Por Juan Chiummiento
El gobierno de Santa Fe habilitará un régimen especial para regularizar construcciones no declaradas en inmuebles, con el objetivo de fortalecer la recaudación del impuesto inmobiliario. La iniciativa se lanzará en las próximas semanas, tendrá una duración de seis meses y se enmarca en las atribuciones de la ley tributaria sancionada a finales del año pasado, que otorgó amplias facultades al Ejecutivo para normalizar irregularidades ante el fisco.
El principal beneficio que tendrá el sistema es que los contribuyentes solo abonarán dos años de retroactivo como penalidad, en vez de cinco, como actualmente se da en los casos ordinarios, es decir, cuando de forma voluntaria titulares de inmuebles se presentan ante el Servicio de Catastro e Información Territorial (SCIT) a declarar construcciones realizadas en un período mayor a un lustro.
Los detalles del programa fueron adelantados en algunas reuniones con entidades de profesionales, como la delegación Rosario del Colegio de Escribanos. En diálogo con La Capital, su secretaria, Marisa Reynoso, confirmó que la medida estará vigente desde el 1° de abril. La letra chica se conocerá unos días antes, a través de una resolución del SCIT.
Según pudo saber este medio, las mayores expectativas están centradas en que se presenten personas dueñas de propiedades ubicadas en countries, barrios privados y clubes de campo, ámbitos en los que el Estado tiene mayor dificultad de acceso y en el que abundan ejemplos de irregularidades. Aunque con menor difusión que en otros distritos (como la provincia de Buenos Aires), el Ejecutivo santafesino viene implementando controles en estos sectores, con la ayuda de la tecnología.
La semana pasada, en la previa de la aprobación del Presupuesto 2022, el ministro de Hacienda, Walter Agosto, habló en medios locales sobre el tema y mencionó que la regularización de mejoras no declaradas está en la agenda de su cartera como estrategia para el fortalecimiento de las cuentas públicas, que se da sin retocar el esquema impositivo. Resaltó de hecho que Santa Fe probablemente acumule este año su tercer período consecutivo con descenso en la presión tributaria en términos reales.
El funcionario planteó estas consideraciones a propósito de la imposibilidad de realizar un revalúo fiscal de las propiedades, que depende de otras medidas a nivel nacional. Vale recordar que este aspecto está entre las pautas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI): a raíz del entendimiento recientemente aprobado en el Congreso, el país debería avanzar en la misma línea de lo que estableció el Pacto Fiscal del macrismo, cuando se creó un organismo para avanzar en un revalúo, que finalmente quedó en la nada.
El régimen especial para regularizar mejoras no declaradas en inmuebles tiene como principal objetivo fortalecer la recaudación del Inmobiliario, un impuesto que al igual que en otras provincias viene perdiendo peso en las cuentas públicas. En 2021, lo ingresado por este tributo rondó el 8%, mientras que hace 15 años ese guarismo estaba en el 13%.
Un trabajo del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) mostró que mientras en 1991 la participación del Inmobiliario en la recaudación tributaria total provincial era del 23,4%, ahora rondaba el 7% (en distritos como Salta, Formosa, Catamarca, La Rioja y Chaco era de entre 1% y 2%). Las administraciones actualizan las alícuotas, pero no las valuaciones, que producirían un mayor aumento tanto de la carga tributaria como de la recaudación.
El gobierno de Santa Fe tiene vigente desde hace largo tiempo un mecanismo para actualizar construcciones no declaradas, en las que el contribuyente paga como penalidad las boletas correspondiente a los últimos cinco años, siempre que la irregularidad fuera mayor a ese período. Con el nuevo régimen especial, que en principio estará vigente por seis meses, esa penalidad se reducirá sensiblemente: solo deberá abonar las facturas desde 2020 a la fecha.
La iniciativa se enmarca en lo normado por la ley tributaria sancionada en diciembre, que en su artículo 21 establece un amplio régimen de regularización. En su apartado b) incluye al "Impuesto Inmobiliario Urbano, Suburbano y las mejoras no denunciadas oportunamente". Se indica allí también que no pueden ser beneficiarios aquellos contribuyentes con "proceso penal abierto por delitos tributarios referidos a impuestos provinciales".
A principios de febrero, en tanto, la Administración Provincial de Impuestos (API), publicó la resolución 012 que generó una amplia moratoria por todos los impuestos provinciales, incluyendo el de la Patente Única sobre Vehículos, devengadas hasta el 30 de septiembre de 2021. Su plazo de vigencia es hasta el 31 de mayo de 2022.
Marisa Reynoso, secretaria del Colegio de Escribanos Segunda Circunscripción, destacó las iniciativas de la Provincia, así como también subrayó otros temas que vienen trabajando conjuntamente, como la agilización de trámites en el Registro de la Propiedad.
"Desde el Colegio trabajamos con los distintos organismos estatales a los fines de colaborar en distintos temas que hacen al quehacer profesional", señaló Reynoso, quien manifestó que está semana tendrán reuniones en Funes para facilitar gestiones para el cobro de deudas en varios sectores, entre ellos countries y clubes de campo.
Por Elbio Evangeliste
