En tres meses, la flamante agencia contra el lavado en Rosario ya intervino en más de 200 pedidos de habilitación de negocios y emprendimientos en la ciudad. El rubro gastronómico lidera el ránking de trámites sometidos a la nueva norma seguido por las obras de la construcción. Los análisis locales para evitar el ingreso al circuito legal de fondos provenientes del narcotráfico y otras actividades ilícitas dispararon algunas alertas, que por ahora se estudian como casos sospechosos. Y eventualmente se remitirán para su abordaje ante la Unidad de Información Financiera (UIF).
El 11 de agosto de 2022 el Concejo aprobó la ordenanza 10.370, que creó el “sistema de control económico financiero para la prevención del lavado de activos de origen delictivo”. Una norma local para aportar contra la lucha del narcotráfico y las economías delictivas.
Desde esa fecha la Intendencia trabajó en la capacitación del personal del área de habilitaciones y de distintas reparticiones en las nuevas incumbencias con complejidades contables y jurídicas.
En noviembre, el Ejecutivo puso en marcha la agencia contra el lavado de activos. Y en los primeros tres meses de funcionamiento se sometieron al nuevo marco legal unos 204 trámites.
Según el listado oficial al que accedió La Capital, el ránking lo encabeza el rubro restaurantes y bares con 86 expedientes presentados. Les siguen solicitudes vinculadas a trámites de edificación o urbanísticos con 31 presentaciones formuladas.
Luego aparecen las playas de estacionamiento y cocheras con 28 planteos, los emprendimientos vinculados a la nocturnidad y los espectáculos públicos (23). Y hubo también tres casos de adquisición y transferencia de más de dos chapas de taxis bajo análisis.
Desde la Intendencia aclararon que esos 200 trámites que fueron abordados con el protocolo anti lavado no implican que estén todos sospechados de maniobras de lavado.
“La norma exige para determinados rubros la presentación de documentación adicional a la que se presentaba con anterioridad para evitar maniobras de lavado. El movimiento económico que hubo en estos meses implicó que unos 200 trámites fueron alcanzados por el nuevo marco regulatorio”, agregaron.
En el municipio fueron más allá y apuntaron que la nómina de rubros “no busca en absoluto una estigmatización de esas actividades, que son todas lícitas”. Sólo que fueron incluidas por el Concejo en base al mensaje del Ejecutivo de actividades a fiscalizar con nuevas herramientas.
Es más, en los pasillos del Palacio de los Leones creen que al ser tan exigente la norma aprobada por el Concejo y su propio proceso de implementación, su sola vigencia hará desistir a muchas bandas delictivas de querer introducir en el circuito legal dinero ilícito.
De todas formas, según pudo saber este diario, de esos 200 trámites surgieron algunos casos puntuales con inconsistencias que dispararon las primeras alertas como sospechosos. Esos expedientes, eventualmente pueden llegar a ser elevados ante la UIF para que aplique su propio protocolo anti lavado con competencias federales para atacar las maniobras de lavado de actividades criminales.
Del mismo modo, se contempla enviar información al Ministerio Público de la Acusación (MPA) para que los fiscales también manejen datos clave y colaboren con la Intendencia para evitar el lavado de activos provenientes de delitos de competencia provincial, como extorsiones y homicidios.
La norma aprobada por el Concejo puso bajo la lupa la habilitación, transferencias, cambio y anexo de rubro para: la venta y alquiler de vehículos, motos y embarcaciones; armerías, casas de juegos, apuestas o casinos; rubros de nocturnidad; y hoteles, hostels y alojamientos transitorios para turistas.
También alcanzó a playas de estacionamiento y cocheras; guarderías náuticas; restaurantes y bares; organismos financieros; agencias de viajes y turismo; concesiones públicas de obras y servicios; construcciones o ampliaciones de más de mil metros cuadrados; convenios urbanísticos; y adquisición o transferencia de más de dos licencias de taxis o remises.
La ordenanza creó además un protocolo de actuación para la detección y prevención de operaciones sospechosas de lavado. El sistema dispara una alerta a toda situación en donde se adviertan indicios de una posible disimulación del origen de activos; de una situación fiscal o patrimonial distinta a la real; o de una exteriorización inusual de activos, inconsistente con el perfil patrimonial del interesado.
También se consideran sospechosas aquellas operaciones en las que se manifiesten dudas respecto de la autenticidad, veracidad o coherencia de la documentación presentada.
La delegación local de la Unidad de Información Financiera
La decisión del gobierno nacional de habilitar una delegación local de la Unidad de Información Financiera (UIF) en Rosario fue muy bien recibida por las autoridades municipales. Y en especial por los funcionarios que desde fines del año pasado trabajan en la aplicación de los protocolos anti lavado en la ciudad.
“Muchas veces los expedientes potencialmente conflictivos deben resolverse de manera presencial más allá de que esté todo digitalizado”, explicaron a La Capital.
En ese sentido, apuntaron que “la temática es compleja, tiene sus particularidades y competencias. Pero es clave que haya colaboración entre distintos niveles del Estado y cuando sea necesario aclarar dudas cara a cara sin tener que viajar a Buenos Aires”.
La oficina local de la UIF se concretará en breve y suena como posible ubicación física parte de las dependencias del Ente Administrador del Puerto Rosario (Enapro). Esta posibilidad quedó habilitada la última semana de febrero cuando el presidente Alberto Fernández firmó el decreto N 85 que permite la descentralización de esta dependencia hacia el interior.
“En los últimos años, se ha incrementado la cantidad de reportes de operaciones sospechosas con operaciones realizadas en la ciudad de Rosario”, dice la letra publicada en el Boletín Oficial, y precisa además que “se erige como una localidad de vital importancia por su actual lucha frente a la criminalidad organizada en general y a los delitos relacionados con el tráfico y comercialización ilícita de estupefacientes”.
