La Municipalidad de Rosario va por su propia constructora

El intendente Pablo Javkin envió al Concejo un proyecto para crear una urbanizadora pública, con el objetivo de ampliar las competencias locales en materia habitacional. La nueva empresa tendrá como única socia a la Municipalidad de Rosario y prevé contar con fondos frescos provenientes de las compensaciones de proyectos inmobilarios especiales.

El texto, ingresado esta semana al Palacio Vasallo, describe que la firma tendrá como objeto "identificar, promover, gestionar y ejecutar proyectos integrales referidos al acceso al suelo, a la vivienda, a obras de infraestructura, servicios públicos, transporte público, espacios verdes y equipamientos públicos en la ciudad de Rosario".

De ser aprobada por los ediles, la empresa tendría amplias facultades en la materia: desde la ejecución de obras hasta la posibilidad de adquirir suelo en barrios populares, pasando incluso por la posibilidad de administrar inmuebles. Incluso se desliza la posibilidad de "promover modalidades alternativas de gestión de soluciones habitacionales como la vivienda pública de alquiler, los complejos de propiedad colectiva y la gestión social del hábitat".

"El Estado Municipal puede y debe adoptar un rol más activo ampliando sus competencias para continuar en el proceso de construcción de ciudad, hábitat y vivienda, de manera que no se limite únicamente a promover la iniciativa privada o recepcionar los programas residenciales impulsados por el gobierno provincial y nacional, y pueda desarrollar políticas de hábitat con mayores facultades", reza el proyecto.

Más allá del largo listado de actividades posibles, parece más razonable pensar que la iniciativa oficial tiene como principal argumento dinamizar las obras en los barrios populares, un tema en el que si bien no faltan buenas intenciones por ahora no tiene canales aceitados. Según relatan fuentes oficiales, en diversas ocasiones han encontrado cuellos de botella a la hora de encontrar constructoras dispuestas a participar de licitaciones que en muchos casos tienen montos menores.

En el marco de un acuerdo general de todos los bloques políticos por dinamizar este tipo de obras, ahora la Intendencia avanza un un paso más, en un campo donde tiene antecedentes probados, como la empresa Sumar (gestión de residuos) o Movi (transporte).

El nuevo ente estará conducido por un presidente, un vicepresidente y un vocal designados por el Departamento Ejecutivo. Asimismo, contará con un Consejo Asesor, conformado por integrantes de las secretarías de Planeamiento, Obras Públicas, Movilidad y del Servicio Público de la Vivienda y el Hábitat. Dentro del texto enviado al Concejo se indica que la sociedad recibirá los bienes que actualmente conforman la reserva del Fondo Municipal de Tierras.

Según los considerandos de la iniciativa, la misma "guarda coherencia" con los marcos normativos actualmente en debate en la Legislatura provincial. Se cita la reciente presentación de un proyecto de ley para crear instrumentos concretos para que municipios y comunas tengan autonomía real y puedan tomar "decisiones para abordar las principales problemáticas en sus territorios".

Fondo especial

El artículo 7 del proyecto describe cuáles serían los orígenes de los recursos de los que se alimentará la urbanizadora. En este sentido se incluye la posibilidad de recibir fondos especiales, entre los que podría estar el Fondo de Compensaciones Urbanísticas para Barrios Populares, un instrumento para el que también está pidiendose autorización al Concejo.

En efecto, junto al proyecto para crear la empresa pública, la Intendencia envió un segundo texto, para aprobar la formalización del mencionado fondo. Este se alimentaría por las donaciones establecidas por la Ordenanza 6492 y más especialmente por las compensaciones económicas obtenidas del mayor aprovechamiento de altura, con destino específico de afectarse a solventar proyectos de urbanización de barrios populares.

Antecedentes

En lo que va del año, el tema de las obras en barrios populares viene generando varias novedades dentro del ámbito del Concejo. En abril, se reunieron allí funcionarios de los tres niveles estatales para hacer un seguimiento de las iniciativas, tal como fue contado en este medio.

En mayo, La Capital dio cuenta de la existencia de planes para 16 barrios de la ciudad, que tendrían como beneficiarias a 18.000 familias. Ello ocurrió días después que el gobernador Omar Perotti y el intendente Pablo Javkin impusieran el tema en reuniones con el gobierno nacional.

Por último, en una sesión celebrada en agosto, los ediles aprobaron por amplia mayoría la posibilidad de ejecutar obras en barrios populares sin licitación. Esa ordenanza autorizó al municipio, por un plazo de 12 meses, a contratar mediante un proceso abreviado, "aquellos bienes y servicios que demande la ejecución de obras de equipamiento (...) en barrios populares en los que intervenga el fideicomiso de administración y financiero Fondo de Integración Socio Urbana (FISU)".