La violencia narco en Rosario ya es un problema de antigua data que sigue sin encontrar solución a manos de los diferentes gobiernos que fueron interviniendo sobre este fenómeno. Sin embargo, no es un problema criminal circunscripto solamente en aquella ciudad. Las organizaciones dedicadas a este tipo de actividades están desparramadas a lo largo y ancho de todo el país, y en otras circunscripciones también se han visto escenas dramáticas de sicariato. El gobierno nacional se equivoca si pretende oponer a la violencia narco el recurso de la militarización de la política criminal, utilizando al ejército para tareas vinculadas con la seguridad (actividad que de hecho está prohibida por la Ley de Seguridad Interior), o pretendiendo calificar de terroristas a las organizaciones criminales dedicadas a este tipo de delitos.
La respuesta del Estado debe estar orientada a generar inteligencia criminal, hacer juicios penales contra los cabecillas de las organizaciones y adoptar acciones destinadas a privarlas de sus fuentes de financiamiento, más que respuestas mediáticas o marketineras. También se debe trabajar activamente en la cooperación internacional porque estás organizaciones operan en redes conectadas en los países de América Latina y el Caribe. Vimos hace pocos meses picos de violencia incluso más agudos en Ecuador, al igual que por estos días en Haití.
El narcotráfico es un problema de extrema gravedad para el futuro de las democracias, especialmente porque las organizaciones criminales tienen como objetivo principal paralizar/desplazar o –directamente– reemplazar al Estado, a fin de garantizar que sus negocios mantengan las tasas de rentabilidad que los criminales esperan obtener. Para tal fin las organizaciones criminales operan con grados sofisticados de profesionalidad generando amenazas en al menos seis dimensiones.
En primer lugar, la salud pública, cuya amenaza se ha incrementado significativamente a partir de la introducción del fentanilo, que es un opiáceo sintético (50 veces más potente que la heroína y 100 veces más que la morfina). Se considera que 2 miligramos de esta sustancia son letales para la vida humana. Hemos visto de casos en que algunas organizaciones mezclan esta sustancia con cocaína para distribuirla en el mercado con los “logos” identificatorios de la droga provista por organizaciones, con el solo fin de desestabilizar a la competencia. Los problemas de lesión a la salud pública se mezclan también con el modelo de negocios que cada organización criminal emplea.
En segundo lugar, el narcotráfico tiene una enorme capacidad de control sobre las fronteras y los puestos migratorios terrestres, marítimos y aéreos. Las organizaciones deben mantener un férreo control sobre estas zonas para agilizar la circulación de drogas entre diferentes países y regiones. Hace pocos días un jurado del Distrito Sur de Nueva York declaró culpable por cargos de conspiración, narcotráfico y tráfico de armas al expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, quién durante su gobierno recibía fondos del cartel de Sinaloa a cambio de entregar información sobre radarización de fronteras. El cartel de Sinaloa utilizaba esta información para cruzar droga en avionetas hacia Guatemala, desde donde luego se distribuía en embarcaciones hacia las costas de los Estados Unidos.
Rosario: militarización de la política criminal.
Alfredo Celoria / La Capital
En tercer lugar, las organizaciones de narcocriminalidad amenazan la economía puesto que poseen capacidad de infiltrar fondos de origen ilícito en circuitos económicos lícitos, distorsionando la competencia y favoreciendo el uso de empresas legales como pantalla para lavar dinero y pagar sobornos a funcionarios públicos. La infiltración de la economía por parte de organizaciones mafiosas debe ocupar la atención central en la elaboración de políticas públicas en esta materia. Las organizaciones necesitan construir diferentes mecanismos de inversión para insertar dineros ilícitos y reinvertir en la expansión de sus empresas criminales. De allí que tanto el lavado de dinero como el decomiso no penal sobre bienes y activos de las organizaciones son aspectos claves del trabajo de fiscales y jueces.
Las organizaciones tienen claro este problema y por ello una cuarta amenaza es la debilidad del sistema preventivo en materia de lavado de dinero para detectar a tiempo operaciones sospechosas vinculadas con redes criminales. Existen en la Argentina demoras injustificadas para analizar reportes de operaciones sospechosas y canalizarlos en manos de los fiscales responsables de la acusación. Es imperioso trabajar activamente por reducir al mínimo los tiempos que transcurren desde que se formula un reporte y se eleva al Ministerio Público, en especial teniendo presente la flexibilidad y agilidad que las organizaciones criminales tienen para llevar adelante su cometido
En quinto lugar, el narcotráfico amenaza la independencia judicial y de los fiscales. En algunas ocasiones este tipo de amenaza se configura a partir de hechos de violencia (hace unos años una jueza en Guatemala fue convidada en medio de un juicio oral con un vaso de agua contaminado de cianuro. Era la única jueza del tribunal que no estaba arreglada con los jefes de la organización que estaba siento enjuiciada), mientras que en otros mediante el uso de influencias indebidas o directamente sobornos sobre jueces.
También, las organizaciones poseen capacidad de control sobre las agencias policiales dedicadas a realizar tareas de prevención e investigaciones. Sin ir más lejos en el homicidio de los taxistas rosarinos se pudo identificar que los casquillos de bala percutidos contenían la inscripción “PSF”, lo que hace suponer que procedían de la Policía de la provincia de Santa Fe.
Este complejo cuadro de situación no se resuelve con respuestas al estilo Bukele cuyo modelo se basa en tres líneas de políticas contrarias a los valores fundantes de nuestra democracia: 1) procesar masivamente a todo aquel considerado parte de una organización criminal; 2) hacerlo en base a testigos de referencia, y 3) hacerlo frente a jueces sin rostro. No se requiere de mucho esfuerzo para advertir que una respuesta de este tipo aumentará los niveles de violencia además de acarrear el costo de meter en la misma bolsa a culpables e inocentes.
Reformular una política eficaz contra el narcotráfico requiere de otro conjunto de acciones, de las cuales la primera de ellas es la reorganización de toda la Justicia federal en base al modelo acusatorio (lo que implica que el Ministerio Público Fiscal deja atrás la persecución de casos individuales y pasa a trabajar en base a la persecución estratégica según problemas criminales) y la segunda el establecimiento de un Departamento Federal de Investigaciones dedicado exclusivamente a la investigación criminal
