Obras en barrios populares se podrán realizar sin licitación

Además de la aprobación de la agencia antilavado, el Concejo de Rosario trató este jueves otro proyecto con importantes efectos prácticos, que ya está generando polémica. Se trata de la posibilidad de ejecutar obras en barrios populares sin llamado a licitación pública, un tema siempre espinoso que en Rosario será una realidad merced a la votación por mayoría especial de los ediles.

En efecto, el proyecto -que venía siendo empujado por varios bloques desde la comisión de Planeamiento- solo contó con la negativa de Carlos Cardozo, Anita Martínez, Alejandro Rosselló, Martín Rosúa y Daniela León, todos representantes de Juntos por el Cambio (JxC). "Si bien podemos confiar en una administración en particular puede ser una herramienta que en las manos equivocadas generen situaciones de corrupción como lo han sido las tremendas experiencias de Sueños Compartidos, los Schoklender y las Madres de Plaza de Mayo, las construcciones de Milagro Sala en Jujuy", indicaron en un comunicado.

La ordenanza en cuestión autoriza al municipio, por un plazo de 12 meses, a contratar mediante un proceso abreviado, "aquellos bienes y servicios que demande la ejecución de obras de equipamiento (...) en barrios populares en los que intervenga el fideicomiso de administración y financiero Fondo de Integración Socio Urbana (FISU)".

El FISU recibe parte de lo recaudado por el impuesto PAIS y por el gravamen a las grandes fortunas. En Rosario hay por ahora ocho proyectos aprobados oficialmente -por un monto cercano a los 500 millones de pesos-, pero según dejaron trascender fuentes municipales a los concejales, existen otros en proceso de gestión que elevarían el presupuesto por arriba de los 1.000 millones de pesos.

Aunque en el comunicado oficial utilizaron términos más protocolares, desde JxC deslizaron que lo aprobado ayer "es un cheque en blanco y un peligro absoluto con las experiencias que ya tenemos".

Consultado por este medio, el concejal de Ciudad Futura Juan Monteverde defendió la sanción del texto legal, entendiendo que se está ante un contexto de emergencia, que requiere “mecanismos excepcionales”, que “no son para siempre”.

“Los procesos que abarca la ordenanza deben ser sumamente transparentes. Hay que aclarar igualmente que la norma no es un cheque en blanco para la Municipalidad, sino que se limita a aquellas obras que se ejecuten con fondos del FISU, que ya de por sí tienen un montón de controles y requieren un rendimiento exhaustivo ante Nación”, indicó el edil.

En el mismo sentido se expresó el concejal del oficialismo Fabrizio Fiatti, quien remarcó que las obras están sometidas a diversos controles, inclusive de las universidades nacionales. "No hablamos de obras en general sino de las específicas en los barrios populares, que tienen una urgencia especial", agregó.

Corolario

La aprobación de la ordenanza es un paso más en las gestiones que vienen llevando adelante los gobiernos nacional, provincial y local para acelerar los proyectos de urbanización en barrios populares. En abril, el Concejo reunió a funcionarios de los tres niveles estatales para hacer un seguimiento de las iniciativas, tal como fue contado en este medio.

En mayo, La Capital dio cuenta de la existencia de planes para 16 barrios de la ciudad, que tendrían como beneficiarias a 18.000 familias. Ello ocurrió días después que el gobernador Omar Perotti y el intendente Pablo Javkin impusieran el tema en reuniones con el gobierno nacional.

Así las cosas, se llegó a la sesión de ayer con un quórum suficiente para aprobar por mayoría especial una normativa que permite flexibilizar las reglas de juego, en función de una situación a todas luces apremiante.

Habrá que esperar la evolución de las obras y los controles pertinentes para indagar sobre cómo se utilizó el dinero y la ejecución de los trabajos. En su último artículo, la ordenanza aprobada ayer indica que distintas reparticiones municipales deberán elevar cada seis meses un informe al Concejo sobre las medidas implementadas.