutada ha sido citada de remate y no ha opuesto excepción legítima al progreso de la acción", por lo que "deba darse curso favorable a las pretensiones del actor por ser las mismas procedentes en derecho".
Desde la parte denunciante adelantaron que ya se encuentran en diálogo con firmas de Buenos Aires para proceder efectivamente al remate, lo que seguramente ocurrirá durante el primer semestre del año próximo. En paralelo, el mismo estudio jurídico tiene en curso un segundo expediente de similares características, del que se espera sentencia en breve.
Tal como expuso oportunamente este medio, el patrimonio de Herrera se ubicaría entre las grandes fortunas del país. Cuando sus contadores presentaron los trámites para el pago del aporte solidario, el mismo ascendía a poco más de $1.030 millones (a valor fiscal), lo que podía categorizarlo entre las 2.000 familias más ricas del país.
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En aquella declaratoria, Herrera no había puesto de manifiesto varios de los bienes que durante noviembre el fiscal Miguel Moreno le atribuyó haber comprado en el marco de la presunta estafa, delito por el que se encuentra imputado tanto él como otros miembros de su familia.
Durante la audiencia celebrada a principios de noviembre, el integrante del Ministerio Público de la Acusación indicó que en la nómina de bienes bajo sospecha aparecen desde departamentos en Mar del Plata hasta vehículos de alta gama (marca BMW y Audi), así como también acciones de empresas de diversa índole.
Vale decir que desde aquella cita en el Centro de Justicia Penal no hubo mayores novedades en la causa. Lo más resonante fue el cambio de defensa de Herrera, que dejó de ser ejercida por Jorge Ilharescondo (se exteriorizaron motivos de salud pero hay voces que afirman que no le completaron el pago de sus honorarios) y ahora es realizada por Lisandro Martínez Gorostiaga, quien fuera subsecretario de Asuntos Penales durante la gestión de Ricardo Silberstein como ministro de Justicia.
Mientras tanto, las partes esperan por una nueva audiencia ante la Cámara de Apelaciones, donde se espera que el juez José Luis Mascali defina si mantiene o no las medidas cautelares trabadas por Paula Álvarez, la magistrada a cargo de la instancia de imputación. La Fiscalía recibió en el último mes un escrito de una importante empresa de la región, donde deja constancia que hacia finales del 2021 -cuando ya había iniciado su cesación de pagos-, Herrera percibió un pago de $100 millones y u$s 500.000, montos que jamás declaró haber recibido. ¿Será una de las cartas bajo la manga para volver a pedir la prisión preventiva?