La balacera contra el supermercado del suegro de Lionel Messi sacudió a la escena pública y en particular a la dirigencia política, que se debate entre actuar para frenar la ola de violencia o continuar con el acting.

Por Mariano D'Arrigo
La balacera contra el supermercado del suegro de Lionel Messi sacudió a la escena pública y en particular a la dirigencia política, que se debate entre actuar para frenar la ola de violencia o continuar con el acting.
El ataque contra el comercio de Lavalle al 2500 puso a Rosario en el peor de los mapas y dejó en evidencia una vez más que la política tiene la brújula averiada para encontrar un camino de salida.
Demasiado prolijo para el modus operandi más bien rústico de las bandas que operan en la ciudad, el atentado logró su objetivo político: golpeó a las autoridades y puso ante la opinión pública mundial a la ciudad natal del mejor jugador de fútbol del mundo al nivel de Ciudad Juárez o la Medellín de Pablo Escobar.
Todavía no está claro quién —o quiénes— instigaron la movida. En algunos círculos políticos hablan de mano de obra desocupada de las fuerzas de seguridad. En otros apuntan a viejas rencillas de una fuerza federal. En los ámbitos de máxima responsabilidad institucional prácticamente descartan que el hecho tenga un móvil futbolístico —por ejemplo, terminar de enterrar la posibilidad de que Messi venga a jugar a Newell’s— o que esté detrás la mano de algún espacio político.
Lo que sí es seguro es que la balacera expuso las debilidades de un Estado por momentos incapaz, por momentos cómplice, pero siempre precario. “Tenemos malas cámaras, los equipos de escenas del delito no levantan bien las muestras, y muchas veces cuando se habla de zona liberada es que en realidad no saben prevenir ni patrullar. Muchas veces, sobreestimamos las capacidades de un grupo de vagos a los que le dimos armas y un uniforme”, dispara un actor de peso del sistema judicial.
La Junta Provincial de Seguridad mostró una foto saludable, con el gobernador Omar Perotti, el intendente Pablo Javkin, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Daniel Erbetta, el fiscal general de la provincia, Jorge Baclini, y legisladores provinciales, pero llega cuando la gestión ya consumió casi el 80 por ciento de su tiempo y el departamento Rosario viene de sufrir 288 asesinatos en 2022 y lleva 60 crímenes en lo que va del año.
Entre quienes integran la clase política santafesina parece extenderse la idea de que la ola de violencia puede ser rentable políticamente en el corto plazo pero a la larga se los devora a todos y no habrá ciudad gobernable, ni vivible, para nadie.
Sin embargo, la necesidad de diferenciarse en un año electoral y la convicción de que ellos sí podrán domar a la bestia dificultan cualquier tipo de acuerdo alrededor de políticas de Estado. Y que se sostengan en el tiempo, más allá de quien gobierne.
“Hay que mejorar el entrenamiento y el salario de los policías, pero también armar un mecanismo más robusto de control y planificar el patrullaje diario en función del mapa del delito —señala un funcionario de alto rango del Poder Judicial—. También hay que mejorar la inteligencia criminal: si bien no podés cortar las comunicaciones, sí podes saber en función de las visitas quiénes manejan la calle y armar operativos. Igual, el corazón de cualquier estrategia tienen que ser los dispositivos de intervención multiagencial: tenés que entrar con Desarrollo Social, Niñez, agua, cloacas, electricidad. La tasa de homicidios de Rosario es 22 cada 100 mil habitantes: quintuplica la tasa nacional, el tema es que en el centro es la tasa de Estocolmo y en Tablada es la de El Salvador”.
A la espera de esas medidas, y con todos los focos encima, Rosario se convirtió en lugar perfecto para pegarle a los gobiernos peronistas por el desborde de la violencia. Así como antes lo hicieron María Eugenia Vidal y Patricia Bullrich, después de los 14 tiros contra el supermercado de los Roccuzzo desembarcaron en la ciudad Amalia Granata, Diego Santilli, Facundo Manes y Horacio Rodríguez Larreta para, interiorizarse de la situación, mostrarse cercanos a los habitantes y, en el caso de los referentes de Juntos por el Cambio, apoyar al intendente.
En todas estas visitas la frontera entre la empatía y el turismo político es difusa y queda a título de la mirada del espectador. Son postales que no morigeran la violencia que castiga a los rosarinos y rosarinas y que, como experimentó Granata en vivo y en directo cuando la criticaron por aparecer con un chaleco antibalas en 27 de Febrero y Avellaneda, pueden generar el efecto contrario al buscado.
Cada vez más confiados en que les tocará gobernar la provincia a partir de diciembre, los opositores nucleados en el frente de frentes quieren que Claudio Brilloni sea una suerte de ministro de la transición y encuentre en no dejar tierra arrasada una motivación para trabajar en los largos nueve meses que quedan para el traspaso de mando.
“Lifschitz sostuvo a Pullaro todo el mandato, aún cuando hubo momentos durísimos como Rosario Sangra, porque Pullaro tenía un incentivo: quería ser conocido públicamente y estaba jugando su futuro político”, dice un dirigente que participó de la experiencia del Frente Progresista.
Con el poder de fuego que les da contar con 40 de los 69 votos de la Asamblea Legislativa, el frente opositor quiere tallar en la discusión de los nombres para ocupar los principales cargos del Ministerio Público de la Acusación, donde ya se delinean algunos favoritos. “Una vez que Perotti mande el pliego con la terna tendremos una posición sobre qué perfil debería tener el fiscal general. La idea es que votemos todos juntos y para nosotros nadie tiene bolilla negra”, dicen desde el socialismo.
Obligados por las circunstancias, Perotti y Agustín Rossi tuvieron que superar —o al menos poner en suspenso— las profundas diferencias que arrastran desde hace más de dos años. Ambos firmaron un convenio en Casa Rosada con Wado de Pedro, el mejor amigo del gobernador en el gabinete de Alberto Fernández, para que la policía de Santa Fe use un sistema de reconocimiento facial y compre cámaras de vigilancia. “La realidad pone al peronismo espalda con espalda. Perotti tiene la posibilidad de fortalecerse en la adversidad con el aporte de otro, no es tarde”, dicen en el entorno del jefe de Gabinete.
Tanto o más que quienes gobiernan, la camada de dirigentes que orilla los cuarenta años y tiene un horizonte temporal más largo está interesada en que aún si se pierden las elecciones las experiencias del peronismo en el poder no terminen de modo catastrófico.
En esa clave, Alberto Fernández encara el tramo final para convertirse en ex presidente. Tratando de estirar al máximo su último momento en el centro de atención política, Fernández dio este miércoles un largo discurso en el Congreso en el que intentó poner en valor su gestión —más pensando en el legado que en generar alguna expectativa de futuro— y, al mismo tiempo que buscaba diferenciarse de Cristina, abrazó los tópicos predilectos del kirchnerismo que tanto le desconfía.
A diferencia de Macri, Fernández ingresa al momento de definiciones electorales sin núcleo duro, pero al igual que su antecesor encabeza una experiencia de gobierno que falló al mandato de las urnas y que en el último tramo sólo se limita a actuar fortaleza, tratar de disimular las debilidades y aguantar hasta que caiga el telón.