El plan de gasificación con el que el gobernador Maximiliano Pullaro pretende que se construyan más de 600 kilómetros de gasoductos reactivó una vieja disputa entre la provincia y Litoral Gas que estaba bajo la alfombra desde hace más de una década.
El gobernador Maximiliano Pullaro avanza con un esquema gasífero y busca que Litoral Gas se involucre. Diferencias de larga data y condicionamientos cruzados.
Por Facundo Borrego
El gobernador Maximiliano Pullaro presentó el plan para construir 610 kilómetros de gasoductos. Esperan que Litoral Gas invierta.
El plan de gasificación con el que el gobernador Maximiliano Pullaro pretende que se construyan más de 600 kilómetros de gasoductos reactivó una vieja disputa entre la provincia y Litoral Gas que estaba bajo la alfombra desde hace más de una década.
Cuando este martes promediaba la presentación en Gobernación de dicho plan, el ministro de Economía, Pablo Olivares, encendió sorpresivamente la chispa. “Esperemos que el sector privado que hasta hoy ha tratado de priorizar su monopolio antes que el bienestar de sus usuarios piense de una vez por todas que cuando se lo concesionó fue para desarrollar, no sólo para hacer negocios”, soltó en clara referencia a la distribuidora de gas.
Luego, completó sin anestesia en el mismo tono de reclamo: “Y vaya si estamos en una localidad que el privado, que no quiero nombrar, todavía tiene mucho que rendir y es bueno que de alguna manera empiece involucrándose en estas cosas”. La alusión a la tragedia producto de la explosión por gas del edificio de Salta 2141 en Rosario es una munición gruesa que no habría que descartar para lo que asoma como una futura batalla.
El trasfondo data de hace más de una década cuando el Frente Progresista transformó un plan de gasoductos en un proyecto ejecutivo, pero Litoral Gas nunca terminó de poner primera. Los exfuncionarios de aquella época que repiten en Unidos son memoriosos y no dejan pasar las desavenencias del tema. Cuentan que la metodología de la distribuidora privada era recurrente y sus promesas resbalosas.
Valiéndose de la exclusividad como concesionaria, y con el gobierno provincial imposibilitado de afrontar semejante inversión, la distribuidora aceptaba realizar el proyecto pero con una fecha de inicio prolongada en el tiempo, que terminaba durmiendo y disipando su ejecución.
Los funcionarios provinciales creían que el proyecto se pateaba intencionalmente por ser una inversión alta sin demasiado retorno por alcanzar a localidades pequeñas. Por eso Olivares marcó con vehemencia que la empresa prioriza su monopolio sin pensar en el desarrollo de la comunidad.
Esta vez, conociendo de antemano las cartas, la provincia avanza primero con el proyecto y deja la puerta abierta a la distribuidora para que se sume con financiamiento. Lo hace mediante un mecanismo de dejar expuesta a la empresa y, de alguna manera, forzar una decisión. En el gobierno afirman que no dependerán de Litoral Gas para ejecutar el proyecto, y lanzan una suerte de ‘lo haremos con o sin vos’.
Ahora bien, es probable un escenario en el que Litoral Gas no se comprometa a invertir, pero pretenda usufructuar igualmente la operatoria, ya que la distribuidora de gas es la concesionaria del servicio. Es ahí cuando asoman las armas del gobierno provincial.
En primer lugar, nada garantiza que si la provincia se hace cargo de la obra -al margen de dónde provenga el financiamiento- decida correrse de la operatoria y entregársela a Litoral Gas. Vale recordar que la provincia cuenta con Enerfe, que es una sociedad anónima con participación mayoritaria del Estado provincial, que puede operar la distribución aunque esa es una opción sin demasiada consistencia en el gobierno.
Lo que sí podría condicionar a que Litoral Gas “empiece a involucrarse en estas cosas”, como dijo Olivares, es la finalización de dos estaciones de gasíferas en el Gasoducto Oeste y el Sur que está en manos del gobierno provincial y que Litoral Gas necesita como refuerzo para inyectar presión al sistema.
Por otro lado, en 2027 se vence la concesión de la distribuidora y es momento en que la empresa deberá presentar su plan de obras. Ese horizonte cercano podría convertirse en una instancia de negociación. Por lo pronto Litoral Gas ya advirtió que invertiría en la expansión de la red si hay una revisión tarifaria. Menuda respuesta que no demuestra una ingeniosa estrategia. La discusión se convertirá en una disputa por condicionar al otro.
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"Era un animal demasiado grande por mucho tiempo. Comerse el elefante es a veces imposible pero hay que empezar a pegarle algunos mordiscones", graficó Olivares para explicar que si esperan a juntar todo el financiamiento para después empezar, no van a arrancar nunca con la obra que tiene un costo total de 350 millones de dólares.
Una aclaración: no hay priorización de parte de organismos de créditos internacionales, fondos u otro tipo de entidades del exterior para financiar los proyectos de gasoductos. Básicamente entienden que todo aquel proyecto que pueda sustentarse con flujo, es decir con un negocio que tenga liquidez como es una distribuidora que cobra una tarifa a usuarios, debería hacerse cargo un privado.
El primer empujón lo dará la provincia con recursos propios que no especificó de dónde sacará, pero que confían en juntar sin inconvenientes. “La plata para los tramos posteriores va a aparecer ya sea por aportes privados, a través de fideicomisos, o emisión”, juran para darle consistencia al concepto de contagio.
Sostienen que cuando en el primer tramo una localidad tenga gas, la ciudad vecina querrá imitarla, el sector privado sobre todo industrias también y se generará toda una sinergia, empujada por la política territorial, no sólo de intendentes sino también de senadores departamentales.
De hecho, la clave es que se proyecta hacer tramos en varios departamentos en simultáneo así generan interés amplio, y si existe una instancia legislativa para avanzar con financiamiento la voluntad de acompañar esté garantizada. Habrá mucho de política en el asunto, más allá de disputa con la distribuidora.
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