La recesión achica la torta y afila los cuchillos de la puja distributiva. Los vientos ideológicos, a favor de quienes están en el poder y en contra de los gremios. Con el paro de la CGT el libertario vuelve a su zona de confort narrativa pero vuelven las dudas sobre la gobernabilidad
Por Mariano D'Arrigo
Gobiernos versus sindicatos. Una vieja pelea con nuevos protagonistas. Y que transcurre en un momento donde se están redefiniendo las reglas. La recesión achica la torta y afila los cuchillos de la puja distributiva. Pero también cambian los vientos ideológicos, que soplan en favor de las gestiones que transitan el picado mar del ajuste y en contra de los gremios.
Convencido de que tiene espalda para entrar en el golpe por golpe con los sindicatos, Pullaro retrucó al paro de estatales y docentes con el descuento del día para aquellos empleados públicos que no hayan concurrido el miércoles a su lugar de trabajo. Una decisión que implica llevar el conflicto a una zona donde nadie sale igual que como entró: o se fortalece o se debilita. Y no sólo en el corto plazo.
Sus más allegados vieron al gobernador “exultante” con el resultado. “No fue sin costos, pero fue un avance”, señalan desde el entorno de Pullaro.
Por eso el ministro de Educación, José Goity, exhibió como un trofeo el dato de que hasta este viernes al mediodía 41% de los docentes y asistentes escolares habían firmado la declaración jurada de asistencia en la jornada de paro.
“El gobierno no puede estar todo el tiempo con la espada de Damocles sobre la cabeza. Tenemos el doble de paros que otras provincias con ofertas iguales o mejores”, dicen desde la Casa Gris, que tomó la huelga de febrero en el Registro de la Propiedad como un caso testigo.
“Les descontamos cinco días y esta vez fue a trabajar el 90% de los empleados. Saben que no se lo devolvemos”, subraya una persona que se sienta en la mesa chica del Pullaro.
El gobierno quiere aprovechar a su favor el clima de época donde lo estatal genera urticaria en amplias franjas de la población. Con empleo en blanco y estable, vacaciones pagas y un amplio régimen de licencias y derechos, los trabajadores estatales son mirados de reojo en un marco donde uno de cada tres trabajadores de la provincia vive en el incierto y amenazante reino de la precarización.
En este contexto hostil para la organización gremial, la gestión Pullaro usa el programa Asistencia Perfecta —que, estiman desde el gobierno puede marcar una diferencia salarial de 290 mil pesos entre un trabajador que lo cobra y otro que no— para meter una cuña entre las bases y las conducciones.
En la sala de situación del gobierno, esta puja con los gremios es un frente de un conflicto mayor por la recomposición de la autoridad estatal frente a grupos que se aferran a privilegios corporativos (o, en el caso de las organizaciones criminales, que se mueven al margen de la ley) y que atentan contra el interés general.
Aunque el choque frontal contra los sindicatos pueda generar algún ruido en el ala progresista de Unidos para Cambiar Santa Fe, en la coalición oficialista respaldan la posición de Pullaro frente a una medida de fuerza que, entienden, traspasó los límites de la reivindicación gremial y tiene demasiados ingredientes políticos, como el debate por el presentismo, la situación de Iapos y el inminente debate sobre cómo se tapa el agujero creciente de la caja de jubilaciones de Santa Fe.
Envalentonados por la marcha del conflicto, en la primera plana de la gestión de Unidos van un paso más allá y quieren poner en discusión la transparencia y la validez del proceso de toma de decisiones de Amsafé.
El esquema asambleario del gremio docente, advierten en la dirigencia política, incentiva la radicalización de las posiciones y arrastra a los otros sindicatos. Incluso a los que tienen un esquema más centralizado y una posición históricamente más conciliadora, como UPCN.
Pese a que consideran que tienen herramientas para responder a la ofensiva del gobierno, en el mundo sindical reconocen que van a contracorriente. “Algo tendrán que mejorar la oferta para destrabar, pero estamos en una situación difícil. Esto puede hacer que el conflicto se estire”, admite un protagonista del conflicto.
La escalada de la tensión es justamente el escenario que pretende evitar la CGT después del segundo paro general contra el gobierno de Javier Milei.
