El gobierno de la provincia de Entre Ríos no arrienda terrenos ni autoriza la actividad ganadera en los lotes fiscales de las islas. "Si hay productores, son intrusos", señaló con énfasis el director de Tierras Fiscales entrerriano, Leonardo Caluva.
Por Carina Bazzoni
Foto: La Capital / Archivo.
Productores ganaderos niegan enfáticamente que promuevan la quema de pastizales.
El gobierno de la provincia de Entre Ríos no arrienda terrenos ni autoriza la actividad ganadera en los lotes fiscales de las islas. "Si hay productores, son intrusos", señaló con énfasis el director de Tierras Fiscales entrerriano, Leonardo Caluva.
La semana pasada, el funcionario requirió al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) información sobre los registros de unidades productivas que existen actualmente en el territorio isleño propiedad de la provincia de Entre Ríos con el objetivo de determinar quiénes son las personas o sociedades que están explotando terrenos que son propiedad de la provincia.
"Nosotros no arrendamos tierras, por eso estamos pidiendo acceder a la información que tiene el Senasa para conocer el nombre y apellido de los ocupantes de los terrenos para poder iniciar acciones, porque actualmente son intrusos", explicó el funcionario a cargo del área encargada de administrar las tierras de dominio público.
De acuerdo a información del organismo nacional a la que accedió La Capital, actualmente hay registrados 76 establecimientos agropecuarios en terrenos fiscales del delta. Según la documentación del Senasa, en estos predios se anotaron más de 500 unidades productivas vinculadas a la ganadería.
Concretamente, Entre Ríos aparece como titular de los terrenos, que suman una superficie de 83.925 hectáreas, donde se informa la presencia de 13.395 bovinos.
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Los datos sobre la cantidad de ganado que existe en el delta del Paraná volvieron a tomar estado público la semana pasada; inflamada por el crecimiento de los incendios en los humedales que se volvieron incontrolables, convirtieron miles de hectáreas del delta en tierra arrasada e impregnaron de humo el aire de Rosario, entre otras ciudades.
De acuerdo a los datos publicados este lunes por el Museo de Ciencias Naturales Antonio Scasso, que hace un seguimiento de los focos de calor detectados en el delta medio, en lo que va del año se detectaron 13.943 puntos de fuego, casi la misma cantidad de todo el año pasado. En los últimos siete días se contaron 4.620 focos, nada menos que el triple que la semana anterior.
En los últimos quince años, las islas del delta del Paraná se convirtieron en un escenario de disputa de múltiples intereses. La expansión de la frontera agrícola y la construcción de la conexión vial Rosario-Victoria pusieron a los humedales en la mira de diversas iniciativas económicas: engorde de ganado, desarrollos inmobiliarios, boliches e incendios de pastizales cada vez más frecuentes.
Todo eso en un territorio vastísimo, de unos 17,5 kilómetros cuadrados, de acuerdo al área definida por el plan integral estratégico para la conservación y el aprovechamiento sostenible de la región delta del Paraná (Piecas), en jurisdicción de tres provincias: Entre Ríos, Buenos Aires y Santa Fe.
Parte de esta superficie, unas 185 mil hectáreas, son propiedad del Estado entrerriano. El director de Tierras Fiscales aclaró que la provincia no tiene emprendimientos agropecuarios en la zona de islas, ni tampoco se han otorgado permisos en los últimos años para desarrollar la actividad.
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"Pedimos al Senasa la información sobre las unidades productivas que tiene registradas en lotes fiscales porque desde la provincia no se han dado autorizaciones para hacer ganadería en islas", indicó el funcionario y consideró que "esas 500 unidades productivas (que incluye en su base de datos el organismo nacional) no deben estar todas vigentes".
Caluva explicó que después de 2008, otro año de feroces incendios en el delta, la provincia decidió modificar su política de arrendamiento de terrenos fiscales. En el 2010 dio de baja todos los contratos vigentes y sólo mantuvo el otorgamiento de "permisos de uso", renovables todos los años, a pequeños y medianos productores que ya habían arrendado lotes.
La medida se implementó en forma transitoria hasta la aprobación de una nueva ley y para superar el vacío normativo creado en ese momento. Sin embargo, el mecanismo se extendió hasta 2015. "Desde entonces, dejamos de otorgar más autorizaciones. Hemos tenido pedidos, pero no prosperaron", apuntó el funcionario y subrayó que quienes explotan ganado en tierras fiscales lo hacen en forma ilegal.
"Entre 2020 y 2021 trabajamos con el Senasa actualizando los registros y procedimos a desactivar los permisos de quienes estaban ocupando terrenos. Pero solo pudimos avanzar en los casos que no tenían ganado, porque íbamos a generar un problema mayor: que los animales se quedaran fuera del sistema", confió.
Ahora, la repartición conducida por Caluva volvió a pedir información al organismo nacional con la idea de "estar atentos y ni bien esos permisos queden en cero, bloquearlos. Nosotros no podemos impedir el ingreso de hacienda a la isla, pero sí otorgar permisos para ganadería en tierras fiscales y desde 2015 no se entregan permisos", indicó.
La falta de autorización de la provincia deja a los ganaderos en situación irregular. "Quienes tienen vacas en tierras fiscales están en situación ilegal, son intrusos", remarcó el funcionario y aseguró que "no tenemos herramientas para la fiscalización en territorio, es una tarea que se hace a través de la policía, pero con dos años de sequía hay lugares donde no hemos podido acceder".
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