En medio de la renovada polémica por las quemas en las islas, el gobierno de Entre Ríos definió un cambio en el manejo de sus tierras fiscales. Lo hizo a través de un decreto de reciente publicación, en el que admite que en dichos inmuebles "se han producido hechos ilícitos como son los incendios". La novedad se conoce pocas semanas después que La Capital revelara que el Estado provincial figura como titular de 76 establecimientos agropecuarios en el delta, dentro de las cuales se encuentran registradas más de 500 unidades productivas vinculadas a la ganadería.
En concreto, el gobernador Gustavo Bordet resolvió trasladar el manejo de las tierras fiscales desde el Ministerio de Producción a la Secretaría de Ambiente. Según indicó el responsable del área, Leonardo Caluva, el cambio tiene por objetivo "regularizar la situación de los terrenos públicos", con el objetivo de que todas las actividades que allí se realicen "sean ambientalmente sustentables".
El funcionario indicó que la modificación venía trabajándose desde hace un largo tiempo, "porque no había una normativa que reglamente los permisos de uso". Semanas atrás, Caluva había admitido que "si hay productores (en las tierras fiscales), son intrusos". En base a información del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentario, este medio había dado cuenta de la existencia de 13.395 cabezas de ganado en los establecimientos propiedad del gobierno entrerriano.
El decreto 3005/22 -publicado el pasado 9 de septiembre- admite lo dicho por el funcionario. En los considerandos, indica que "algunos de esos inmuebles han sido intrusados por particulares, y se han producido otros hechos ilícitos como son los incendios, lo cual implica una situación que el Estado debe hacer cesar y/o impedir que se produzca en el futuro".
En esa línea, la norma legal asevera que "las tierras públicas se presentan como el escenario propicio para la implementación de políticas ambientales que permitan el desarrollo de actividades productivas que satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras".
"El cambio de órbita conlleva un cambio de paradigma en cuanto a la perspectiva ambiental que debe tenerse sobre los bienes del Estado", afirma el decreto, que fue refrendado por los ministros de Economía y Gobierno, Hugo Ballay y Rosario Romero, respectivamente.
Ganadería, pero con condiciones
El director de Tierras Fiscales dijo que a partir del proceso de regularización todas las actividades que se realicen en las tierras públicas de la isla deben ser "ambientalmente sustentables". Ello implica que los potenciales titulares de permisos deberán presentar un proyecto, que será evaluado por un comité técnico interdisciplinar.
"Antes no se pedía ningún tipo de proyecto", indicó, para luego admitir que las tareas de prevención "no funcionaron".
Respecto a la posibilidad que se siga realizando ganadería en las tierras fiscales, el funcionario dijo que podría ser una actividad admitida, pero siempre que sea "ambientalmente sustentable, esto es, ganadería extensiva con pasturas naturales, nada de terraplenes ni sembrado de pasturas".