Más cómodos con la tradición vandorista de golpear para después negociar que con la movilización permanente y la intransigencia de la izquierda, a los jerarcas sindicales no les resulta gratuito romper el vidrio y apelar a su último recurso frente a un gobierno que despliega un ajuste inédito pero que lleva apenas cinco meses, conserva un apoyo social que se mueve en la franja del 50% y que se apoya sobre parte de la base histórica del peronismo y, por añadidura, de la CGT.
Es un escenario diferente al de la movilización universitaria. Esa marcha policlasista, federal, que juntó a miles de personas de diferentes generaciones e ideologías políticas (incluso a votantes de Milei) en defensa de una de las pocas escaleras universalmente valoradas de ascenso social. La protesta en defensa de la educación pública puso al gobierno a la defensiva, lo obligó a reconocer la legitimidad del reclamo y lo forzó a abrir un canal de negociación (palabra prohibida si las hay en el diccionario Milei) con los rectores.
En este caso, la movida de la CGT no deja vencedores ni vencidos definitivos. El paro fue más contundente que la huelga prematura del 24 de enero, pero también salieron a trabajar personas que sobreviven día a día o que no se sienten expresadas por las centrales obreras.
Cómodo con rivales que encarnan al statu quo, el gobierno maniobró en su zona de confort comunicacional. Pudo salir a plantear que sufre el boicot de la casta sindical que defiende privilegios y cajas personales, mientras los gremialistas se pararon como los principales adversarios de una administración que genera una tormenta perfecta que arrasa con salarios, empleos y empresas.
Aún con problemas de legitimidad —está en la parte inferior de todos los ránkings de imagen positiva— y de representatividad por los cambios en el mundo del trabajo, donde el mercado hizo una reforma laboral de facto, la CGT envió un mensaje a varias bandas.
Al gobierno, que conserva poder de fuego y capacidad de presión, e incluso de veto. A la interna de un peronismo acéfalo y donde todas las corrientes políticas están en crisis. A su base, disputada en muchos sindicatos con agrupaciones trotskistas que machacan con la pasividad de la CGT durante el gobierno del Frente de Todos. Y al Senado, donde se decide el futuro de la ley Bases, que puede dejar marcas profundas, y en algunos casos irreversibles, en la sociedad argentina.
Después de haber aprendido la lección en Diputados, el gobierno recayó en el vicio del voluntarismo y confió en que alcanzaría con la media sanción y la inercia de la cada vez más lejana legitimidad de origen para convertir en ley un proyecto que afecta un amplio abanico de intereses.
La mayor temperatura en la calle y el empantanamiento de los libertarios en el Congreso enciende alertas sobre la solidez del esquema de gobernabilidad de Milei. Más cuando el desplome de la construcción (41%) y la industria (21%) sepulta las esperanzas de una recuperación económica en V y anticipa un crudo invierno por delante.
Gobernadores y funcionarios provinciales que gastan crédito en sus teléfonos y nafta para tratar de destrabar gestiones ven al ala política de la gestión libertaria preocupada por la curva financiera en la que están entrando. “No sabemos en qué estará pensando Milei, pero los tipos necesitan sustancia política para sostener el gobierno. Es muy difícil salir de esta chatura económica si no mejora lo productivo”, advierte un alto funcionario santafesino.
Después de jugar fuerte contra la suba de las retenciones y la desregulación de los biocombustibles y presentarle al oficialismo una propuesta alternativa para gravar a los sectores más ricos en lugar de restablecer Ganancias, Pullaro le dice a los suyos que no hay margen para seguir metiendo mano en el paquete fiscal: “Nosotros creemos en el campo, la industria y los microemprendedores, pero ganó un gobierno que cree en el capital financiero y el extractivismo”.
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Setenta días después de lanzar en el Congreso la sorpresiva jugada del Pacto de Mayo, a dos semanas de ese evento con pretensiones refundacionales el gobierno no terminó de abrochar una mayoría reformista ni el contenido del acuerdo, y con la ley Bases cerca de un nuevo desguace Milei está al borde de una derrota política autoinfligida.
Parados en el centro del ring, Milei y Pullaro aún no tienen oponentes de su categoría. Frente a ellos, un entramado sindical con probada capacidad para defender sus intereses pero que no puede reemplazar a la todavía desarticulada dirigencia opositora.
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